Las esperanzas que el Gobierno había depositado en el relevo al frente del PP para poner fin a la anomalía que supone que el Consejo General del Poder Judicial lleve años sin renovarse y evitar que esa situación contagiase al Tribunal Constitucional se han disipado. Alberto Núñez Feijóo ha extremado el pulso institucional para, más allá de la legalidad, prolongar todo lo posible la influencia de la derecha sobre dos órganos clave de la democracia española. Una deriva que le ha llevado incluso a ignorar el acuerdo que su antecesor, Pablo Casado, firmó con el año pasado con el Gobierno para garantizar el desbloqueo.
La legalidad vigente, derivada de la Constitución y de las normas que regulan ambas instituciones, reserva un cierto grado de influencia al poder político a la hora de determinar su composición. Tanto cuando gobierna la izquierda como cuando lo hace la derecha. Y establece plazos de renovación diferentes de los que se derivan de las convocatorias electorales para limitar la influencia automática de los gobiernos.
Hasta el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, partidario de que los jueces elijan directamente a los vocales que la Constitución les reserva en este órgano, reconoció este miércoles que esa influencia es buena: “Es indudable”, admitió, “que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que trascienden del interés corporativo de jueces y magistrados por afectar a la sociedad entera”.
Pero el interés del Gobierno en proceder al relevo tanto del CGPJ como del TC como establecen las leyes es, en opinión de Feijóo, “incompatible con el respeto a la independencia judicial”. Y la reforma legal aprobada por la mayoría del Congreso para que un Consejo en funciones no pueda seguir ejerciendo una influencia que no le corresponde sobre los nombramientos de los más altos tribunales del Estado, en especial el Supremo, constituye a juicio del líder de la oposición un ataque a la independencia de la justicia sin precedentes “en 40 años a las democracia".
Feijóo ha llegado a decir que el Gobierno “ha intervenido” el Poder Judicial. Se refiere a la decisión del Congreso de modificar la ley reguladora del Consejo precisamente para evitar que haga nombramientos estando en funciones y con una composición que no se corresponde con la que debería tener de acuerdo con la representación actual de las Cortes. Algo que, subrayó esta semana, tiene “un índice de peligrosidad altísimo”.
El líder del PP tampoco ha disimulado sus intenciones. En una conferencia pronunciada esta semana pidió a los vocales que se rebelen contra la ley que les conmina a cubrir, como han hecho siempre, dos plazas vacantes del Tribunal Constitucional y a hacerlo antes del próximo martes 13 de septiembre para evitar que este órgano vea amenazado su normal funcionamiento. Deben actuar “en conciencia”, pidió a los vocales rebeldes a la ley que, pese a haber sido aprobada por la mayoría del Congreso, Feijóo considera una "amenaza y chantaje inadmisible”.
Es una estrategia, la del boicot a la renovación de los dos órganos institucionales, que están defendiendo abiertamente ocho de los vocales conservadores del CGPJ que tratan de demorar, y si pueden impedir, que el Consejo cumpla con su obligación legal de cubrir dos puestos en el TC. Este jueves se salieron con la suya alegando razones procedimentales para no discutir siquiera los nombramientos.
Conservar la influencia
En su afán por conservar la influencia de la derecha en el Constitucional, Feijóo llegó a criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez, como hicieron en el pasado los ejecutivos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, quiera ejercer su derecho a designar magistrados afines para el Constitucional.
Sánchez tiene un “enorme interés” en renovar el Tribunal Constitucional —denuncia Feijóo pasando por alto que los nombramientos están pendientes desde el 12 de junio— porque quiere “controlar desde el punto de vista numérico el TC para evitar que algunas leyes que están recurridas en el TC puedan tener sentencia de inconstitucionalidad”.
Lo que el líder del PP no reconoce cuando aborda este asunto en sus comparecencias es su interés por demorar la aplicación de la ley con el objetivo de que el alto tribunal arbitral prolongue indebidamente en el tiempo una composición favorable a los intereses de la derecha: seis magistrados conservadores (eran siete, pero uno de ellos, Alfredo Montoya, renunció por enfermedad el pasado julio) frente a cinco progresistas.
Si el Gobierno nombra, como desea, dos nuevos magistrados progresistas y el CGPJ elige a uno de cada tendencia política, el TC, efectivamente, sufrirá un vuelco en su composición por primera vez en nueve años y pasará a tener siete progresistas y cuatro conservadores. Y aún quedaría pendiente que PSOE y PP pactasen la sustitución de Montoya.
Lesmes denuncia 1.373 días después el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ y amenaza con su dimisión
Sin embargo, el líder del PP trata de presentar como una anomalía que un Gobierno progresista quiera nombrar magistrados afines para el Constitucional y que eso pueda poner fin a la hegemonía conservadora que se inició con los nombramientos llevados a cabo cuando gobernaba Mariano Rajoy.
Fue en 2013 cuando el Gobierno del PP instauró una mayoría conservadora en el TC con el nombramiento de dos magistrados afines (el CGPJ de entonces eligió uno progresista y otro conservador) que es la que ha marcado el sesgo político de las sentencias del tribunal durante estos años. Lo que hizo entonces el Gobierno de Rajoy no fue una anomalía, como tampoco los nombramiento que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en 2004 siguiendo exactamente el mismo procedimiento.
La capacidad del Gobierno que Feijóo critica con tanta gravedad deriva directamente de la Carta Magna. El artículo 159 establece que el TC lo forman 12 miembros: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Estos últimos cuatro son los que corresponde nombrar ahora porque todos sus miembros son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.
Las esperanzas que el Gobierno había depositado en el relevo al frente del PP para poner fin a la anomalía que supone que el Consejo General del Poder Judicial lleve años sin renovarse y evitar que esa situación contagiase al Tribunal Constitucional se han disipado. Alberto Núñez Feijóo ha extremado el pulso institucional para, más allá de la legalidad, prolongar todo lo posible la influencia de la derecha sobre dos órganos clave de la democracia española. Una deriva que le ha llevado incluso a ignorar el acuerdo que su antecesor, Pablo Casado, firmó con el año pasado con el Gobierno para garantizar el desbloqueo.