Fernando Flores: "Es falso que los residentes hubieran muerto igual, hay graves responsabilidades"

7.291 mayores fallecieron entre marzo y abril de 2020 en el geriátrico en el que vivían, sin ser trasladados al hospital. Fueron el 77% de los 9.470 residentes que murieron en aquellos dos meses, los peores de la crisis sanitaria. Justo al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid aprobó y envió el Protocolo de la Vergüenza, un documento que —como desveló infoLibre— llegó a tener hasta cuatro versiones e impedía el traslado de enfermos al hospital basándose en su grado de dependencia física o de deterioro cognitivo, tuvieran o no el virus.

Están a punto de cumplirse cuatro años de aquello y, ante la permanente ausencia de respuestas sobre lo ocurrido, son las propias víctimas las que, este viernes, presentan las conclusiones de su Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, un tribunal ciudadano que comenzó hace ahora un año los trabajos para acercarse a la verdad. Y también para reparar a todas las familias de esos residentes fallecidos.

La comisión ha estado presidida por el prestigioso jurista José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y han formado parte de ella otras seis personas de reconocido prestigio profesional: María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica; y Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional.

Es este último el que atiende a infoLibre para charlar sobre cómo se ha realizado ese trabajo, qué ha supuesto y, sobre todo, las conclusiones que se han alcanzado.

La Comisión ha trabajado durante un año para llegar a las conclusiones que se presentan este viernes en el informe que ha redactado. ¿Ha costado mucho llegar a ellas?

Ha sido costosa la elaboración porque hemos tratado de enlazar mucha información sobre la situación previa y sobre cómo se gestionó la salud de los residentes durante los dos primeros meses de la pandemia. Relacionar las declaraciones de las personas residentes, de los familiares y trabajadoras, un número importante de informes que otras organizaciones como Amnistía Internacional ya habían publicado, artículos académicos y declaraciones que tuvieron lugar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid ha sido lo más costoso.

Reconozco que hubo por lo menos tres momentos [durante las declaraciones de la Comisión] en los que tuve que contenerme para no llorar

Los días 15 y 16 de septiembre la Comisión escuchó hasta 25 testimonios que narraron lo ocurrido en las residencias entre marzo y abril de 2020. ¿Recuerda alguno que le impactara especialmente?

Me marcaron varios. De hecho, reconozco que hubo por lo menos tres momentos en los que tuve que contenerme para no llorar. Recuerdo mucho la soledad que contaron varias personas, hablando de cómo murieron muchos residentes sin asistencia, sufriendo durante muchos días, sin respiradores. Me pareció muy impactante la historia de un señor mayor que murió tocando la flauta porque estaba solo. La historia de una hija que pensaba que le iban a dar la noticia de la muerte de su padre pero recibió una llamada que le anunció la de su madre. Cómo se gestionaron algunos de los momentos posteriores a los fallecimientos. Escuchamos testimonios de personas que no pudieron obtener los enseres de sus padres, o que se las dieron equivocadas, o que tuvieron que estar haciendo trámites burocráticos de un lado para otro... Eso me pareció cruel.

¿Esto último ocurrió sobre todo por parte de las residencias?

Sí, pero también de la Administración. En algunas residencias no debieron tener la capacidad suficiente para gestionar qué es lo que se hacía con los objetos personales de las personas que fallecían, pero también recuerdo a una persona que explicó las dificultades que tuvo para recoger documentación como el informe de defunción o los historiales médicos de su familiar.

Desde la Comunidad de Madrid no medicalizaron las residencias, pero tampoco sacaron a la gente que lo necesitaba a los hospitales

La conclusión principal de la Comisión es que otras decisiones políticas y de gestión podrían haber evitado el alto número de muertes en las residencias de Madrid. ¿Cuáles fueron las decisiones que provocaron esa situación?

En primer lugar, no se medicalizaron las residencias, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La presidenta y el consejero de Sanidad aseguraron que se había hecho, pero no es verdad. Lo dijeron abiertamente Alberto Reyero [entonces consejero de Políticas Sociales] y Carlos Mur [entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad]. Por otra parte, el llamado "hospital milagro", que fue más bien el "hospital propaganda", absorbió a más de 1.000 sanitarios que podían haber atendido a las residencias con peor situación. Todo eso se unió a otra cosa: tampoco sacaron a la gente que lo necesitaba a los hospitales.

Ahí entran los Protocolos de la Vergüenza.

Escribieron y publicaron unos protocolos que no permitieron las decisiones clínicas personalizadas, sino que provocaron que las personas que estaban en residencias, salvo que tuvieran seguro privado, no pudieran salir. Esa decisión fue fundamental, pero luego hubo otras: ¿por qué no se les llevó al Ifema? ¿Por qué no se utilizaron los recursos de los hospitales privados? ¿Por qué se mandaron ambulancias o equipamientos a otras comunidades autónomas cuando se necesitaban en Madrid como dijo Alberto Reyero? Esto acabó de redondear todo.

¿Es responsabilidad política por tanto el alto número de fallecimientos en Madrid?

Hubo unas decisiones importantes que fueron adoptadas con absoluta incompetencia. Se tomaron decisiones políticas que tuvieron un impacto directo en los derechos de las personas. Y hubo una discriminación, fundamentalmente con la protección del derecho a la salud.

No es lo mismo morir solo en una habitación después de días sin que te cambien los pañales, sin respirador, que morir en un hospital atendido de una manera digna

Ayuso se defendió en la Asamblea de Madrid asegurando que en aquella época los mayores "morían en todas partes".

Se dice que hubieran muerto igual, pero se ha demostrado que es una falsedad. Hay un porcentaje de personas que fueron derivadas que salvaron la vida, pero aunque no hubiera sido así existe el derecho a la protección de la salud. No es lo mismo morir solo en una habitación después de días sin que te cambien los pañales, sin respirador, que morir en un hospital atendido de una manera digna. Eso es un derecho fundamental. La responsabilidad política es absolutamente clara, otra cosa son las responsabilidades jurídicas.

¿A qué conclusión llega el informe sobre ellas?

El informe no dice que hay una responsabilidad jurídica, lo que dice es que no se ha investigado. Los hechos son gravísimos, en calidad de derechos afectados y cantidad de miles de personas. Hay una cantidad enorme de indicios de que las cosas no se hicieron bien y, sin embargo, el nivel de diligencia por parte del Ministerio Fiscal y de los jueces instructores es alarmante. Hay un montón de preguntas que parece ser que no se hacen.

¿Por qué cree que no se ha investigado, tampoco políticamente?

Políticamente no lo quieren investigar porque saben que hay responsabilidades graves. Por eso se buscan y encuentran argumentos de lo más variopintos para no hablar del tema.

En cuanto a la jurídica, no sé qué decir. La intencionalidad del Ministerio Fiscal a la hora de abstenerse o de inhibirse de sus obligaciones es difícilmente justificable. En una parte del informe hablamos del derecho a la verdad, que tiene una serie de elementos que concurren en el caso de las residencias, como la gravedad de los hechos. El Tribunal Constitucional señala que, cuando se dan estas circunstancias, el Ministerio Fiscal debe ser enormemente diligente a la hora de buscar la verdad. Y luego que resuelvan como tengan que resolver, aunque a mí me da la sensación de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pudo tener un comportamiento de omisión del deber de socorro a gran escala.

Políticamente no lo quieren investigar porque saben que hay responsabilidades graves. Por eso se buscan y encuentran argumentos de lo más variopintos

¿Se va a llevar este informe a la Fiscalía? ¿Cree que el contenido es suficiente como para exigir una investigación judicial de lo ocurrido? 

Entiendo que Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que son quienes nos han convocado para hacer el informe, lo enviarán a todas las instituciones que directa o indirectamente han tenido que ver con la situación. Espero que la Fiscalía lo pueda tener en cuenta. O el resto de tribunales. En el Constitucional por ejemplo hay ahora mismo un número importante de recursos de amparo porque se han ido cerrando muchos casos. Aunque no entre al fondo de los asuntos, lo que sí que debería al menos decir este Tribunal es que no se ha investigado suficiente.

Ayuso llamó hace unas semanas “borrador falso” al Protocolo de la Vergüenza. ¿Qué le parece que la defensa oficial del Gobierno regional siga siendo esa?

No hay ningún borrador falso. Lo que hay en todo caso son una serie de borradores que se van perfilando, pero todos han sido enviados por las personas competentes a personas competentes. La línea de comunicación es clara: el director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad va mandando las instrucciones y se crea un sistema de geriatras de enlace que, a partir de esos protocolos, van tomando las decisiones. La Comunidad sabe que el problema fundamental es que aprobaron e hicieron circular unos protocolos que eran vinculantes y que provocaban una discriminación a enorme escala de las personas mayores, de personas con discapacidad y de personas con falta de movilidad. Sólo el hecho de estar en residencias era suficiente para decidir si se derivaba o no, y saben que eso es ilegal. Por eso tratan de marear y poner la responsabilidad en los geriatras.

La Comunidad sabe que el problema fundamental es que aprobaron e hicieron circular unos protocolos que eran vinculantes y que provocaban una discriminación a enorme escala

Ayuso también se ha defendido asegurando que lo que pasó en Madrid pasó en otras comunidades. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que ocurrió en Madrid y otras autonomías?

Eso no es verdad y los datos son claros. Los de Madrid doblan o incluso triplican lo que sucedió en otras comunidades autónomas. Todo el mundo lo sabe. Madrid es la ciudad europea, además, con más porcentaje de muertes por covid en residencias. A veces argumentan que por ejemplo en Aragón esa cifra fue mayor, pero es porque hubo menos muertes en total. Es engañoso y lo saben, lo hacen para confundir. La Comunidad de Madrid llama la atención sencillamente por las cifras.

Y también por la gestión que comentábamos, ¿no? ¿Se puede decir que la Comunidad de Madrid, a sabiendas, está mintiendo?

En algunos casos es clarísimo que está mintiendo. No medicalizaron y lo siguen afirmando. Dicen que los residentes se hubieran muerto igual en el hospital, pero no se habrían muerto ni los mismos ni igual, porque lo dicen sus propios datos. También hay mentiras respecto a los hospitales privados. ¿No había un mando único? ¿Entonces por qué cuando se entrevista al responsable de los hospitales privados dice que siempre hubo camas vacías? ¿Por qué no se utilizaron? Hay una cantidad de mentiras que no son errores, sino una maniobra.

¿Y qué es más doloroso, esas decisiones políticas y de gestión o las mentiras posteriores?

Eso son los familiares los que lo dirán, pero lo que yo vi en las comparecencias a las que asistí fue mucho pesar por el desprecio que habían percibido por parte de las autoridades. Ni siquiera les recibieron, y es su obligación, su responsabilidad. Pero es que además se han hecho declaraciones muy dolorosas, ahora y al principio, cuando llegaron a decir que las familias querían pasar página. Es decir, hay unas decisiones equivocadas, icompetentes, erróneas, y luego una gestión del error muy mala. Me recuerda al 11M. Usted gestiona mal, se mete en una guerra, tiene consecuencias y luego trata de confundir.

Hay unas decisiones equivocadas, icompetentes, erróneas, y luego una gestión del error muy mala

Tras la pandemia se puso encima de la mesa la realidad de las residencias y se hicieron declaraciones que mostraban que había voluntad para cambiarlo. ¿Ha ocurrido? ¿Cree que si ahora llegara una nueva pandemia nos enfrentaríamos a la misma situación?

En las recomendaciones del informe pedimos que se investigue, en el ámbito político y judicial. Pero también van en esa línea. Se sabía de antes que el modelo de cuidados de las personas mayores y con discapacidad es un modelo arrasado, poco financiado, mercantilizado y que utiliza a trabajadoras en situación de precariedad. Esa situación estructural con la que se encontró la crisis sanitaria debe cambiar y mucha gente así lo dijo. Sin embargo, en las comparecencias preguntamos a muchas de las trabajadoras si tres años después habían visto algún cambio y nadie nos dijo que la situación estaba mejor. Todo sigue igual o peor. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo quiere una sociedad cada vez más longeva cuidar la vida de las personas mayores?

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No me lo había planteado. Yo creo que debería leerlo. Es más, creo que es su obligación, aunque sea que se lea el resumen ejecutivo, las conclusiones y las recomendaciones. Pero que lo lea con honestidad, ella y su Gobierno, sus asesores, la gente que la rodea y la gente que la vota. Una de las características del estado de derecho es la responsabilidad de la Administración y en este caso estamos viendo que huye.

Tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo quiere una sociedad cada vez más longeva cuidar la vida de las personas mayores?

Los objetivos de la Comisión ciudadana eran “buscar la verdad y la reparación de las víctimas”. ¿Cree que se ha conseguido?

Lo que hemos querido hacer es acercanos a la verdad, sabiendo que hay muchísimas verdades concretas que sólo pueden descubrir investigaciones sobre cada caso. En cuanto a la reparación, me di cuenta que simplemente la elaboración del informe y su metodología es un primer paso para los familiares y trabajadoras, que son los que realmente sufrieron. Las personas que vinieron, y así nos lo decían, querían ser escuchadas. Necesitaban, en voz alta y con una cámara delante, decirle a la persona que habían perdido y a la que sentían haber traicionado, cómo se sentían culpables y cómo lo vivieron. Ya sólo por eso todo esto vale la pena. Aun así, el mayor acto de reparación sería tomarse en serio el cambio del modelo de cuidados de los sistemas mayores. Que las personas y la dignidad estén absolutamente por encima de la mercantilización.