El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se presentó como un hito a la hora de alcanzar acuerdos para terminar con la lacra de la violencia machista. El consenso –no exento de disonancias, como la abstención de Unidos Podemos por considerar que el contenido no cumplía con todas las exigencias de base–, sin embargo, es tan sólo el punto de partida y el camino que se dibuja ahora no satisface a las organizaciones feministas. La cuestión presupuestaria, clave para el cumplimiento de los propósitos fijados, es la que más controversia ha suscitado entre sociedad civil y oposición. Por este motivo, "feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género" han llamado este miércoles a concentrarse ante las puertas del Congreso de los Diputados.
La convocatoria parte de la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas, pero a la iniciativa se han sumado otros muchos colectivos. Henar Sastre, activista dentro de la plataforma, comenta en conversación con infoLibre las motivaciones para salir a la calle este miércoles.
Concentración del 25 de abril contra la violencia machista.
De los 200 millones que constaban en el compromiso adoptado, la Administración central únicamente aportará 80. "Queremos que se apruebe la miseria de 200 millones", que de todos modos "es absolutamente insuficiente", critica Sastre. Las organizaciones feministas sostienen, precisamente, que el documento final del Pacto de Estado se articuló ya muy por debajo de las exigencias planteadas, pero denuncian que "ni lo que han acordado lo lleven a la práctica".
A principios de abril, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) asumiría 80 millones de los 200 prometidos, de modo que los 120 millones restantes serán asumidos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos vía financiación propia y no a través de una partida específica y directa, tal como asumía el texto acordado.
Comunidades y entidades locales
La concentración frente a la Cámara Baja lanza un mensaje claro a los artífices del acuerdo y a los responsables de su ejecución: compromiso equivale a presupuesto. "Queremos que se aprueben los presupuestos y el compromiso que se había hecho en el pacto de lo 200 millones", recalca Sastre, quien cree que "han tirado la pelota en el tejado de las comunidades y los ayuntamientos", que ahora tendrán que "detraer de sus presupuestos la ayuda a las mujeres".
El reparto planteado por parte del Gobierno supone una carga para los eslabones más débiles, las comunidades y entidades locales, que a su vez se presentan como actores fundamentales en la prevención, información y asistencia a víctimas de violencia de género. Precisamente el pasado viernes 6 de abril Madrid acogió la primera jornada del Foro de Municipios por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un espacio que persigue "poner en común necesidades y herramientas" para que el acuerdo se haga efectivo y discutir el papel de las comunidades y ayuntamientos en él.
María Eugenia Rufino, presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP, aseguró entonces que el acuerdo "se ha roto de manera unilateral". Las representantes de comunidades y ayuntamientos entienden innegociables tres premisas en torno al pacto rubricado en septiembre: financiación, recuperación de las competencias y que cada mujer, viva donde viva, tenga el mismo acceso a los recursos para prevenir o trabajar sobre violencia de género.
"Estamos en pie de guerra"
Henar Sastre critica la maniobra del Gobierno por blanquear su compromiso contra la violencia de género a través de "miles de fotos de ministros" mientras las organizaciones feministas, reconoce, se sienten "absolutamente engañadas". La activista censura que, además, la anquilosis gubernamental tras la firma del pacto se produzca en un contexto de movilizaciones masivas por parte de la sociedad civil. Es una "contraofensiva a las mujeres y al feminismo", sostiene Sastre. "Nosotras nos plantamos en la calle y no son capaces de asegurar lo que han firmado. Estamos en pie de guerra", agrega, y a su vez insiste en que "cuánta más fuerza" manifiestan, "más contrarreacción patriarcal demuestra" el Gobierno.
El segundo paso que ha dado el Pacto de Estado, después de la zancadilla presupuestaria, es la creación de una comisión de seguimiento, creada el pasado miércoles 18 de abril. La comisión fue inaugurada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y será la socialista Pilar Cancela quien la presida. Cancela prometió, durante su constitución, que el órgano estará "permanentemente atento al cumplimiento de todos los acuerdos y será el vehículo que permita la revisión y la actualización de sus propuestas".
La comisión de evaluación es una de las peticiones propuestas por los agentes sociales que han participado en la redacción del pacto. "Exigíamos no una evaluación por parte del Gobierno, sino mediante una comisión como indica el Convenio de Estambul y la CEDAW –Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer–, que exige una supervisión, un informe a la sombra", relata Sastre. Las organizaciones feministas, continúa, creen necesario que ellas mismas tengan hueco en dicha evaluación, del mismo modo que ocurrió en el Pacto de Estado, donde han "participado activamente" y actuaron como viga maestra."Queremos participar y fiscalizar, porque no nos fiamos", confiesa Sastre.
Las organizaciones feministas, que se configuran como el andamiaje para que el pacto prospere, dicen estar dispuestas "a salir a la calle las veces que sea y cómo sea".
Manifestaciones en mayo
El movimiento feminista sale a la calle para reclamar un compromiso presupuestario
La concentración articulada en torno al 25 de abril responde a una tradición periódica tejida por el Foro contra la Violencia Machista de Madrid. "Normalmente el 25 de cada mes nos juntamos en Sol convocadas por el Foro contra la Violencia de la Comunidad de Madrid, para protestar", expone Sastre. En esta ocasión, "como están debatiendo los presupuestos, hemos trasladado la convocatoria".
La concentración se estructura como preludio de una serie de movilizaciones convocadas en todo el Estado el próximo miércoles 16 de mayo. "Los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos", dice el manifiesto elaborado para la fecha. "Deja a las comunidades autónomas sin los 100 millones prometidos para prevención educativa y sanitaria y a los 8.000 ayuntamientos sin los 20 millones acordados para mejorar la atención jurídica, psicológica y social de proximidad", censura.
Decenas de organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Movimiento Democrático de Mujeres, Alerta Feminista o las áreas de Igualdad de CCOO y UGT, creen necesario organizarse para "contestar a este gobierno machista, indolente y que nos engaña". Sin el dinero prometido, dicen, "no se podrá hacer política feminista" para "educar en igualdad, prevenir las violencias machistas desde la infancia o proteger y atender a las víctimas". El compromiso de las instituciones, sentencian, pasan por un cumplimiento presupuestario necesario para "construir una sociedad justa y libre, donde vivamos vidas dignas de ser vividas".
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se presentó como un hito a la hora de alcanzar acuerdos para terminar con la lacra de la violencia machista. El consenso –no exento de disonancias, como la abstención de Unidos Podemos por considerar que el contenido no cumplía con todas las exigencias de base–, sin embargo, es tan sólo el punto de partida y el camino que se dibuja ahora no satisface a las organizaciones feministas. La cuestión presupuestaria, clave para el cumplimiento de los propósitos fijados, es la que más controversia ha suscitado entre sociedad civil y oposición. Por este motivo, "feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género" han llamado este miércoles a concentrarse ante las puertas del Congreso de los Diputados.