La Fiscalía decreta el archivo de las tres investigaciones que mantenían abiertas sobre el rey emérito Juan Carlos de Borbón y su fortuna poniendo fin así a los dos años de investigación de Anticorrupción y del Tribunal Supremo. Los dos decretos de archivo constatan numerosas irregularidades tanto en las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.
El archivo de las tres líneas llega en forma de dos decretos (el 40/2020 y el 44/2020) firmados por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien tomó el relevo en solitario de las pesquisas después del fallecimiento de quien fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, según informa Europa Press.
Según explica en el más extenso de los dos, el objeto de la primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes. Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I sería su titular real.
El Ministerio Público indica que en relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña LUCUM, en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces lo que el Código Penal establece como umbral del delito. Recuerda que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. Y que aunque la de 2012 no está prescrita no sería susceptible de reproche penal porque hasta el 19 de junio de 2014 estaba protegido por la inviolabilidad.
Por otro lado, indica que la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64,8 millones y la adjudicación del AVE por lo que no puede decir que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna. Así, indica que se trataría de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado de Juan Carlos I en 2008, y por lo tanto era susceptible de integrar el delito de cohecho, aunque este posible delito estaría claramente prescrito.
El decreto de archivo referente a Lucum y el AVE a La Meca analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por las operaciones financieras y societarias que realizó el emérito entre 2008 y 2012 tras recibir los 64,8 millones de euros. Pero la Fiscalía indica una vez más que los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el Código Penal como delitos contra la Hacienda Pública habrían cesado en 2012, cuando Juan Carlos I era inviolable.
Las donaciones de Sanginés
La Fiscalía sostiene que entre 2016 y 2019 el amigo del emérito Allen Sanginés Krause ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias -de su titularidad directa o indirecta a través de la sociedad Pretorian Prevention SA- a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey. Según consta en uno de los decretos, el importe total de estas transferencias -que asciende a 516.606 euros- "ha sido destinado al abono de gastos particulares de Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo".
Además, Sanginés Krause ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el rey emérito, así como por sus familiares o allegados. La Fiscalía también apunta que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.
Según los fiscales, "no hay constancia de contraprestación". Se trata de "actos unilaterales efectuados a título lucrativo" y que, por tanto, "son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones" regulados por la ley. Precisan que "cada donación debe ser declarada con independencia del resto". Recuerda que el impuesto se devenga el día en que se causa o celebra el acto o contrato y que el plazo de presentación de la declaración es de 30 días hábiles.
En diciembre de 2020 el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones con el siguiente detalle: cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía "a las donaciones de Allen Sanginés Krause".
Indica que, según los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, "la autoliquidación no es correcta" porque, entre otras cosas, aplicó la escala a la suma de las bases imponibles de todas las donaciones en lugar de haber liquidado cada una de ellas aplicando el tipo marginal de gravamen. De ahí que "ingresase cuotas más altas de las que corresponden". Asegura que las donaciones de Sanginés y la posterior declaración no representan un delito contra la Hacienda Pública. "La cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo", señalan los fiscales.
"Conexión indudable" con el dinero en paraísos fiscales
La tercera línea de investigación es la referida a los fondos ocultos en paraísos fiscales. Estas pesquisas comenzaron el 19 de octubre de 2020 por un informe del SEPBLAC donde alertaba de la existencia del trust JRM, constituido en 2004 en Jersey por Joaquín Romero Maura por 10,2 millones de euros si bien apuntaba a "ciertos indicios de que el propietario último de los fondos del truts podría ser Juan Carlos de Borbón".
El SEPBLAC señalaba entre esos indicios que el dinero con el que Maura creó The JRM procederían de la liquidación el 9 de marzo de 2004 de otros dos trusts de los que el antiguo monarca "habría sido beneficiario hasta su disolución": Tartessos y Hereu, constituidos también en Jersey en 1995 y 1997, respectivamente, por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, "persona muy próxima" al rey emérito.
Luzón afirma en su decreto que los fondos con los que se creó JRM, "tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español", si bien al mismo tiempo explica que "lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho 'trust' en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación" entre ese dinero y Don Juan Carlos.
Añade, "desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos". "En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", precisa.
Indica que desde que el emérito abdicó y perdió la inviolabilidad "las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".
Recibió como "regalo" tres armas de fuego a través de la Fundación Zagatka
La Fiscalía del Tribunal Supremo también detalla en uno de los decretos por los que archiva las diligencias de investigación contra Juan Carlos I que el rey emérito recibió como "regalo" tres armas de fuego, valoradas por un importe total de 101.636 euros, a través de la Fundación Zagatka, en la que llegó a figurar como beneficiario el propio rey emérito.
En uno de los dos decretos hechos públicos este miércoles consta "la adquisición y pago de tres armas de fuego, idénticas entre sí", con la descripción "escopeta superpuesta Eder Titanio calibre 12 cañón 72 cms". El Ministerio Público precisa que, según los datos facilitados por la Fiscalía de Suiza, las citadas armas fueron fabricadas por Kemen Armas, SL y el precio unitario de cada arma fue de 27.999 euros más IVA, para un total de 101.636 euros.
El importe de esta adquisición por parte de Zagatka se verificó mediante una transferencia de 102.000 euros realizada en junio de 2018 a una cuenta de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, desde la que se abonaría el importe exacto. "La factura fue emitida por el armero a nombre del Sr. Orleans, el cual se las regaló a S.M. D. Juan Carlos de Borbón, es decir, al contrario que el resto de las prestaciones patrimoniales sufragadas por la fundación Zagatka, esta tuvo el carácter de una donación", señala el decreto, que especifica que las escopetas se utilizaban específicamente para la caza.
El Ministerio Público analiza los fondos de esta fundación titulada por el propio Orleans, y apunta que "no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas" de esta fundación, "ni los gastos y pagos efectuados". Sin embargo, explica que "la información bancaria recibida a través de la Fiscalía del Cantón de Ginebra", así como el contenido de las declaraciones tributarias del rey emérito, han permitido establecer que entre 2014 y 2018 Zagatka abonó "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos, entre otros originados por Juan Carlos de Borbón y Borbón, así como sus familiares y allegados".
En este contexto, y aunque la investigación desarrollada por la Fiscalía "no permite ejercitar acción penal alguna" contra el que fuera jefe del Estado, el Ministerio Público considera "relevante señalar que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros correspondientes a las cuotas tributarias adeudadas" por el emérito a la Hacienda Pública, "incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora".
Sobre las regularizaciones
Y en lo referido a las referidas declaraciones tributarias que el monarca realizó, la Fiscalía asegura que "es evidente que no existió notificación alguna por parte de la Agencia Tributaria sobre el inicio de actuaciones de comprobación e investigación abiertas en relación con los hechos objeto de las presentes diligencias de investigación".
Tampoco hubo una denuncia o una querella interpuesta por las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía. En concreto, las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.
En esta línea, el decreto sostiene que las notificaciones de incoación de diligencias que fueron comunicadas al emérito "no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias" en tanto que el propio Ministerio Público "no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias" por parte de Juan Carlos I.
Todos somos Hacienda (menos el emérito)
Pese a ello, sí que se produjo por parte del rey Juan Carlos I "el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria". Así, y "toda vez que el investigado no tuvo el conocimiento formal previo a la presentación de las declaraciones tributarias complementarias, tales declaraciones gozan de eficacia exoneradora de la responsabilidad penal", apunta el decreto.
El abogado de Juan Carlos I comunicará la próxima semana "las decisiones que pueda tomar"
El abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha anunciado este miércoles que valorará "la próxima semana" la decisión de la Fiscalía al tiempo que se hará "eco igualmente de las decisiones que pueda tomar" Juan Carlos I, quien ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a España. A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la representación del monarca ha explicado que debe estudiar los decretos por los que el fiscal Alejandro Luzón ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que se mantenían abiertas sobre la fortuna del emérito.
Aquí puedes consultar los documentos publicados este miércoles por la Fiscalía:
La Fiscalía decreta el archivo de las tres investigaciones que mantenían abiertas sobre el rey emérito Juan Carlos de Borbón y su fortuna poniendo fin así a los dos años de investigación de Anticorrupción y del Tribunal Supremo. Los dos decretos de archivo constatan numerosas irregularidades tanto en las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.