La Fiscalía desmiente a Marlaska: la tragedia de Melilla ocurrió también "en territorio español"
Ni "tierra de nadie" ni "zona operacional conjunta". La tragedia de Melilla ocurrió también en suelo nacional. Así lo ha confirmado este viernes la Fiscalía al dar carpetazo a la investigación abierta el pasado mes de junio sobre la muerte de más de dos decenas de migrantes en el paso fronterizo que separa Nador (Marruecos) y la ciudad autónoma. En un extenso decreto de archivo que supera la treintena de páginas, en el que también se ponen deberes al Gobierno, el Ministerio Público resalta que el amontonamiento de personas aquella fatídica mañana de verano se produjo "entre ambos recintos fronterizos". Y lo hace tras establecer, con informes sobre la mesa, que el pequeño patio que se encuentra tras la cancela que terminó cediendo aquella mañana de verano, justo antes de llegar a los famosos tornos, "constituye ya territorio español".
El lugar donde sucedieron los hechos era uno de los aspectos clave en el caso. Básicamente, porque de ello dependía la competencia para poder investigarlos. En este sentido, el Ministerio del Interior siempre ha tirado balones fuera. "Como resultado de estas actuaciones, señoras y señores diputados, una de las puertas de seguridad marroquíes se logra forzar con violencia, permitiendo el acceso a tierra de nadie de parte del grupo, pero actuando como peligroso embudo cuando cerca de un millar de personas intenta atravesarla y, por tanto, generando un embotellamiento que puso en riesgo la integridad de centenares de personas, hecho que se repite cuando el grupo logra forzar una segunda puerta anexa, también en el lado marroquí", decía en septiembre en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Luego, se empezó a utilizar en el departamento el término "zona operacional conjunta" o "zona de tránsito". Todo con la idea de sacar la tragedia de territorio nacional. "Cuando se ha constatado de forma evidente que la tragedia sucedió en otro país, hemos llegado a ver en algunos casos intentos de redefinir el derecho internacional y el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados", insistía en la Cámara Baja a finales de noviembre. Una versión que rechazaron con contundencia los parlamentarios que se encargaron de visitar la zona cuando el Ministerio del Interior accedió a mostrarles las grabaciones tomadas aquella jornada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pero la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, lo niega. En su decreto de archivo, sostiene que "la delimitación" entre los territorios marroquí y español en el puesto fronterizo del Barrio Chino viene marcada "por el sistema de triple vallado y por las puertas que dan acceso" a un pequeño espacio "previo a la construcción donde están instaladas las garitas de control de documentación y los tornos". "Considerando, en consecuencia, que ese patio pequeño constituye ya territorio español", deja claro en su escrito. Una afirmación que apoya, entre otras cosas, sobre un croquis del puesto de control fronterizo facilitado por la Guardia Civil en el que se resalta que a partir de la cancela que cedió aquella mañana ya es "zona de control de España", mientras que el patio previo de dimensiones mayores pertenece a Marruecos.
El Ministerio Público, además, aporta más elementos para sostener esa tesis. Por un lado, que en ese "patio pequeño" está instalada la bandera de España. Además, que los cerrojos que bloquean las puertas metálicas que cedieron "están en el lado español" y sus llaves "custodiadas por la Guardia Civil", por lo que no pueden abrirse "desde el lado marroquí". Y que los agentes del Instituto Armado, salvo supuestos excepcionales, desarrollan sus "funciones" hasta "esas puertas". La fiscal, incluso, pone sobre la mesa el pliego de prescripciones técnicas de un contrato de 2021 para el mantenimiento en las instalaciones del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla: "Incluye dentro de los espacios objeto de mantenimiento el paso fronterizo del Barrio Chino, describiendo el espacio español por él ocupado en los términos expuestos".
Con todo esto sobre la mesa, el Ministerio Público establece que si bien "los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí", el amontonamiento de personas "se produjo entre ambos recintos fronterizos". Por ello, y a la vista de que parte ocurrió en suelo español, pasa a analizar si se pudieron producir determinados delitos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En concreto, pone el foco en el homicidio imprudente y la omisión del deber de socorro. Y, además, en la actuación de los agentes que participaron en el operativo. Al final, tras seis meses de investigación, la fiscal ha acordado el archivo de las diligencias al considerar que no existen "elementos que determinen" que el día de los hechos los agentes "incurriesen en infracción penal alguna".
Nadie vio nada
Sobre el primero de los tipos, el Ministerio Público debía dilucidar si las fuerzas españolas pudieron haber evitado las muertes. La fiscal, en este sentido, cree que no. Principalmente, porque considera que quienes formaban aquel día parte del operativo "no eran conscientes, ni podían serlo" del "riesgo que se estaba generando en el interior del patio". "Ninguno de ellos se encontraba en el lugar donde se produjo la avalancha, no pudieron prever con anterioridad que la misma iba a producirse en los términos en los que finalmente resultó, al no tener visibilidad de la zona ni haber sido informados de los hechos que se estaban produciendo", resalta. En este sentido, explica que el equipo del helicóptero no alertó a los "operativos en tierra" al no "percatarse del riesgo que suponía la aglomeración de personas".
En la exhaustiva reconstrucción de los hechos, la fiscal resalta que la aeronave "no grabó el momento exacto de la avalancha como consecuencia de su posición". Además, explica que la docena de guardias civiles que se encontraban en el pequeño patio ubicado en la parte española abandonaron su posición antes de que se abrieran las puertas "ante la situación de riesgo para su integridad física por la alta agresividad de los migrantes". Y apunta que aquel grupo de guardias que se encontraban en el entrevallado próximo al lugar en el que se produjo el embotellamiento "tampoco tenía visión de la zona" por el "entramado de verjas existentes", por la distancia que les separaba del lugar de los hechos o por la propia posición que ocupaban, con un desnivel de cinco metros.
Pero es más, aunque los agentes hubieran podido prever la estampida la fiscal considera que poco podían haber hecho. Si hubieran abierto las puertas, dice en su decreto, "la avalancha y el embudo posterior se hubieran producido igualmente, dado el volumen y virulencia del grupo". "Además, ello habría puesto en peligro la integridad física y la vida de los agentes, que podrían haberse visto arrollados por la propia avalancha", señala.
Argumentos similares utiliza para descartar la omisión del deber de socorro. Tanto en el caso de los guardias civiles en tierra, que cuando volvieron a aquella ratonera los cuerpos ya habían sido retirados por las autoridades marroquíes, como en el de sus compañeros en el aire. "Aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos", sostiene la fiscal respecto a la tripulación del helicóptero, al tiempo que insiste en que "al dejar de enfocar a la zona" en los momentos posteriores a la avalancha "no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos o fallecidos". Y, de nuevo, vuelve a insistir: "Pero aunque hubieran tenido conocimiento de la situación y de la existencia de heridos graves, no les hubieran podido prestar auxilio sin riesgo propio".
Actuación proporcionada y lanzamiento de piedras
La representante del Ministerio Público, al mismo tiempo, considera proporcionada la actuación de los agentes y los medios utilizados aquella mañana: 270 salvas, 28 artefactos triple fumígeno, 86 artefactos lacrimógenos, 65 bolas de goma, 41 aerosoles RSG y una docena más MK46 –espráis antidisturbios–. "Mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española por un grupo de entre 700 y 800 personas, incontrolado, agresivo y armado con elementos contundentes", sostiene el Ministerio Público, que resalta, además, que "no existen elementos que permitan afirmar" que las lesiones de algunos migrantes "fueran producto de la actuación policial española".
Ahora bien, el decreto de archivo también pone el foco en la actuación de alguno de los agentes que se encontraban en la zona de la valla y que lanzaron piedras contra las personas que estaban "encaramados sobre los peines invertidos" de la verja. Como no consta que aquellas pedradas provocasen lesiones, no pueden ser perseguidas. Sin embargo, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería ha acordado dar traslado de lo sucedido y del material videográfico que lo atestigua al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil "por si procediera la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios".
Facilitar la petición de asilo
El Ministerio Público, asimismo, ha confirmado que en aquella jornada se produjeron 470 rechazos en frontera –las comúnmente conocidas como devoluciones en caliente–, cifras que coinciden con las ofrecidas en su día por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, considera que se hicieron atendiendo a la legalidad. En este sentido, recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley mordaza establecía que dichas expulsiones debían hacerse prestando "especial atención" a las "categorías de personas especialmente vulnerables". Y dice que, a la luz de lo declarado por agentes y del visionado de las grabaciones, no había una "especial vulnerabilidad" en los migrantes rechazados: ni mujeres, ni personas de avanzada edad, ni menores, ni personas con discapacidad.
La Fiscalía, no obstante, se detiene en este punto. Y lo hace, precisamente, para poner deberes al Gobierno. Recuerda que corresponde al Estado español y a los ministerios "implementar las medidas precisas" para garantizar que los migrantes "tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo" antes de lanzarse contra la valla. "Es en este punto donde debería realizarse un análisis pormenorizado de la situación (...) a fin de constatar dónde están las posibles fallas de un sistema que no impide que personas procedentes de países como El Chad o Sudán, quienes en la mayor parte de los casos son merecedores de protección internacional, pongan en riesgo su integridad física y sus vidas", resalta.
En este sentido, sostiene que si se promoviesen medidas que "mejorasen el acceso a estos canales" o "se posibilitara el acceso de una manera real a la oficina de asilo instalada en el puesto de Beni Enzar en Melilla" podrían reducirse tanto los saltos como el número de participantes en los mismos. Y señala que "son notorias las dificultades" que tienen las personas migrantes, especialmente si son subsaharianas, para acceder a la parte española de Beni Enzar. "Ello implica traspasar previamente el control migratorio de la policía marroquí que de facto mantiene a estas personas alejadas de la frontera, muchas de las cuales carecen de documentación que las permita acceder a territorio español", apunta.
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La fiscal resalta que aún no se ha llevado a cabo el "desarrollo reglamentario" de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo –que considera obsoleta–, algo que "aclararía los trámites a seguir y facilitaría la utilización de este mecanismo". Y pide seriedad en materia migratoria, "un problema global que previsiblemente se verá incrementado". "El drama que sufren miles de personas en situación de pobreza y riesgo en sus países de origen, especialmente en el África subsahariana, conlleva inevitablemente su huida hacia Europa en busca de un proyecto de vida próspero para ellos y los suyos, lo que hace necesario habilitar políticas migratorias públicas flexibles y coherentes con la situación de cada momento, acordes con el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los tratados y convenios", concluye.
Marruecos cuenta con "la totalidad de elementos probatorios"
Durante seis meses, la Fiscalía ha realizado multitud de diligencias de investigación. Primero, llevó a cabo una inspección ocular sobre el terreno. Luego, tomó declaración Sánchez comenzó con una inspección ocular sobre el terreno. Primero, llevó a cabo una inspección ocular sobre el terreno. Luego, tomó declaración a casi una veintena de policías y guardias civiles, así como a los migrantes que participaron en los hechos y que estaban en el CETI de Melilla –de más de un centenar, solo cuatro quisieron dar su versión–. Y por último analizó los informes y documentación remitida por la Jefatura Superior de Policía de Melilla y la Jefatura de Información de la Guardia Civil, así como todo el material videográfico y audios de las conversaciones del Instituto Armado mantenidas aquella mañana.
Y en cuanto a las autoridades marroquíes, la única información de la que dispuso la fiscal fue un informe emitido por las mismas a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU (OHCR) para los Derechos Humanos. Lo contenido en aquel documento, resalta, son "los únicos datos oficiales" que se poseen "en relación con las muertes acaecidas", pues es el país vecino el que tiene "la totalidad de los elementos probatorios" al haber sido sus agentes los que se llevaron a los migrantes lesionados y fallecidos. En este sentido, el informe mencionado recoge que 23 personas murieron por "asfixia mecánica compatible con una presión torácica externa", lo que a ojos de la fiscal es "coherente con la estampida". Y que en los cadáveres "no había trazas de equimosis o hemorragias externas", según las autopsias realizadas en Marruecos.
