La Fiscalía Anticorrupción ha archivado sin investigar la denuncia que Más Madrid presentó el pasado septiembre, donde le pedía que emprendiera acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid.
En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y al que ha tenido acceso infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la citada empresa, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo, rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.
La teniente fiscal sustenta el archivo en que las donaciones de los padres de Díaz Ayuso se realizaron “dos meses antes” de que se produjera el impago del préstamo, el 15 de diciembre de 2011. El aval había sido concedido el 15 de marzo de ese año. Según argumenta, la jurisprudencia requiere que el crédito sea “vencido, líquido y exigible”, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo deja claro en un buen número de sentencias que “es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes”, como consta, por ejemplo, en tres de sus pronunciamientos de 2002, 2005 y 2019. Además, asegura la Fiscalía que para que se produzca ese delito no deben “quedar bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito”.
Y ése es precisamente el caso de MC Infortécnica SL, que sigue debiendo a Avalmadrid 270.000 euros de los 400.000 que le aprobaron porque la sociedad de garantías sólo pudo ejecutar la garantía hipotecaria de una nave situada en Sotillo de la Adrada (Ávila), pero no consiguió embargar los inmuebles propiedad de los avalistas –los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios– porque éstos ya los habían cedido a sus hijos o vendido a terceros.
Siete años sin actuar no es administración desleal
A su vez, no pudieron embargar estas propiedades porque Avalmadrid tardó demasiado tiempo en actuar. La teniente fiscal desecha también que esa falta de diligencia de la sociedad de garantías constituya un delito de administración desleal, porque hubo “acuerdos” para “ejecutar el crédito debido”, se cedió la ejecución a Cobralia y esta empresa subcontratada por Avalmadrid presentó una demanda para embargar la nave de Sotillo de la Adrada. Según el ministerio público, para que exista administración desleal la empresa semipública debería haber actuado “en beneficio propio o de un tercero” y haber causado un “perjuicio patrimonial”. Igualmente esgrime que no puede hablarse de que exista una “voluntad” de la sociedad de garantías de abandonar el cobro de la deuda de MC Infortécnica, puesto que aún tiene pendiente su reclamación a los avalistas.
Sin embargo, lo cierto es que Avalmadrid fue de todo menos diligente en el recobro de la deuda de MC Infortécnica SL. De hecho, lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo de su comité de morosidad, que decidió en abril de 2012 embargar los bienes de los ocho socios de esta empresa. Tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó el expediente a Cobralia, la empresa de cobros a la que tenía subcontratada, que finalmente inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave abulense. Ya en ese momento, siete de los 14 inmuebles presentados por éstos para garantizar su solvencia cuando solicitaron el aval habían cambiado de titular a través de donaciones o ventas. No quedan más bienes que embargar. Como queda dicho, la entidad semipública sólo pudo quedarse con la nave de Sotillo de la Adrada, por lo que la deuda aún vigente es de 270.000 euros. Y como una parte fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por CersaCersa, la sociedad pública de reafianzamiento, esa cantidad terminará siendo abonada por los contribuyentes. Es decir, sí se ha producido un daño patrimonial.
La fecha de los correos de Ayuso
Por último, la Fiscalía rechaza que las gestiones realizadas por Isabel Díaz Ayuso constituyan un delito de tráfico de influencias porque los correos electrónicos aportados por Más Madrid en su denuncia son “todos ellos anteriores” a la fecha en que la hoy presidenta de la Comunidad consiguió su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011. Sólo en ese momento Díaz Ayuso pasa a tener la consideración de “autoridad” para el Código Penal y puede cometer un delito de tráfico de influencias de acuerdo con su artículo 428. Sin embargo, también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembre también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembrede ese año. En ellos, Díaz Ayuso pedía a un directivo de Avalmadrid, cuyo contacto le había proporcionado Eva Piera, viceconsejera de Economía y expresidenta de la sociedad de garantías, información confidencial sobre las empresas propiedad de los socios de sus padres en MC Infortécnica SL. Para la teniente fiscal, los datos solicitados por Díaz Ayuso no son “información privilegiada” puesto que “no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo”, sino que se pueden obtener a través de internet o en el Registro Mercantil.
En realidad, la entonces diputada autonómica del PP sí pidió información que no puede encontrarse ni en la Red ni en el Registro: además de la facturación y la deuda, que sí pueden conseguirse en internet y en el Registro Mercantil, preguntó quiénes eran los clientes de las empresas de esos tres matrimonios –información confidencial–,de los que sospechaba que estaban vaciando MC Infortécnica SL y desviando activos a otras empresas suyas y de sus hijos.
La Fiscalía asegura también que de los correos aportados no puede concluirse que Díaz Ayuso ejerciera “presión o sugestión” alguna sobre sus interlocutores. Sin embargo, los correos electrónicos muestran que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madridcomo si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, la teniente fiscal dice desconocer la identidad del “influido”, del directivo de Avalmadrid. Una identidad que ha decidido dejar sin investigar.
Una vez archivada la denuncia, Belén Suárez Pantín informa a Más Madrid de que puede recurrir a los tribunales para interponer una querella. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre [que se pueden consultar aquí y aquí]. ________________________________
A continuación puedes consultar el texto íntegro de la Fiscalía mediante el cual archiva la denuncia:
Escrito de la Fiscalía que archiva la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso y Avalmadrid by infoLibre on Scribd
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado sin investigar la denuncia que Más Madrid presentó el pasado septiembre, donde le pedía que emprendiera acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid.