El 9 de noviembre del 2014 (9N) un total de 2.340.000 catalanes –el 33% del censo previsto– votaron en un proceso participativo, sin ningún tipo de validez jurídica, sobre la independencia de Cataluña. Con el referéndum escocés en el punto de mira –que ese mismo otoño votó no a separarse de Reino Unido–, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo planteó como alternativa legal ante la imposibilidad de obtener el permiso del Gobierno central de celebrar un referéndum de autodeterminación.
Más de dos años después del 9N, los principales impulsores del mismo –Artur Mas y sus dos exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega– se han tenido que enfrentar a un juicio que empezó el pasado lunes y que acaba este viernes para dar explicaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno en el caso de Artur Mas y nueve de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de multas de 36.000 y 30.000 euros, respectivamente.
Con todo, ninguno irá a prisión en caso de condena porque el delito de malversación –el único que prevé penas de ese tipo– quedó finalmente excluido del juicio.
Estos son los dos delitos por los que están acusados:
1. Desobediencia grave al TC
Es el principal delito por el que están acusados Mas, Rigau y Ortega –sus “cooperadoras necesarias” de los dos delitos, según la fiscalía–. El escrito de acusación del fiscal acusa a Mas de articular “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión” acordada por el Tribunal Constitucional (TC), y de hacerlo amparándose solo en su voluntad y continuando los trabajos, aunque con la conveniente discreción, y para eso supuestamente se concertó con las otras dos acusadas.
Para este delito el fiscal se basa en algunos testimonios que desmontarían la tesis de que el proceso participativo quedó en manos exclusivamente de voluntarios. Por ejemplo, el responsable de la empresa T-Systems Bernat Rigau aseguró que la Generalitat les comunicó que “podían continuar” con sus trabajos aunque el Constitucional había ordenado suspender la consulta –el Govern les encargó elaborar programas informáticos para el 9N–.
Según dijo, T-Systems envió una carta al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) para que le confirmase si los encargos que tenían quedaban afectados por la resolución judicial.
Este representante de la empresa aseguró al tribunal que el 7 de noviembre de 2014 –tres días después de la suspensión del TC y dos días antes del 9N– el CTTI les contestó que podían continuar con los trabajos.
La CUP (principal socio de gobierno de Junts Pel Sí) manifestó no compartir la línea de defensa de Mas –que asegura que no era consciente de estar desobedeciendo al Constitucional– y lo instó a “asumir que no se acató una orden injusta”.
2. Prevaricación administrativa
Mas, Ortega y Rigau también están acusados de adoptar disposiciones sabiendo que no estaban cumpliendo el sometimiento a la ley. Según el fiscal, “eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC” y les acusa de aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.
La Fiscalía concluye que Mas, “intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad”, desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación que, como convocante, tenía de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.
Joana Ortega –entonces, vicepresidenta del Govern–, dice el fiscal, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones, inmediatamente por debajo de Mas, y fue la “impulsora directa de las principales actuaciones administrativas” para el 9N, siempre según el fiscal.
En el caso de Rigau, la Fiscalía cree que puso a disposición de la consulta los medios de la Conselleria de Enseñanza y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de este departamento para garantizar que los directores de los centros de Secundaria prestaran el apoyo necesario.
Un inspector de la Conselleria de Enseñanza, en su declaración como testigo y a preguntas de la Fiscalía, explicó que el inspector jefe les instó a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo. Dijo que le “inquietó” que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.
“Se nos instó a los inspectores a no intervenir en cuestiones del 9N (…). Había un interés de que los directores colaborasen con lo que decían sus superiores y que entregaran las llaves. Esto es atípico con el derecho administrativo”, indicó.
Final del juicio
Este juicio, conocido popularmente como 6-F –ya que comenzó el pasado lunes 6 de febrero–, está previsto que concluya este viernes con la utilización del derecho a la última palabra de los tres acusados.
La jornada arrancará a las 9 horas con la lectura del informe final del fiscal, que tratará de demostrar que los testigos, peritos y la documentación evidencian que Mas, Ortega y Rigau continuaron con la organización de la consulta después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase suspenderla cinco días antes.
Artur Mas alega que en el 9N no desobedecieron al TC sino que “plantaron cara” al Gobierno
Previsiblemente, la acusación popular (encabezada por el Sindicato Profesional de Policía) defenderá una tesis similar después de haber desistido de seguir acusándoles de malversación de fondos.
Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau tratarán de demostrar que el Govern se apartó de la organización del 9N después de la suspensión dejándola en manos de los voluntarios y que la orden del TC no era suficientemente clara ni expresa sobre cómo debían de actuar.
Una vez acabe el juicio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibirá en la Generalitat a los tres acusados y al diputado del PDECat en el Congreso Francesc Homs, quien también está siendo investigado por el 9N como exconseller de la Presidencia, pero de su caso se encarga el Tribunal Supremo (TS) por ser aforado (su juicio empezará el 27 de febrero).
El 9 de noviembre del 2014 (9N) un total de 2.340.000 catalanes –el 33% del censo previsto– votaron en un proceso participativo, sin ningún tipo de validez jurídica, sobre la independencia de Cataluña. Con el referéndum escocés en el punto de mira –que ese mismo otoño votó no a separarse de Reino Unido–, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo planteó como alternativa legal ante la imposibilidad de obtener el permiso del Gobierno central de celebrar un referéndum de autodeterminación.