La Fiscalía se opone a que la Justicia investigue al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y la cúpula de Mossos por la huida de Carles Puigdemont, al no ver indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención. El ministerio público se ha pronunciado así este jueves en relación con las querellas que Vox y la asociación de extrema derecha Hazte Oír presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el pasado 8 de agosto, en las que pedían investigar además al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, según recoge EFE.
Para el teniente fiscal Pedro Ariche, el operativo que diseñaron los Mossos para arrestar a Puigdemont puede ser "criticado o incluso censurado", pero no se ha podido constatar que los querellados dieran órdenes o instrucciones a la policía para evitar la detención del expresidente catalán "por razones de afinidad política".
El fiscal considera que "más allá de suposiciones y elucubraciones basadas en obviedades de sesgo ideológico", no hay "el más mínimo indicio" de que Aragonès, Elena, el exdirector de los Mossos Pere Ferrer y el excomisario jefe Eduard Sallent diesen instrucciones para "impedir u obstaculizar" la detención de Puigdemont, lo que se deduce del informe presentado por la policía catalana al TSJC.
En concreto, detalla el fiscal que la policía catalana desplazó al propio Sallent al Parlament ante la "convicción" de que Puigdemont trataría de entrar y que se llevó a cabo una inspección previa de la cámara, pese a las iniciales "trabas de carácter burocrático" que se les impusieron.
Una vez Puigdemont irrumpió en el Arc de Triomf, donde la ANC había convocado a sus fieles, el fiscal cree "evidente" que la policía decidió no actuar por el elevado número de personas concentradas, unas 4.500, y la "rapidez" con que estaban sucediendo los hechos. En opinión de la Fiscalía, en el informe entregado por los Mossos "se justifica debidamente (por razones de oportunidad y proporcionalidad) el motivo por el que no se procedió a la inmediata detención" de Puigdemont en cuanto se detectó su presencia en la calle.
Una vez finalizada su intervención, según el fiscal, lo que determinó el "fracaso" del dispositivo en cuanto a la detención de Puigdemont fue "la imprevisión de otros posibles escenarios y la planificación -un tanto rígida- por parte de los responsables policiales".
La querella contra Rull
El juez Llarena ve un posible delito en la no detención de Puigdemont y pide investigar su fuga
Respecto a la querella presentada contra Rull por Hazte Oír, el fiscal descarta que el presidente del Parlament realizara "actuación alguna que, de manera directa y eficaz, tuviera por objeto impedir u obstaculizar, desde el singular ejercicio de su cargo público, la –en principio- prevista detención y puesta a disposición judicial del señor Puigdemont".
"Es de advertir que en el informe aportado —por los Mossos— no se hace referencia alguna a una actitud eficazmente activa u obstativa" por parte de Rull, de la que "pudiera deducirse un consciente ánimo de impedir o dificultar la actuación de las fuerzas policiales", agrega el fiscal.
Tampoco ve la Fiscalía indicios para imputar a Boye por la huida de Puigdemont: recuerda que el letrado no ostenta la condición de autoridad o funcionario público y que el hecho de que acompañara al expresident durante su fugaz irrupción en Barcelona resulta "irrelevante" a los efectos de imputarle un delito de encubrimiento.
La Fiscalía se opone a que la Justicia investigue al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y la cúpula de Mossos por la huida de Carles Puigdemont, al no ver indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención. El ministerio público se ha pronunciado así este jueves en relación con las querellas que Vox y la asociación de extrema derecha Hazte Oír presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el pasado 8 de agosto, en las que pedían investigar además al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, según recoge EFE.