La investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha presentado una querella contra el juez Francisco Serrano por un posible fraude de subvenciones, acredita que tanto el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta como su socio empresarial emplearon dinero de la ayuda pública de 2,48 millones concedida por el Ministerio de Industria en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios", conceptos sin relación "con la finalidad" para la que fue concedida la subvención, que era la construcción de una fábrica de pellets (combustible a base de madera) en Niebla (Huelva).
La cuantía dedicada a estos fines ajenos por completo a la fábrica asciende a 438.000 euros, según la Fiscalía. Pero el Ministerio Público no se queda ahí. Considera que la apropiación afectó a toda la ayuda pública. Serrano y Enrique Pelegrín, fundadores de la empresa Bio Wood Niebla, se apropiaron "en su beneficio" del "importe total del préstamo recibido", según el decreto de la Fiscalía que recoge el acuerdo de la interposición de la querella criminal, firmado el 26 de junio de 2020, al que ha tenido acceso infoLibre. Este periódico trató de recabar la versión y respuestas de Serrano y Pelegrín, sin éxito.
El escrito confirma hitos desvelados por la investigación desarrollada por este periódico, que dio origen a la denuncia del vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, ante el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que a su vez inició unas pesquisas que acabaron en la Fiscalía de Sevilla, primero, y después en la Fiscalía Superior, por ser Serrano aforado [ver aquí el dosier del caso y aquí las preguntas todavía pendientes de respuesta por parte de Serrano]. Pero además el escrito de la Fiscalía, con el que finaliza esta primera fase de la investigación, salpica los hechos ya desvelados por valoraciones jurídicas, al tiempo que añade hechos nuevos, como el gasto de 438.000 euros en operaciones sin relación con el proyecto financiado por Industria.
La "firma electrónica" de Serrano
Serrano y Pelegrín, según la Fiscalía, "se concertaron" en 2016 "con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria. Con dicha "finalidad defraudatoria", Serrano y Pelegrín constituyeron el 30 de marzo de 2016 la empresa Bio Wood Niebla SL ante el notario Álvaro Sánchez Fernández, haciendo constar "aportaciones no dinerarias inexistentes", señala el escrito. Se refiere la Fiscalía a un secadero para biomasa supuestamente aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras supuestamente aportadas por Pelegrín. En realidad, nunca fueron aportadas, como confesó el propio Serrano. Presentaron unas facturas proforma, dadas por buenas por en la notaría.
Tras la constitución de la empresa, pidieron la ayuda al ministerio el 31 de mayo, "con firma electrónica" del propio Serrano. La solicitud de la ayuda lleva la firma del juez. La ayuda fue concedida el 24 de noviembre. Venía de camino el dinero del préstamo, que ya nunca regresó. La fábrica para la que fue concedida no culminó.
Dinero en la cuenta de Serrano
El traspaso del dinero se realizó el 22 de diciembre de 2016, ingresándose en la cuenta de Serrano en la entidad Targo Bank, según la Fiscalía. La cuenta fue cancelada el 20 de marzo de 2017, "habiéndose transferido previamente sus fondos a cuentas abiertas a nombre de Bio Wood Niebla SL" en la entidad Ibercaja Banco. El 8 de febrero de 2017 fueron a parar 1,4 millones a una cuenta; el 16 de marzo, 651.000 euros a otra. En total, más de 2 millones.
"El dinero restante (438.000) del préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Bio Wood Niebla SL fue empleado por los querellados en diversas operaciones (préstamos a terceros; retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios; etc), ninguna de ellas relacionada con la finalidad para el que fue concedido", indica el decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía.
Los hechos culminan con los querellados "habiéndose apropiado en su beneficio" del "importe total del préstamo recibido", según la Fiscalía. Es una afirmación muy dura. No obstante, este decreto no es la conclusión de la investigación. Será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que continúe con la instrucción, antes de un posible juicio, si lo hay. Queda trecho. Serrano, Pelegrín y, si los hubiera, otros sospechosos aún tienen opción de aclarar a qué fue dedicado el dinero. Hay una parte de la obra de la fábrica hecha en Niebla, aunque lejos de terminarse. El dinero nunca fue devuelto, agotados ya todos los plazos.
El escrito de la Fiscalía no alude al papel de un tercer participante en el proyecto, Javier López, al que Serrano ha citado como "promotor e ideólogo", pero que no participó directamente en la constitución de la sociedad ni en la solicitud de la ayuda. Fuentes del caso han indicado que no está descartado ampliar la investigación a otros sujetos. De momento, sólo hay dos nombres propios: Serrano y Pelegrín. La Fiscalía tampoco alude en este escrito al millón de euros enviado desde una segunda empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, a una cuenta de Ibercaja Banco a nombre de la sociedad extremeña de nueva creación Pellex Energía SL [ver aquí información en detalle].
"Indicios racionales"
Las fechas desmontan la coartada del juez Serrano, que siguió al menos nueve meses en la empresa tras conocer ilegalidades
El Ministerio Público considera que hay "indicios racionales" de que los hechos "presuntamente" constituyen un delito de fraude de ayudas públicas, tipificado en el artículo 308 del Código Penal. El decreto indica que los préstamos públicos tienen consideración de ayuda pública, sin necesidad de acudir a una interpretación "extensiva". Por todo ello se acuerda proponer a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, una querella contra Serrano y Pelegrín. Contra el decreto no cabe recurso.
Serrano, como adelantó este periódico [ver aquí], logró declarar durante la fase de investigación de la Fiscalía de Sevilla. Lo hizo a pesar de que, como aforado, no podía ser investigado, ni ofrecer declaración en calidad de tal. Fue el 2 de junio de 2020 en compañía de su abogado, como indica el decreto de la Fiscalía Superior. Su declaración no detuvo la maquinaria judicial.
El caso pasó de la Fiscalía de Sevilla a la Superior, que a su vez reclamó a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), que acreditara que Serrano es diputado autonómico. Así lo hizo el Parlamento. La Fiscalía recibió la notificación el 25 de junio. Al día siguiente, se firmó el decreto para la interposición de la querella de la Fiscalía contra el que aún figura como presidente del grupo parlamentario de Vox. El 1 de julio se hizo pública la presentación de la querella. Serrano anunciaba que dejaba Vox y la presidencia del grupo casi al instante, pero manteniendo su escaño y por lo tanto su condición de aforado. Ahora Serrano encara el camino de vuelta a los tribunales, pero ya no será en calidad de juez.
La investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha presentado una querella contra el juez Francisco Serrano por un posible fraude de subvenciones, acredita que tanto el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta como su socio empresarial emplearon dinero de la ayuda pública de 2,48 millones concedida por el Ministerio de Industria en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios", conceptos sin relación "con la finalidad" para la que fue concedida la subvención, que era la construcción de una fábrica de pellets (combustible a base de madera) en Niebla (Huelva).