Feministas denuncian que el informe sobre la vida privada de la víctima de 'La Manada' 'revictimiza' a las mujeres

Las mujeres claman contra la violencia machista que sufren diariamente, contra una cultura perversa que gira en torno al poder histórico de los hombres sobre ellas. La violencia sexual es uno de los terrenos en los que las mujeres han batallado de forma más perseverante para poner sobre la mesa la violencia que recae constantemente, y en todos los ámbitos, sobre sus espaldas. El último grito desesperado apunta directamente al juicio que desde el lunes pasado se celebra por la presunta agresión múltiple por parte de cinco hombres contra una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016. El juez encargado del caso ha aceptado como prueba el informe de un detective privado sobre la vida de la joven después de haber sufrido la violación. Además, el dossier admitido por el juzgado contiene publicaciones en redes sociales que muestran la actividad posterior de la víctima. Abogadas y expertas en estudios de género consultadas por infoLibre no sólo cuestionan la validez de la prueba, sino que advierten de las consecuencias que lleva implícita su admisión.

No es la única prueba que ha generado controversia. Según publica el diario El MundoEl Mundo, una nueva ha sido admitida este viernes por el juzgado en favor de la defensa. Esta vez se trata de una fotografía que la joven compartió en las redes sociales, en la que se muestra una camiseta –vestida por otra persona– que recoge la siguiente frase: "Hagas lo que hagas, quítate las bragas", un lema popularizado gracias a un conocido reality show.

Este mismo viernes la magistrada Victoria Rosell se sumaba a la protesta generalizada a través de sus redes sociales. "Lo de la vida posterior de la víctima tiene incidencia cero en la credibilidad de su testimonio como prueba de los hechos. Incluso si dice que está bien". Añadía, no obstante, el matiz de que "admitir no es estimar" y su admisión incluso puede resultar positiva para evitar que la defensa proteste para apelación.

Violeta Assiego, abogada especialista en violencia de género, aclara que la admisión de todas las pruebas no tiene por qué ser beneficiosa. "Si eso fuera así todos los tribunales admitirían todas las pruebas que se aportan", explica. La indefensión, añade, "no se produce por el número de pruebas que se admiten, sino cuando la prueba que no se admite es fundamental" para el ejercicio de la defensa.

Más allá de los argumentos jurídicos, las expertas ponen el acento sobre el mensaje que trasciende a la opinión pública y las consecuencias que puede tener para las víctimas de violencia sexual.

Cuestionar y revictimizar a las mujeres

Assiego confiesa sentir "preocupación y cierta reticencia" ante la decisión adoptada por el juez. "Me parece inaceptable", reconoce. En primer lugar, porque "una imagen siempre está vinculada a una interpretación, de por sí no aporta información objetiva" sino que genera un "estímulo supeditado a la percepción que cada uno tenga de lo que ve".

La letrada tilda de llamativo que se acepte una prueba sin tener en cuenta los necesarios "límites que definan hasta dónde permitimos que se aporten pruebas que cuestionen la veracidad de la víctima", quien, por otra parte, "sólo trata de normalizar su vida".

Este tipo de descrédito o duda sobre la versión de la víctima es una práctica "demasiado frecuente" y enquistada no sólo en el aparato judicial. Se trata de una "imagen muy sexista de mujer basada en la dominación de los sexos" según la cual ellas, que componen más de la mitad de la población mundial, son "sujetos siempre dudosos".

Bárbara Tardón, doctora en estudios de género, censura también que "el sistema judicial reproduce los mismos estereotipos" que se dan en la calle y que responden a mandatos de género en torno a "cómo tiene que ser una víctima o superviviente de violencia sexual". "Lo que está claro es que no se está juzgando con esas pruebas el delito en sí ni la vulneración de derechos, sino un comportamiento sobre cómo se supone que tiene que ser" la víctima en base a "la cultura y sociedad patriarcal en la que vivimos". La joven, subraya Tardón, está "viviendo un auténtico infierno porque todo el mundo la está juzgando y todo el mundo duda de ella", lo que genera además un "impacto social importante" y no hace sino destapar "una cultura de la violación oculta en España en los últimos 30 años".

Todo ello se une además al tratamiento mediático que se hace de las agresiones sexuales y que alimenta la "cultura de la violación y la revictimización" de las mujeres. El modo en que "todo eso está siendo interpretado y difundido por los responsables de aportar información objetiva", sostiene Assiego, conforma un "caldo de cultivo de toda esa cultura que refuerza clichés" y que obliga a la víctima a serlo de por vida, la culpabiliza y le veta toda posibilidad de desarrollar una vida plena.

Violencia institucional

"En este momento el problema de las leyes es que dicen una cosa pero se tienen que aplicar, y son los jueces quienes lo hacen en base a una justicia patriarcal y machista". Habla Consuelo Abril, abogada especializada en violencia de género, quien considera fundamental denunciar un modelo de justicia contaminado por la escasa formación en cuestiones de género. La admisión de la prueba "representa que el juez interpreta, con sus criterios absolutamente machistas, la ley y considera que eso es justicia", recalca la experta. Pero "es sólo justicia patriarcal".

La actitud, la actividad y la vida privada de la víctima "da exactamente igual, aunque se dedicara a la prostitución", argumenta Abril. "Si no hay consentimiento da igual la conducta posterior de la víctima", agrega. El grueso del caso es que "una manada de salvajes la violan y la obligan a llevar actos que ella no considera adecuados, y por tanto es una mujer violada". Un análisis que minimice la importancia de estos hechos, continúa, "nos lleva a la conclusión de que el juez no sabe lo que es la violencia de género y no sabe lo que es la violencia sexual". Algo que la letrada tacha de "violencia institucional".

Tardón coincide en que los términos en los que se expresa el juicio de La Manada son los mismos "en cada tribunal de España". El problema de la violencia sexual, explica, es que "los operadores jurídicos no están formados en una perspectiva de género y derechos humanos" de modo que "reproducen mitos y estereotipos de género". Algo que la doctora vincula a las lagunas también en las instituciones. "Nunca ha existido una sola política pública encaminada a luchar y combatir la violencia sexual. Desde la misma base no tenemos nada, absolutamente nada", lamenta.

Por ello la resolución que derive del actual caso "será trascendental en términos reparadores, individuales y globales". Lo que se está juzgando actualmente, recuerda Tardón, "es una violación, pero hay otras formas de violencia sexual que nunca van a llegar a un tribunal".

'La manada somos nosotras'

Las evidentes carencias en el aparato judicial e instituciones son contestadas en las calles. Este viernes tuvo lugar una multitudinaria manifestación bajo el lema La manada somos nosotras. Las asistentes denunciaron los abusos judiciales en el caso y lanzaron un mensaje a ésta y otras víctimas: "No estás sola, compañera".

No queda probado "el empleo de medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante"

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Se trata de una de las muchas respuestas organizadas por colectivos feministas para advertir de la gravedad de la violencia sexual. En el año 2016, según el anuario elaborado por el Ministerio del Interior, fueron conocidas 1.249 agresiones sexuales con penetración. La cifra permanece prácticamente inmutable en comparación con años anteriores: 1.229 en 2015; 1.239 en 2014; 1.298 en 2013 y 1.280 en 2012.

Por su parte, la encuesta publicada en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, revela que el 5% de las mujeres que habitan en la Unión Europea han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a partir de los 15 años, mientras que el 6% afirman que alguna persona las obligó a participar en una actividad sexual en contra de su voluntad o cuando eran incapaces de negarse a ello y finalmente otro 6% han accedido a realizar actividades sexuales porque temían lo que pudiera pasarles si se negaban.

En conjunto, la encuesta señala que una de cada tres mujeres –el 33%– ha experimentado violencia física o sexual desde los 15 años de edad, porcentaje que en España se sitúa en el 22%.