El Ministerio Público mueve ficha en relación con la tragedia vivida en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Con la polémica por las declaraciones del Gobierno madrileño aún caliente, la Fiscalía General del Estado ha dado dado orden a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escuchen a las familias. La instrucción insufla un aire de esperanza a todos aquellos que perdieron a un ser querido en los geriátricos de todo el país. Cónyuges o hijos que ven en este movimiento un cambio de actitud. Primero, por el interés a la hora de componer un dibujo exacto de la situación en toda España. Pero, fundamentalmente, por la importancia que se da a los familiares tanto en las pesquisas que se lleven a cabo como en los procedimientos judiciales.
La orden a todo el estamento se dio este jueves a través de un oficio [puedes consultarlo aquí] firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. "La trascendencia de los hechos y su resultado, así como el hecho de que los mismos afecten a personas especialmente vulnerables, exigen del Ministerio Fiscal una posición particularmente proactiva en el procedimiento", recoge el documento. Es la segunda vez que el órgano dicta una instrucción relativa a lo sucedido en estos centros en lo que va de año. Ya lo hizo el pasado mes de febrero la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Entonces, el paso se dio después de que Amnistía Internacional denunciase la "deficiente" investigación sobre las muertes de residentes durante los momentos más negros de la pandemia. Ahora, la orden llega con las polémicas declaraciones del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, como telón de fondo.
Ambos movimientos, sin embargo, presentan diferencias importantes. Primero, en el ámbito de actuación. Delgado únicamente solicitó información relativa a los casos en la Comunidad de Madrid, Barcelona y Ciudad Real, unos datos que el Ministerio Público rechaza facilitar a este periódico alegando que están desactualizados. Pero el actual fiscal general, Álvaro García, quiere una fotografía lo más exacta posible del estado de la cuestión en todo el país. Por eso, ha ordenado que en el plazo de un mes todos los territorios remitan a la Fiscalía General del Estado el "número de diligencias de investigación en tramitación", la cifra de denuncias o querellas interpuestas por el Ministerio Público en lo que va de año –con copia de las mismas– y la cantidad de procedimientos judiciales en tramitación. Información que se deberá actualizar "trimestralmente".
Pero, sobre todo, pretende dar voz a las víctimas y a sus familias. Así, mientras los de Delgado se centraban únicamente en los datos de esos tres territorios, el actual escrito exige a los fiscales superiores que se muevan para garantizar que los familiares "sean oídos en las diligencias de investigación" o que siempre se pida su declaración en los procedimientos judiciales en curso. En su informe de finales de enero, Amnistía Internacional avisaba sobre esta falta de escucha por parte del Ministerio Público en sus pesquisas. Según sus datos, solo en Madrid y Barcelona se habrían dado carpetazo a las diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares. "Dan mucha importancia al hecho de ser escuchadas en la investigación y poder aportar toda la información relevante", resaltaban desde la organización.
El oficio no se queda ahí. También exige que se garantice que los fiscales asistan en las causas judicializadas "a la toma de declaración de los familiares" y de "las personas investigadas", así como "a todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia en el proceso". Algo que no ocurre siempre. Ahí está el caso de la residencia Elder, en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), donde se investigaban presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro y que fue archivado por el juez al considerar que todo "obedeció a un cúmulo de circunstancias desafortunadas" –carpetazo confirmado luego por la Audiencia Provincial–. Un procedimiento en el que, según desveló infoLibre, la fiscal no planteó ninguna actuación instructora en un año ni acudió a la declaración del único investigado o de dos testigos clave porque "estaba de vacaciones".
"Un giro de ciento ochenta grados"
A Miguel Vázquez, portavoz de la asociación Pladigmare y de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, le resulta sorprendente que el Ministerio Público tenga que recordar a sus integrantes que deben hacer su trabajo. "Igual es porque no se había hecho hasta ahora", reflexiona. Fuentes fiscales consultadas por este diario, sin embargo, aseguran que este punto no se ha incluido en el oficio porque hayan apreciado que los miembros de la Fiscalía no estén siendo "proactivos" en todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia. Reconocen haberse enterado por la prensa de algún caso que puede dejar entrever cierta inactividad, pero no creen que sea algo que vaya más allá de un hecho aislado.
Los diferentes colectivos de familiares ven con buenos ojos el movimiento. "Supone un giro de ciento ochenta grados respecto de la actitud que venía manteniendo la Fiscalía General del Estado", apunta Vázquez al otro lado del teléfono. Algo con lo que coincide Mariví Nieto, de Marea de Residencias. La portavoz del colectivo califica como "esperanzador" el oficio, que les lleva a pensar en un "cambio" de rumbo que permita "impulsar" las causas y las investigaciones. Sin embargo, se muestra cauta después de dos años y medio en los que, considera, los fiscales "no han hecho nada". "No han investigado, no han acudido a las testificales, no se han pronunciado en algunos casos a favor de desestimar querellas de las familias. Nos hemos sentido tan abandonados, tan vendidos...", apunta Nieto.
¿Qué pasa con los casos 'cerrados'?
La Justicia madrileña tiene abiertas más de 70 causas por muertes en residencias durante la pandemia
Si todo marcha según lo previsto, el nuevo fiscal general del Estado debería tener sobre la mesa a comienzos de noviembre una fotografía fija de las pesquisas y denuncias o querellas del Ministerio Público, así como de los procedimientos judiciales activos. Desde Amnistía Internacional, sin embargo, se muestran preocupados por el hecho de que solo se soliciten datos relativos a 2022. "Muchas denuncias se archivaron el año pasado y corresponden a los peores momentos de la pandemia", ha aseverado en sus redes sociales la organización, que cree que la iniciativa del Ministerio Público es buena pero "insuficiente". Al ser cuestionadas justamente por este extremo, las fuentes fiscales aseguran que del año anterior tienen "información recopilada". "Es algo que se lleva haciendo desde el principio", resaltan.
Según el artículo 25 del estatuto orgánico de la carrera, los miembros del Ministerio Público deberán poner en conocimiento de su fiscal general aquellos hechos que "deba conocer" dada su "importancia o trascendencia". "Es para que los pueda ver y para que se mantenga un principio de unidad", señalan fuentes fiscales. Ahora bien, tanto los familiares como Amnistía Internacional se preguntan qué va a pasar cuando se haya recopilado la información. En concreto, ponen el acento en aquellas investigaciones a las que se dio carpetazo antes del oficio de García sin ni siquiera hablar con las familias. "Es necesario reexaminar y valorar si algunos casos archivados deben reabrirse", sostiene la organización. "Se deberían reabrir todos", asevera el portavoz de Pladigmare.
Las fuentes fiscales consultadas no cierran a la puerta a la posibilidad de que pueda haber reaperturas. Eso sí, no parece que se vaya a hacer de forma masiva y automática. Es decir, no se van a reabrir los casos solo por el hecho de que no se haya tomado declaración a un hijo o un cónyuge. "Es algo que dependerá de cada una de las fiscalías. Si consideran que hay testigos o allegados importantes con los que no se ha hablado, puede que se reabra el asunto y se tome esa declaración. Pero hay que ir caso a caso, es algo que depende de cada uno de ellos", apuntan las fuentes fiscales pulsadas.
El Ministerio Público mueve ficha en relación con la tragedia vivida en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Con la polémica por las declaraciones del Gobierno madrileño aún caliente, la Fiscalía General del Estado ha dado dado orden a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escuchen a las familias. La instrucción insufla un aire de esperanza a todos aquellos que perdieron a un ser querido en los geriátricos de todo el país. Cónyuges o hijos que ven en este movimiento un cambio de actitud. Primero, por el interés a la hora de componer un dibujo exacto de la situación en toda España. Pero, fundamentalmente, por la importancia que se da a los familiares tanto en las pesquisas que se lleven a cabo como en los procedimientos judiciales.