Los fiscales del 'procés' fuerzan una guerra por la amnistía que amenaza con partir en dos la cúpula fiscal

La amnistía abre la enésima batalla en el seno del Ministerio Público. Los fiscales del procés se han negado este viernes a acatar la orden dada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que trasladen al Supremo que los delitos vinculados a la causa sobre el referéndum del 1-O, incluida la malversación, se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma de olvido jurídico. Y han forzado la convocatoria, a comienzos de la próxima semana, de una Junta de Fiscales de Sala que amenaza con partirse en dos en un asunto en el que se entremezcla lo político con lo jurídico. De todos modos, la posición que adopte finalmente este órgano no es vinculante. Aunque la cúpula de la carrera se alinee con los fiscales del procés, García Ortiz puede imponer su criterio.

Tras la entrada en vigor de la amnistía, el Tribunal Supremo emitió dos providencias para que las partes se pronunciasen en cinco días sobre el encaje en la norma de los hechos por los que fueron condenados en el otoño de 2019 los líderes independentistas y por los que están procesados tanto el expresident Carles Puigdemont como los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira –estas dos últimas solo por desobediencia, a la que se suma la malversación agravada en el caso de los tres primeros–. Para entonces, los cuatro fiscales del procés ya habían dejado claro, y así se lo trasladaron a su jefe antes incluso de que la ley fuese publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se opondrían a la amnistía en lo relativo a la malversación.

Es, en este delito, donde se encuentra el meollo de la cuestión. En el escrito definitivo que entregaron a García Ortiz, los cuatro fiscales del procés sostienen que los hechos están excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Por un lado, porque afectan a los "intereses financieros" de la Unión Europea, que el artículo 2 de la norma excluye. Y por otro, porque no encajan en el primero de los preceptos, que incluye dentro de la amnistía los delitos de malversación siempre y cuando "no haya existido propósito de enriquecimiento". Para los fiscales, el desvío de fondos que se produjo "supuso un beneficio patrimonial para los autores". "Destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto, que les produjo un indudable beneficio patrimonial", defienden en su escrito.

Una interpretación que, sin embargo, el fiscal general del Estado no comparte. De ahí que este miércoles lanzase un decreto dando orden a los cuatro fiscales –Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– de informar al Alto Tribunal de que todos los delitos objeto de imputación y condena en dicha causa "se encuentran comprendidos" en el ámbito de aplicación de la norma. "Procede declarar amnistiadas todas las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados –en el caso de Puigdemont, aún pende sobre él una orden de detención nacional–", sentenciaba en su escrito el fiscal general del Estado.

Argumentos que desbordan "el plano jurídico"

En el extenso decreto, García Ortiz rechaza la interpretación que hacen los fiscales del procés alrededor de la malversación. Así, tras reprocharles que los borradores que le fueron entregados "utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico" y que "comprometen" la "necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad", el fiscal general del Estado defiende que los argumentos dados por sus subordinados son "insuficientes" como para poner en duda "la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación". En este sentido, sostiene que los fiscales confunden en sus proyectos de informe el "ánimo de lucro" y el "enriquecimiento personal", cuando no son "plenamente coincidentes".

El jefe del Ministerio Público defiende que "siempre que el responsable del delito" se hubiera limitado a "desviar fondos públicos" con la "única finalidad de financiar, sufragar o facilitar" la convocatoria y celebración del 9-N y del 1-O "es lógico concluir" que dicha conducta deba ser considerada comprendida en el ámbito de aplicación de la norma y, por consiguiente, "amnistiada por imperio de la ley". "Por el contrario, la conducta no se considerará susceptible de ser amnistiada cuando, al margen de la voluntad o ánimo de conseguir la celebración de las consultas, el responsable del delito persiguiera, asimismo, la consecución de otras finalidades de carácter económico o patrimonial", concluye el fiscal general del Estado.

Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno, cuya interpretación es a ojos de García Ortiz contraria a la "voluntad del legislador", siempre han mantenido una posición dura en todo lo relativo al procés. Los cuatro mantuvieron hasta el final la acusación de rebelión, un delito que el Alto Tribunal terminó descartando en su sentencia final. Y los tres primeros se mostraron en febrero a favor, al igual que la gran mayoría de miembros de la Junta de Fiscales del Supremo, de que se investigase a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami. Al final, la diferencia de criterios entre Cadena y el otro fiscal jefe de lo Penal hizo que el asunto terminase en manos de la número dos de la carrera, que acabó informando en contra de la investigación. Una causa que, sin embargo, el Alto Tribunal al final abrió.

Los fiscales del procés han provocado no pocos quebraderos de cabeza a García Ortiz en los últimos meses. Uno de ellos, derivado de la polvareda que generó en octubre la inclusión del término lawfare en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. Los cuatro exigieron al jefe del Ministerio Público que se pronunciase "públicamente en defensa de la institución". El fiscal general del Estado evitó, en un primer momento, pronunciarse, lo que llevó a dieciocho fiscales del Supremo a acusarle de "ignorar deliberadamente" la petición. Al final, el Consejo Fiscal otorgó amparo a todos los aquellos que actúan o han actuado en causas relacionadas con el procés. Ahora bien, García Ortiz negó cualquier pronunciamiento sobre la amnistía para no "interferir" en el legislativo.

Junta de Fiscales de Sala

Una medida de gracia que acaba de provocar la enésima guerra en la Fiscalía. Los cuatro del procés no están dispuestos a acatar la orden dada por el jefe. De ahí que, tras conocer el decreto, hayan decidido activar el artículo 27 del Estatuto. Dicho precepto permite forzar la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala cuando un miembro del Ministerio Público no esté de acuerdo con una orden dada por el superior jerárquico. El encargado de invocar dicho artículo, en nombre de los cuatro, ha sido el fiscal Javier Zaragoza, un histórico de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que decidió romper con la asociación profesional hace justo un año. El cónclave, que se espera intenso, ha quedado fijado para el próximo martes.

La Junta de Fiscales de Sala es el máximo órgano consultivo de la carrera y se encarga de asesorar a García Ortiz en materia doctrinal y técnica. Una cúpula fiscal de la que forman parte 38 miembros del Ministerio Público al más alto nivel y que se pronunciará tras haber estudiado los argumentos del jefe y de sus cuatro compañeros. Entre ellos hay un nutrido grupo de fiscales de perfil progresista –desde Teresa Peramato a Luis del Río–, pero también de corte conservador –desde José Miguel de la Rosa hasta Francisco Jiménez-Villarejo– y otros tantos que no pertenecen ni están vinculados a ninguna de las asociaciones profesionales. En definitiva, sostienen algunas fuentes consultadas, el reparto está "bastante equilibrado".

Jordi Sànchez no se acogerá a la Ley de Amnistía y confía en el TEDH

Ver más

Pero lo cierto es que el perfil de los fiscales adelanta más bien poco. No sería raro que alguno de los considerados progresistas acabase apoyando las tesis de los fiscales del procés, o que alguno de los conservadores se alinease con García Ortiz. La reunión, por tanto, puede acabar retratando una Junta de Fiscales de Sala partida en dos. Ya ocurrió a finales de abril, cuando el órgano se reunió para tratar la respuesta que se debía dar a la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos después tras las diferencias entre la encargada del caso y la número dos del Ministerio Público. Diecinueve integrantes de la cúpula se mostraron partidarios de rechazar la querella y doce se posicionaron a favor de la admisión.

De todos modos, sea cual sea el resultado final de la votación el próximo martes, quien tendrá la última palabra será García Ortiz. Al fin y al cabo, el artículo 27 establece que es él quien resuelve tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala. Y deja claro que el superior puede ratificarse "en sus instrucciones". En caso de hacerlo, tiene que ser "por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento" o bien encomendando a otro fiscal "el despacho del asunto al que se refiera".

La posición que finalmente mantenga el Ministerio Público marcará, con toda probabilidad, el camino a seguir en otras tantas causas vinculadas al procés en las que está sobre la mesa la malversación. Una de ellas es la que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó –así como contra Natàlia Garriga, aunque en su caso solo por desobediencia–. Sin embargo, dicho delito también colea, según datos del Ministerio Público, en procedimientos que siguen vivos en la Audiencia de Barcelona y en juzgados de la Ciudad Condal, Martorell o Mataró. En total, la Fiscalía estima que la amnistía puede afectar a 486 personas.