Hubo un tiempo, hace apenas un año, en el que el Partido Popular dio por prácticamente terminado el programa electoral con el que iba a batir a Pedro Sánchez en las elecciones generales. Su líder de entonces, Pablo Casado, movilizó a todo el partido durante meses para preparar propuestas, escuchar a la sociedad y abrir la organización a ideas nuevas en un largo proceso que culminó en un mitin multitudinario en la plaza de toros de València, un escenario que los conservadores siempre han considerado un talismán.
De aquella cita salió Casado proclamando que el PP estaba preparado. “Los españoles pueden confiar en nosotros. Sabemos dónde vamos. Tenemos un plan para España. Estaremos a la altura de los tiempos y no defraudaremos a nadie”, decía. Él y su equipo aseguraban haber avanzado tanto en el programa electoral que hasta habían puesto por escrito, artículo por artículo, las primeras leyes que iban a llevar al Consejo de Ministros.
Un año después, el PP está de nuevo en la casilla de salida. Casado ya no está, expulsado de la dirección por sus compañeros en el transcurso de una revuelta interna aprovechada por Alberto Núñez Feijóo para hacerse con las riendas del partido. Enterrado el programa de la plaza de toros de València y como si de un déjà vu se tratase, Feijóo y su equipo se disponen a iniciar el enésimo proceso de apertura a la sociedad concebido para debatir propuestas que incorporar al programa electoral de las elecciones generales.
La dirección de Génova no ha explicado cuántos actos celebrará, sobre qué temas o en qué localidades, dejando así abierta la puerta a ir adaptando el guion a las exigencias de la actualidad. Lo que sí se sabe es que empezarán por uno de lo asuntos preferidos por la extrema derecha: la okupación de viviendas.
Ya han convocado un acto en Barcelona, el próximo viernes, al que acudirá el propio Feijóo y en el que quieren dar voz a personas que han sufrido la ocupación de su vivienda. Siguiendo este formato el PP se propone abordar lo que considera “los principales problemas de los españoles”, a pesar de que el que han elegido para empezar está lejos de formar parte de esa categoría: según el último CIS, publicado este lunes, apenas el 0,4% de los españoles está preocupados por “la ocupación de viviendas”. Los encuestados sitúan este asunto en la posición 36º de sus preocupaciones en estos momentos.
La okupación, sin embargo, sí es uno de los asuntos centrales del discurso de la extrema derecha, la política y la mediática. Las dos llevan años exagerando su gravedad. Vox denuncia con frecuencia la indefensión que, según ellos, sufren los españoles y el PP no quiere ser menos: se trata de “un grave problema” que sufren “miles de familias que se encuentran en una situación de total desamparo”, subrayó este lunes Elías Bendodo, el número tres de Feijóo en el organigrama del partido.
“Efecto llamada”
Un problema, añadió, particularmente grave en Cataluña y en Barcelona por culpa del “efecto llamada” provocado al limón por la Generalitat y el ayuntamiento. “Prácticamente la mitad de las ocupaciones de vivienda de forma ilegal que se producen en España se producen en Cataluña. Cada día se ocupan ilegalmente 21 viviendas en Cataluña y esto evidentemente no se puede consentir”, remarcó.
El PP quiere así marcar perfil en Cataluña con un asunto en el que Vox se ha hecho fuerte y que, de paso, les permite evitar el debate identitario y lingüístico, del que Feijóo, a diferencia de sus antecesores, pretende distanciarse.
El delito, la ocupación ilegal de viviendas, en realidad es residual en España y apenas tiene presencia en los juzgados. Los datos del Ministerio del Interior revelan un incremento en la última década —los casos han pasado de 10.619 en el año 2010 a 17.274 a lo largo de 2021— pero también un reciente cambio de tendencia: entre los meses de enero y abril de 2021 y el mismo periodo de 2022, los hechos conocidos se han reducido un 4,38%. Concretamente, han pasado de 6.203 el año pasado a 5.931 el actual. Las asociaciones judiciales, de todas las tendencias, confirman además que en España no existe impunidad en materia de ocupación.
A pesar de ello, el PP asegura que “el Gobierno debería lanzar un mensaje de seguridad jurídica al conjunto de los españoles, porque parece que ahora si te ocupan tu casa no se puede hacer nada” y el Ejecutivo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona “miran hacia otro lado”.
Los actos con empresarios dominan la agenda de Feijóo
El PP se apunta así al altavoz mediático que amplifica este problema y que sigue habitualmente el mismo patrón: el propietario de un piso recurre a los medios de comunicación, habitualmente la pequeña pantalla, para denunciar que los okupas han tomado su casa. Y que la justicia es lenta, o no responde. O peor todavía: está de parte de los delincuentes. Ocurre de manera más o menos cíclica durante los meses estivales y todavía con más intensidad en contextos de crisis económica. Los presentadores y contertulios de los programas que deciden dar pábulo a lo que consideran una injusticia, asienten indignados y lanzan una advertencia: cualquiera es susceptible de sufrir la amenaza de la okupación.
En esa línea, los de Feijóo, anunció Bendodo, se disponen a dar voz a propietarios de viviendas que sufren el problema y debatirán cambios normativos“ para que el desalojo de los okupas sea lo más rápido posible”. “El objetivo con estas convenciones es doble: en primer lugar acceder de primera mano a las preocupaciones de los españoles y seguir transformándolas en ‘políticas de sentido común’ y, en segundo lugar, que el PP potencie la voz de la sociedad civil”, de ahí la decisión de convocar a “personas afectadas, protagonistas de esta realidad, jóvenes ciudadanos afectados por la ocupación que evidentemente van a plantear sus experiencias”.
“Lo que queremos ser es altavoz de la sociedad” y partir de sus propuestas redactar “el futuro programa de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para las próximas elecciones generales. Vamos a construir nuestras propuestas de abajo a arriba”, remarcó Bendodo. “Van a ser los españoles con los temas de actualidad los que van a hacer las propuestas de gobierno”.
Hubo un tiempo, hace apenas un año, en el que el Partido Popular dio por prácticamente terminado el programa electoral con el que iba a batir a Pedro Sánchez en las elecciones generales. Su líder de entonces, Pablo Casado, movilizó a todo el partido durante meses para preparar propuestas, escuchar a la sociedad y abrir la organización a ideas nuevas en un largo proceso que culminó en un mitin multitudinario en la plaza de toros de València, un escenario que los conservadores siempre han considerado un talismán.