La Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta directamente al expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y a otros miembros de su equipo de gobierno como responsables directos del gasto de cerca de 5 millones de euros de dinero público destinado para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, detalla en su informe final, al que ha tenido acceso Europa Press, hasta un total de diez partidas, tales como el registro de la web para la votación, adquisición de material o campaña de publicidad del 9-N, con las que se ocasionó un perjuicio de 4.995.918 millones de euros a los caudales públicos.
Por ello pide que se indemnice a la Generalitat con casi el total de esa cuantía, además del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) con 20.214 euros; al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con 28.915 euros y al Estado con 11.785 euros. En su desglose de partidas atribuye un gasto de 74,05 euros para el registro de una web institucional; 163.953 euros para la fabricación del material que se empleó en la consulta; 2.800.000 euros para la adquisición de ordenadores utilizados en las mesas de votación y 806.000 euros en campaña de publicidad.
Respecto a este punto el informe recoge que la primera factura asociada a este gasto, de 11.785 euros, fue satisfecha mediante transferencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno, bajo el concepto de 'ICO', provocando un "quebranto" a los fondos públicos estatales.
El escrito recoge además el desvió de 1.409.000 euros para la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la consulta; 727,600 euros para elaborar el soporte necesario; 307.962 euros dedicados al envío de información; 144.244 euros para el centro de prensa y dos contratos para el diseño y producción de campaña por importes de 21.767 euros cada uno.
El fiscal sitúa tanto a Mas como a otros miembros de su equipo de gobierno en la dirección de la planificación de la consulta y añade que todos ellos trataron "por todos los medios" de dificultar las acciones que pudiera llevar a cabo el Ejecutivo central dirigidas a evitarla, pese a que era "muy evidente" que sabían que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.
Mantener los embargos
Por ello pide al Tribunal de Cuentas que ratifique la fianza de 5,2 millones de euros depositada para cubrir los gastos para la consulta independentista, de la cual 2,9 millones fueron abonados por la entidad soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el resto corresponde al embargo de las viviendas de Mas y otros acusados.
El fiscal apunta en su informe que el objetivo ahora es examinar las consecuencias económicas del 9N y que, al margen de "los esfuerzos discursivos" de la Generalitat sobre la consulta, "lo cierto y verdad es que la realidad de los hechos y las finalidades perseguidas han sido tan clamorosas que no requiere elaboradas construcciones doctrinales para poner de manifiesto que lo pretendido por la Generalitat resultaba ostensiblemente contrario a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al resto de ordenamiento jurídico".
La Fiscalía imputa una responsabilidad contable directa para Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por no solo participar sino también dirigir todos los actos posibles para poder llevar a cabo la consulta. Por estos hechos, juzgados por vía penal, Homs fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación, mientras que Mas y las dos exconsejeras a dos años y un año y nueve meses de inhabilitación, respectivamente, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En lo que respecta a Artur Mas, la Fiscalía detalla que es la autoridad que aprueba todos los gastos inherentes al 9-N de acuerdo con lo estipulado en el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación de Cataluña, que él mismo firmó. Añade que, pese a su suspensión por el tribunal de garantías, Mas continuó derivando estos gastos a la Generalitat logrando así "imponer su voluntad".
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De Ortega, responsable del Departamento de Gobernación en el momento de los hechos, dice que, lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales para evitar que la consulta no se sufragara con fondos públicos, "continuó impulsando la asunción de gastos" vinculados a la misma, mientras que de Homs apunta que su conducta fue "decisiva" para impulsar la "maquinaria administrativa" dirigida a proveer de medios necesarios para el acto.
Se refiere a la orden que dio el exconsejero de Presidencia a T-SYSTEMS, la empresa que iba a prestar el apoyo informático de la jornada, de continuar con los preparativos pese a que esta avisó por carta al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) de que era conocedora de la suspensión del TC. En lo que respecta a Rigau, la Fiscalía le atribuye la autorización firmada para el pago de 7.000 ordenadores vinculados "necesaria e indudablemente" al 9-N ya que tenían por finalidad proveer de recursos informáticos a las mesas electorales.
La Fiscalía precisa que, aunque estos cuatro son responsables directos de los hechos, existen otros altos cargos de otros departamentos que, por ser titulares de órganos de contratación o por encargarse de la supervisión de los expedientes de contratación, posibilitaron la salida de fondos públicos, como Lluis Beltrán i Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo, Jordi Vilajoana, Ignaci Genovés y Teresa Prohías.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta directamente al expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y a otros miembros de su equipo de gobierno como responsables directos del gasto de cerca de 5 millones de euros de dinero público destinado para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.