La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que, entre otros, se dirige contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.
El motivo, según ha adelantado el diario El País, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión".
En ese extenso informe, recogido por Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves de Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio actual de Mercamadrid", señalaba la denuncia.
Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".
Daño patrimonial de 11 millones
Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó el concejal.
En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. "En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad", señalaba el documento.
Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.
Dancausa no comparte la decisión de la Fiscalía
Por su parte, Dancausa no comparte la decisión que ha tomado la Fiscalía contra el Consejo de Mercamadrid cuando ella estaba en el mismo y ha defendido su actuación en esta empresa avalada por informes jurídicos y económicos.
En un escueto comunicado, Dancausa ha aclarado que en "ningún caso" ha sido "encausada por fraude" sino que la Fiscalía "lo que hace es dar traslado para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid".
"Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid no la comparto en absoluto. Nos obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor", ha señalado.
Asimismo, en relación con esta operación, se ha ratificado en las declaraciones que hizo cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar la denuncia. "El origen de esta operación se remonta a 2001. Las actuaciones de las que estamos hablando contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración", ha dicho.
Por último, ha querido dejar claro que el objetivo de la gestión que se realizó en Mercamadrid durante el año y medio que fue presidenta fue "velar por el mejor interés de la empresa en un momento muy complicado", puesto que estaban "sufriendo el efecto de los peores momentos de la crisis".
Dancausa en Mercamadrid
Fuentes próximas a la actual delegada de Gobierno han recordado que en 2013 Dancausa ocupaba la presidencia del Consejo de Administración pero no desempeñaba funciones ejecutivas, "como es habitual en los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento de Madrid".
Del mismo modo, han señalado que la operación consistió en llegar a un acuerdo que "fuera viable" para los intereses de Mercamadrid en un conflicto originado en 2001. Para ello, con los informes favorables correspondientes del Secretario General del Consejo de Administración, a su vez letrado asesor del mismo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se concluyó en una propuesta de transacción.
Esta propuesta consistía en que unas naves construidas por Merca Ocio en la superficie cedida en su día por Mercamadrid a tales efectos pasarán a disposición de esta última empresa mediante un contrato de alquiler con la finalidad de que fueran subarrendados por Mercasa.
El destino final de esta operación era que Mercasa pudiera utilizar las naves para su proyecto Mercaorigen. Con esta operación, indican las mismas fuentes, se eliminaba el riesgo de las demandas pendientes por importe de 8 millones de euros; se daba uso económico a unas naves que ya existían y se dotaba a Mercamadrid de un nuevo factor de competitividad, con unos precios adecuados al mercado.
Esta operación fue aprobada en el Consejo de Administración del 16 de octubre de 2013, por 18 votos a favor, incluida la representación de Mercasa, ninguno en contra. Además, apuntan que las auditorías realizadas, tanto la externa, como las internas realizadas por la Intervención General del Ayuntamiento, "no pusieron ningún reparo a la operación".
El contrato de alquiler entre Mercamadrid y Merca Ocio se firmó el 28 de noviembre de 2013. "Posteriormente a la aprobación de la operación y a la firma del contrato, en la Comisión Eejcutiva de 5 de diciembre de 2013, Mercasa plantea, sorpresivamente, que para que su inversión fuera rentable, la concesión del Ayuntamiento a Mercamadrid debería extenderse más allá de la fecha establecida, que era enero de 2032", han señalado.
Así, ha defendido que desde aquel momento, el "empeño" de la Presidencia de Mercamadrid "fue buscar soluciones para dar viabilidad a la condición planteada por Mercasa".
Mercasa es una de las empresas que se han registrado en el marco de la Operación LezoOperación Lezo, que se ha saldado con la detención y entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. También se ha detenido y está en la cárcel su hermano, Pablo González, directivo de Mercasa hasta hace unos días, cuando, tras el estallido de la operación, procedieron a cesarle.
"Alguien debe pensar en dimitir"
Citan a declarar en julio al hermano de Ignacio González por el 'caso Mercamadrid'
"La Fiscalía encausa por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid. Creo que alguien debe pensar en dimitir", ha opinado Sánchez Mato en Twitter. No ha sido el único edil de Ahora Madrid en pronunciarse a través de esta vía. Así, la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha explicado que se siguen levantando alfombras después de que hace un año llevasen a la Fiscalía la "ruinosa operación inmobiliaria en Mercamadrid".
El consejal de Centro y Chamberí, Jorge García Castaño, ha destacado que con Ahora Madrid Mercamadrid bate récords de crecimiento, mientras que con el PP fueron "años y años sumido en la corrupción". El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha arremetido contra el "desprecio por lo público y la pésima gestión" al haber cedido terrenos municipales para acabar pagando 41.500 euros al mes al beneficiario hasta el año 2032. El edil de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, ha indicado que "no es Aguirre, es el PP".
La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que, entre otros, se dirige contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.