El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a romper el acuerdo sobre la reforma laboral alcanzando por el Gobierno, la patronal y los sindicatos en el marco del diálogo social en diciembre de 2021 aunque tenga que imponer un nuevo modelo sin el apoyo de alguno de sus firmantes. Así lo confirmó este martes en una entrevista emitida por Onda Cero en la que aseguró que su intención es modificar la actual normativa laboral para mejorar “la competitividad” de las empresas.
Y eso que la legislación vigente, subrayó, es la del Partido Popular “con una serie de modificaciones” que, según Feijóo, UGT, Comisiones Obreras y la CEOE pactaron “en contra de los trabajadores”, aunque enseguida aclaró que se refiere a acuerdos contrarios a las empresas, porque para él “las empresas no solamente son los directivos. Para mí una empresa mayoritariamente son los trabajadores, lo más importante de una empresa es su plantilla, no son unos directivos que se pueden ir a otra. Cuando un trabajador pierde su empleo en una empresa tiene mucha más dificultad para encontrar un trabajo del que tiene el directivo para irse a otra compañía”, argumentó.
Feijóo, como es habitual en él, no concretó qué cambios quiere introducir en la normativa laboral para mejorar la competitividad en el supuesto de que llegue a formar gobierno después del 23J. Los empresarios plantean una reducción de las cotizaciones sociales, lo que afectaría a las futuras pensiones. Y, por supuesto, una mayor flexibilidad en la legislación para adaptar los horarios laborales, implementar modalidades de trabajo a la carta, facilitar la contratación a tiempo parcial y promover la movilidad funcional y geográfica de los empleados. También defienden una simplificación de la normativa laboral, la armonización de las regulaciones territoriales y la reducción de los costes asociados al despido.
“Gobernar es indelegable”
En todo caso, y aunque su intención en hablar con los sindicatos y la patronal para exponerles su propuesta, Feijóo ya ha decidido que no esperará por un acuerdo, en línea con lo que hizo Mariano Rajoy en 2012, cuando ignoró el diálogo social e impuso su normativa. “Cualquier cambio será dialogado, comentado y si es posible pactado, pero si llego a la conclusión de que para mi país es bueno hacer esto y no consigo el pacto... Gobernar es indelegable y por tanto yo no me voy a comprometer a que lo único que haga en materia laboral es lo que me digan los agentes sociales”, remachó.
El apoyo de la patronal a la reforma laboral deterioró en su momento las relaciones entre la CEOE y el PP, contrario al acuerdo pese a asegurar que en realidad no modificaba nada sustancial de la normativa que había puesto en marcha Rajoy diez años antes.
Entonces Pablo Casado estaba al frente del partido y defendió votar no en la esperanza de que el Gobierno cosechase una derrota en el Congreso (el Ejecutivo no contaba con el apoyo de Esquerra) y provocar así una crisis en el ejecutivo de consecuencias impredecibles. En realidad, pocas semanas después fue él quien resultó defenestrado por sus propios compañeros en la rebelión de los barones que entregó el control del PP a Feijóo.
Fátima Báñez
La opinión de que la reforma laboral del Gobierno de coalición respetaba lo sustancial de la de Rajoy era compartida por la patronal CEOE y la mayoría de los partidos del bloque de investidura. De hecho, tuvo en su momento el visto bueno de la madre de aquella reforma, la exministra Fátima Báñez, en aquel entonces en la nómina de la patronal, pero ahora también en el grupo de asesores de Feijóo.
El PP votó en contra, pero Feijóo, que en aquel momento era todavía presidente de la Xunta, no estaba de acuerdo y defendía no poner palos en las ruedas de unos fondos europeos que Galicia esperaba con ansiedad para tratar de compensar los problemas que sufre su debilitado tejido industrial, especialmente las empresas de automoción. Entonces también su homólogo andaluz, Juanma Moreno, se felicitaba porque la reforma hubiese llegado mediante un acuerdo entre sindicatos y empresarios, precisamente el elemento al que Casado y los suyos trataban de otorgar menos relevancia.
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La paradoja fue que, cuando se votó aquella reforma en el Congreso en febrero de 2022, salió adelante por la mínima y gracias al error de un diputado del PP.
Una reforma exitosa
Un año después de su aprobación, en febrero de este año, el balance de la reforma que ahora Feijóo se muestra decidido a cambiar aunque suponga echar por tierra el diálogo social, no puede ser más favorable. Sindicatos, patronal, políticos de todo signo y economistas coinciden en que las reformas laborales no crean empleo, un mantra repetido con frecuencia desde que entró en vigor la de 2012. Pero la de 2021 –se aprobó en el último Consejo de Ministros del año, un 28 de diciembre– sí operó un vuelco en el comportamiento del mercado de trabajo. El que constituía su objetivo principal: la tasa de temporalidad cayó ocho puntos desde diciembre de 2021 y casi nueve desde diciembre de 2019.
En 2022 se firmaron 5,69 millones de contratos indefinidos, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), 4,6 veces más que en 2021. Hasta la reforma laboral pactada por sindicatos, empresarios con el Gobierno de coalición, cada mes el 90% de los contratos que se suscribían eran temporales, un porcentaje que se mantuvo testarudamente en las estadísticas desde que en los años ochenta se permitiera a las empresas ofrecer este tipo de relación laboral sin respetar las causas establecidas por la ley. En 2022, por fin, esa cuota descendió algunos meses hasta el 52%. Es decir, casi la mitad de los contratos que se firman ahora son indefinidos, cuando antes difícilmente superaban el 10%.
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a romper el acuerdo sobre la reforma laboral alcanzando por el Gobierno, la patronal y los sindicatos en el marco del diálogo social en diciembre de 2021 aunque tenga que imponer un nuevo modelo sin el apoyo de alguno de sus firmantes. Así lo confirmó este martes en una entrevista emitida por Onda Cero en la que aseguró que su intención es modificar la actual normativa laboral para mejorar “la competitividad” de las empresas.