Para el fiscal de Angrois, Mario Piñeiro, el maquinista del Alvia incumplió su obligación de controlar en todo momento la velocidad del tren al despistarse con la llamada que recibió del interventor. Sin embargo, el cargo de Adif, también imputado por el accidente, no puede ser condenado porque el "galimatías jurídico" de la normativa ferroviaria impide concluir que la incumpliese al no habilitar medidas que evitasen el siniestro.
Esos fueron los argumentos fundamentales expuestos este miércoles por el fiscal durante cerca de dos horas para justificar el cambio de postura avanzado este martes con el que ya deja de acusar al ex director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, como responsable del accidente al mismo nivel que el maquinista, Francisco José Garzón. Para Piñeiro, desde el punto de vista penal, "el accidente se explica causalmente por el comportamiento del conductor, y sin la conducta del conductor no se explica".
El fiscal comenzó su intervención final durante el juicio en esta fase de conclusiones destacando que "la cuestión es la de siempre, cómo ser justos en este caso". También aseguró que "la decisión que toma la Fiscalía" de mantener la acusación contra el maquinista y retirarla del cargo de Adif fue "meditada, también difícil".
Piñeiro pidió plantear "no sólo cuál es la causa de este accidente sino buscar la perspectiva penal del caso". El fiscal enfatizó que pueden existir muchas "causas subyacentes" que "pueden tener una trascendencia muy importante a la hora de tomar medidas para que no se vuelva a producir" un accidente, pero que "otra cosa diferente es que todas las causas que motivan el accidente puedan tener relevancia penal".
El fiscal aseguró que "hay una corriente de opinión de que el conductor es una víctima más", que explicó que "probablemente" tenga que ver con que "todos tenemos las imágenes del señor Garzón lamentándose el accidente". Nada dijo el fiscal sobre el hecho de que esas imágenes y diversas informaciones parciales filtradas en los primeros momentos tras el accidente asentaron en las primeras jornadas que el maquinista había sido el responsable y, solo después, cuando avanzó la investigación penal, fueron saliendo aquellas otras "causas subyacentes" que apuntaron también a Cortabitarte.
Piñeiro dijo que "este accidente se explica causalmente por el comportamiento del maquinista, y sin la conducta del maquinista no se puede explicar", y al mismo tiempo pidió valorar a los dos imputados "si sus conductas vulneran sus deberes independientemente del resultado".
En el caso del maquinista, el fiscal dice que la llamada que recibió del interventor y que lo despistó impidiéndole frenar antes de la curva de Angrois "no justifica en ningún caso que se abstraiga absolutamente" de su obligación de controlar el tren en todo momento, lo que el fiscal califica como "una imprudencia grave". Piñeiro llegó a asegurar que la formación del maquinista por parte de Renfe fue "exquisita", pese a las diversas dudas que se mostraron durante el juicio sobre esta cuestión.
Sobre el riesgo de la curva, para el fiscal no se encuentra en la falta de supervisión de la misma por sistemas que controlen la velocidad de forma automática sino que "lo que crea el riesgo es el comportamiento del maquinista a esa velocidad".
Por el contrario, según el fiscal, la actuación de Cortabitarte no incumplió ninguna norma expresa. En el juicio se debatió si Adif debía o no aplicar en la línea Ourense-Santiago un determinado reglamento comunitario de seguridad que no aplicó. Para el fiscal, "es un auténtico galimatías jurídico saber si era aplicable o no" y, según dijo, esas dudas deben beneficiar al imputado de Adif ya que "si tenemos que recurrir a normas extrapenales hay ser muy cautelosos" para llegar a condenar a alguien. En ese ámbito, añadió que las exigencias de esa normativa no aplicadas por Adif eran en lo fundamental similares a las exigencias de los "códigos prácticos" que sí se aplicaron. Ante esas dudas, el fiscal dice que no se puede "llegar a que eso sea una conducta delictiva".
Piñeiro, que pidió la máxima indemnización posible para todas las víctimas, finalizó su intervención formulando y respondiendo dos preguntas. "Lo que pasó lo sabe el tribunal, lo sabemos todos, esa llamada fue una vergüenza", aseguró para añadir que "la otra pregunta, si Adif engañó la norma en lo que es esencial, en la seguridad" debe ser respondida teniendo en cuenta la ambigüedad del reglamento, que es a su parecer lo que impide culpar al acusado.
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Esta fase final del juicio que comenzó este martes se extenderá según las previsiones de la jueza hasta después del décimo aniversario del accidente, el próximo 24 de julio. Cuatro días antes, el 20, será el momento de la intervención final de Adif y Renfe y, dos días después, el 26, de sus respectivas aseguradoras. Para concluir, el 27 de julio, será el turno de los abogados de los dos imputados y sus argumentaciones en profundidad de sus visiones del juicio.
Después, será la jueza, Elena Fernández Currás, quien decida si hay dos condenados, uno o ninguno. Porque también es posible que el juicio termine sin ningún condenado. De hecho, durante las sesiones, la magistrada mostró en varias ocasiones las limitaciones a las que se enfrenta la justicia penal.
Aquí puedes leer el texto en gallego.
Para el fiscal de Angrois, Mario Piñeiro, el maquinista del Alvia incumplió su obligación de controlar en todo momento la velocidad del tren al despistarse con la llamada que recibió del interventor. Sin embargo, el cargo de Adif, también imputado por el accidente, no puede ser condenado porque el "galimatías jurídico" de la normativa ferroviaria impide concluir que la incumpliese al no habilitar medidas que evitasen el siniestro.