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Feijóo se saltó las líneas rojas del PP sobre Cataluña para tener una oportunidad de llegar a la Moncloa

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Uno tras otro, los ladrillos con los que Alberto Núñez Feijóo había construido su discurso de supuesta firmeza frente al independentismo, el mismo que según él le costó el acceso a la Moncloa, han terminado por derrumbarse. Después de meses defendiendo “la igualdad de todos los españoles”, un error de cálculo ha terminado por destapar que el argumentario feroz del PP en contra de cualquier solución política al conflicto en Cataluña no era otra cosa que una estrategia para impedir la formación de Gobierno y, una vez consumada la investidura de Pedro Sánchez, para torpedear la legislatura y forzar una repetición electoral.

Nada era lo que parecía. Después de meses echando en cara al PSOE su cambio de opinión sobre la amnistía (los socialistas pasaron de rechazarla a apoyarla, siempre que se tramitara en términos constitucionales), el propio Feijóo ha confesado que él mismo consideró durante 24 horas la posibilidad de acordar la misma medida de gracia que le pedía Carles Puigdemont como condición para apoyar su investidura. Y que no fue hasta pasado ese plazo cuando, con ayuda de los juristas consultados por el partido, llegó a la conclusión de que la amnistía era ilegal, confirmando implícitamente que hasta entonces tampoco él sabía que el perdón era contrario al ordenamiento jurídico.

Tampoco era verdad que el PP estuviese en contra de buscar una solución política al conflicto en Cataluña, a pesar de que el principal partido de la oposición lleva medio año organizando una ofensiva en toda regla para desbaratar cualquier iniciativa que trate de desjudicializar las consecuencias del procés. Durante este tiempo, Feijóo y los suyos, con el respaldo de Vox, de la derecha judicial y de la prensa afín, han impulsado manifestaciones multitudinarias por toda España defendiendo que la única solución válida a este problema pasa por el procesamiento, la condena y el cumplimiento íntegro de las penas por parte de quienes los jueces acaben considerando culpables de haber actuado, en mayor o menor medida, en favor de la proclamación unilateral de independencia o de cualquier actividad relacionada con ella.

Plan de “reconciliación”

En realidad, y en contra de lo que decía en público, el propio Feijóo ha revelado estar a favor de un plan de “reconciliación” para Cataluña. Y de la aprobación de indultos condicionados que suspendan las condenas a las que puedan ser sentenciados Carles Puigdemont y los demás ciudadanos pendientes de juicio, siempre y cuando unos y otros muestren su arrepentimiento y se comprometan a no volver a contravenir las leyes.

Y no solo eso. Primero, el PP llegó a plantear un proyecto de ley para ilegalizar a los partidos independentistas, en la estela del ideario de la extrema derecha de Vox. Después, defendió la idea de que Puigdemont y determinados actores independentistas cometieron actos de terrorismo, en particular en 2018, coincidiendo con las disturbios que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia del procés. Pero ahora sabemos que en realidad cree que la acusación de haber cometido actos de violencia organizada tiene escaso fundamento y muy pocas posibilidades de motivar condena alguna. Y eso que en público Feijóo y sus portavoces han defendido todo lo contrario en España y en las instituciones europeas con el objetivo de que Bruselas se convenza de ello y acabe impidiendo la entrada en vigor de la amnistía.

El intento de llegar a acuerdos con Junts para buscar la investidura —una ecuación imposible, porque los independentistas y los extremistas de Vox se consideran mutuamente incompatibles para hacer presidente a Feijóo— tiene que ver con el sueño del actual líder del PP de reconstruir puentes con quienes hace años, cuando ese espacio político lo ocupaba Convergència, fueron sus socios en el Congreso.

Tender puentes

Es una referencia que Feijóo ha reivindicado en numerosas ocasiones y que el PP llegó a poner encima de la mesa el pasado mes de agosto cuando Esteban González Pons, vicesecretario de Política Institucional del partido, justificó los contactos con Junts apelando a que sus siete diputados, “más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

En medio del charco que ha supuesto la revelación de que detrás de la aparente dureza contra Junts y Puigdemont se ocultaba una estrategia definida para llegar, por otra vía, al mismo escenario que el PSOE, Sumar y la mayoría absoluta del Congreso están impulsando para normalizar la vida política en Cataluña, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, reveló este martes que también los republicanos fueron contactados por el PP cuando Feijóo buscaba apoyos para su investidura.

Génova intentó desmentirlo tajantemente, remarcando que “nunca hubo conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura”, algo que Esquerra tampoco ha dicho. Eso sí, el PP admite que uno de sus diputados, Carlos Floriano, llegó a pedirle a una parlamentaria republicana que dejasen “gobernar a la lista más votada”. Pero “de manera informal y coloquial”, subrayan, y sin seguir instrucciones de la dirección del partido, aunque no hay constancia de que Génova se lo reprochase en ningún momento. Lo que sí se sabe es que el PP sí buscó reunirse con ERC en agosto para pedir su apoyo a la investidura de Feijóo, pero los republicanos lo rechazaron.

Un ministerio para el PNV

Las revelaciones sobre Junts y Esquerra se suman a las ya conocidas en relación con el PNV, una formación a la que Feijóo trató de atraer repetidamente pese a la conocida oposición de los nacionalistas vascos a llegar a ningún acuerdo con el PP mientras mantenga pactos con Vox.

El líder del PP, que durante años, cuando presidía Galicia, presumió de su buena relación con el lehendakari Iñigo Urkullu, llegó a tentar al PNV, además de con transferencias pendientes y cuantiosas inversiones económicas, con la posibilidad de nombrar un ministro de su gobierno. Una oferta que no supimos hasta muchos meses después y que los nacionalistas vascos rechazaron sin titubear.

Entonces fue su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien amagó con revelar los cantos de sirena que llegaban desde el PP. “Algún día contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses”, anunció desde la tribuna del salón de plenos. Una expresión que recuerda a la utilizada el jueves por Carles Puigdemont en una carta dirigida a los eurodiputados de Estrasburgo: “Si mi partido hubiera permitido la investidura de Feijóo, o hubiera impedido la de Sánchez, todos estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la ‘trama rusa’, todo se sabrá”, señaló crípticamente. 

En busca de acuerdos

Como telón de fondo de los recados que Feijóo dirige a Junts y al PNV en secreto mientras dispara en público contra ellos, está el deseo del líder del PP de armar una mayoría contra el Gobierno con la ayuda de ambas formaciones, especialmente en materia económica. Su objetivo no solo es que le ayuden a tumbar algunos proyectos del Ejecutivo. En Génova no están en eso, pero no descartan buscar el respaldo del independentismo para realizar una moción de censura contra Sánchez en algún momento de la legislatura.

La única línea roja que aparentemente el PP sigue manteniendo es la de no hablar con EH Bildu. Aunque ya se sabe que en todo hay excepciones. El pasado noviembre, mientras Feijóo acusaba a Sánchez de mantener pactos “encapuchados” con los abertzales, el PP alcanzaba cuatro acuerdos con EH Bildu y también con la coalición Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde) en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral provincial. Tres transacciones en materia de atención sanitaria rural, prevención del suicidio y servicios sociales.

La estrategia que Feijóo defiende en secreto en relación con el independentismo y que su equipo más próximo y él mismo dieron a conocer el sábado en medio de la campaña de las elecciones gallegas, ha destrozado el discurso oficial de los últimos meses y ha sumido a los barones del PP en el más profundo de los desconciertos. Especialmente al ala más dura, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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Todos, los más comprensivos con Feijóo y los que son sus adversarios internos, han cerrado filas para no empeorar las cosas en una convocatoria electoral que, según las encuestas, se va a jugar en un puñado de votos. Unos y otros, en particular los más radicales, han aplazado pedir explicaciones al presidente del partido hasta después de las elecciones. Si el PP sale bien parado y conserva el Gobierno de la Xunta, Feijóo sobrevivirá, según fuentes del partido. En caso contrario, nadie duda de que tendrá que hacer frente a duras críticas internas que pueden poner en peligro la continuidad de su liderazgo.

A su favor tiene el calendario electoral: hay elecciones europeas en junio y parlamentarias vascas en algún momento a lo largo de los próximos meses. Ni siquiera quienes se mantienen a la espera de un tropiezo de Feijóo para disputarle la presidencia del PP creen tener margen suficiente para llevar a cabo un relevo con éxito hasta después de las europeas y las vascas.

Entretanto, Feijóo utiliza sus mítines de campaña para tratar de reconstruir la credibilidad perdida. Desde el domingo, en todos sus actos, intenta convencer a quien quiera escucharle que él está en contra de la amnistía y de los indultos. Y que la hoja de ruta oculta de su partido, que se dio a conocer el sábado siguiendo sus propias instrucciones, es en realidad un “bulo” creado por el PSOE y por Sumar.

Uno tras otro, los ladrillos con los que Alberto Núñez Feijóo había construido su discurso de supuesta firmeza frente al independentismo, el mismo que según él le costó el acceso a la Moncloa, han terminado por derrumbarse. Después de meses defendiendo “la igualdad de todos los españoles”, un error de cálculo ha terminado por destapar que el argumentario feroz del PP en contra de cualquier solución política al conflicto en Cataluña no era otra cosa que una estrategia para impedir la formación de Gobierno y, una vez consumada la investidura de Pedro Sánchez, para torpedear la legislatura y forzar una repetición electoral.

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