La evidencia no es suficiente. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se resiste a admitir que mintió sobre la revalorización de las pensiones llevada a cabo por su partido cuando tenía en sus manos el Gobierno de España. Hace semanas que sostiene esta tesis, pero ahora, después de que una periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo le hiciera ver que no era verdad, solo admite una “inexactitud”.
"Yo no mentí ni miento", se atrevió a decir en otra entrevista, esta vez en la mucho más amigable Antena 3. "Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira sino que es fruto de la inexactitud".
Feijóo, que lleva meses difundiendo datos falsos, tergiversando estadísticas y retorciendo la realidad para alimentar el globo del sanchismo con el que confía ganar el domingo las elecciones generales, se animó incluso a lamentar que en nuestro país estemos "viviendo una época de mentiras" tan grande que parece que "ya nos acostumbramos a ella". "No me gusta que en la política española se instale la mentira", aseguró.
Una rectificación a medias que, a renglón seguido, dio paso a una nueva mentira, también sobre las pensiones. El acuerdo que en esta materia el Gobierno ha pactado con Bruselas y que el pasado mes de marzo recibió el apoyo del Congreso de los Diputados no garantiza, según él, la sostenibilidad del sistema. Es más: según Feijóo, prevé bajar las pensiones a partir de 2025.
"A todo el mundo le preocupan las pensiones. A mí también, porque mi madre es pensionista, y porque además todos queremos ser pensionistas alguna vez", aseguró Feijóo pasando por alto que, según su declaración de bienes, es titular de un plan privado de pensiones por valor de 190.547 euros.
El líder del PP evitó comprometerse a mantener la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC si llega a la Moncloa con la excusa de que primero quiere conocer directamente cuál es la situación de un sistema que, según él, no está garantizado y sufre "muchas tensiones" que él planea resolver con una fórmula imbatible: "Creciendo la economía e incrementando el número de cotizantes a la Seguridad Social".
La teoría de Feijóo
El modelo pactado por el Gobierno con la Comisión Europea, denunció, establece que "hay que revisar cada dos años la situación financiera de las pensiones y, si fuera el caso, tendríamos que o bien incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo tanto más impuestos para los trabajadores y para las empresas, o bien rebajar las pensiones".
Lo que dice Feijóo, una vez más, no es cierto. El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas no dice una palabra sobre recortar las pensiones.
La "disposición final" a la que alude Feijóo es la disposición adicional segunda de la norma, la que regula el "seguimiento de las proyecciones de impacto estimado de las medidas". O, lo que es lo mismo, cómo, cuándo y según qué criterios se va a evaluar el buen funcionamiento del sistema.
"A partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno un Informe de Evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050 y calculará el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo, utilizando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea", dice la disposición. Es decir: la AIReF tendrá que calcular, a partir de datos macroeconómicos y demográficos suministrados por Bruselas, si el sistema sigue siendo sostenible, si los ingresos siguen siendo suficientes para hacer frente a los gastos.
Hasta ahora, la evolución de las cifras es la correcta: entra más dinero en el sistema del que sale, en gran parte gracias a la buena marcha de la economía y al número récord de cotizantes a la Seguridad Social. ¿Pero qué pasa si en algún momento deja de ser así? Pues que el Gobierno de turno, ocurra cuando ocurra, ya sea en 2025, en 2028 o en 2040, tendrá que proponer un mecanismo de corrección para que mantenga el sistema en números negros, aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. De ahí la necesidad de hacer es evaluación cada tres años.
Un proceso negociado
¿Cómo se aumentan los ingresos? Incrementando las cuotas de la Seguridad Social, las que abonan los trabajadores y las empresas. ¿Cómo se reducen los gastos? El decreto no dice en ningún momento que la opción obligada tenga que ser "rebajar las pensiones", como afirma Feijóo.
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Es un proceso que, de acuerdo con el decreto, el Gobierno tiene que negociar con la patronal y los sindicatos antes de enviar una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones "mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas".
El Ministerio de Seguridad Social, sin embargo, sostiene que, de momento, el modelo está "funcionando bastante bien": aumenta la hucha de las pensiones sin perjudicar la creación de empleo. Utilizar la revisión trianual para poner en duda la viabilidad del sistema, explican, no tiene sentido. Se trata de un mecanismo indispensable en un plan diseñado hasta 2050: en los próximos años pasarán cosas no previstas, cambiarán los modelos laborales y de producción y eso obligará a hacer ajustes imposibles de predecir en estos momentos.
¿Y qué ocurre si el sistema se descompensa pero el Gobierno en el futuro no quiere corregir ingresos y gastos o no tiene mayoría en el Congreso para hacer cambios? El decreto pondría en marcha el llamado mecanismo de equidad intergeneracional aplicando un recargo a las cotizaciones.
La evidencia no es suficiente. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se resiste a admitir que mintió sobre la revalorización de las pensiones llevada a cabo por su partido cuando tenía en sus manos el Gobierno de España. Hace semanas que sostiene esta tesis, pero ahora, después de que una periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo le hiciera ver que no era verdad, solo admite una “inexactitud”.