El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha cambiado "ahora" su jurisprudencia introduciendo "otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto" tras anular este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, después de que el pasado noviembre el mismo tribunal apreciara "desviación de poder" por su parte en el nombramiento previo de su antecesora como fiscal togada.
A su juicio, la exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos del fiscal general "ha subido a la disputa jurídica". "Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.
Eso sí, García Ortiz ha apuntado que la sentencia del TS se ejecutará, se asumirá y se leerá lo que quiere decir, aunque previsiblemente, ha augurado, se tendrá que "volver al lugar de origen", es decir, al inicio del Consejo Fiscal para "examinar si esa incompatibilidad existe o no".
En este sentido, el fiscal general ha defendido su posición sobre el nombramiento de Delgado para el cargo asegurando que tomó esta decisión ya que la "incompatibilidad era tan evidente que no existía". Según ha dicho después, plantearla al Consejo Fiscal "no era más que una táctica dilatoria" para impedir que fuera nombrada en la legislatura. "Esa es la base de toda discusión", ha argumentado.
"No podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo que es falsa"
Por otro lado, García Ortiz también ha insistido en su defensa de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto G.A, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera a trámite la querella contra dos fiscales por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.
"No podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo nosotros que esa información es falsa", ha asegurado el fiscal general, que ha vuelto a asumir en primera persona el comunicado, recalcando además que "no se puede intimidar" a dos fiscales -en referencia a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres- "en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos".
El Supremo anula también el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática
García Ortiz ha relatado que la Fiscalía de Madrid optó por lanzar una nota de prensa tras una "información intencionadamente falaz" emitida por un medio de comunicación que recoge un mail de un fiscal al abogado de la pareja de Ayuso y además, según su versión, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, "dice que la Fiscalía ha ofrecido el pacto que decía esa noticia" y "que sus superiores están impidiendo" que ese acuerdo "se produzca".
Así, ha defendido que la Fiscalía también tiene "una función legal" establecida en el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que es la de "informar a la opinión pública, los ciudadanos y los periodistas" una "información veraz". "Es un derecho básico (...) para que estas informaciones, intencionalmente falaces, no prosperen", ha dicho García Ortiz.
El fiscal general ha reiterado que la nota fue "proporcionada y moderada" pues, en su opinión, en el documento que acompañaba ese correo "sí había múltiples datos fiscales" que de haberlos hecho público se hubieran excedido. "Pero no lo hicimos, simplemente dijimos lo que nos decían que ocurría, nada más", ha zanjado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha cambiado "ahora" su jurisprudencia introduciendo "otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto" tras anular este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, después de que el pasado noviembre el mismo tribunal apreciara "desviación de poder" por su parte en el nombramiento previo de su antecesora como fiscal togada.