“Así conquistó una poderosa industria el sistema fiscal”. Ese es el titular de una detallada información de The New York Times, publicada hace tres semanas, donde explica cómo la industria de los fondos de capital privado (private equity en inglés) ha conquistado el sistema impositivo de Estados Unidos. En realidad, ese dominio de los fondos se extiende por todo el mundo, y se aprovecha de cualquier laguna en las normativas fiscales de los países donde operan y de un uso masivo de paraísos fiscales o territorios de baja tributación. El mayor fondo de capital privado del mundo es Blackstone, que también cuenta con importantes intereses en España: es el principal dueño de viviendas de alquiler –a finales de 2020 tenía casi 40.000– y el propietario de Cirsa, una de las principales multinaciones del juego en Europa y Latinoamérica.
La adquisición de Cirsa en 2018 es un ejemplo emblemático de las estructuras que monta Blackstone para reducir al máximo la factura fiscal de sus inversores y de sus ejecutivos. El fondo estadounidense constituyó para dicha operación seis sociedades en Luxemburgo, cinco de ellas controladas desde compañías en las Islas Caimán y en Delaware (Estados Unidos), ambos territorios con nula o baja tributación. La sexta es la firma que agrupa a los principales directivos de Cirsa. Se llama LHMC Managers SCSp y Joaquim Agut Bonsfills, presidente y consejero delegado de la multinacional del juego, es el beneficiario del 40,04% de su capital. En el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo no consta el nombre del resto de ejecutivos que participan en LHMC Managers SCSp porque sólo existe la obligación de identificar a quienes disponen de más del 25% de una sociedad. Lo que sí se puede deducir, por tanto, es que al menos otros tres ejecutivos de Cirsa participan en la empresa de Luxemburgo.
Esa sociedad luxemburguesa de los directivos es dueña del 3,03% del capital de Cirsa. Y con ella confían en dar el gran pelotazo cuando Blackstone revenda la multinacional del juego. Por poner un escenario conservador: si esa futura operación se valorase en 2.000 millones, sus acciones les reportarían 60 millones de euros.
A preguntas de infoLibre, la portavoz de Cirsa no quiso aclarar quiénes son el resto de directivos dueños de LHMC Managers SCSp, por razones de “confidencialidad”. Eso sí, aseguró que recibir determinados ingresos en Luxemburgo “no tiene ninguna ventaja fiscal” para Agut y el resto de ejecutivos, “porque cuando el dinero venga a España, tributará aquí exactamente igual que si las operaciones se hubieran realizado en España”. También destacó que la decisión de montar la estructura societaria en el Gran Ducado fue de Blackstone.
infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre la sociedad de Joaquim Agut y otros directivos de Cirsa en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].
Información del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo, donde Joaquim Agut declara ser el dueño del 40,04% del capital de la sociedad LHMC Managers SCSp.
LA RUTA DEL DINERO: CAIMÁN, DELAWARE, LUXEMBURGO
Cirsa es la principal empresa del juego de España, donde a 31 de diciembre de 2020 contaba con 45.372 máquinas tragaperras, cinco casinos, 39 salas de bingo y 242 casas de apuestas. Es el primer operador en apuestas deportivas a través de Sportium. Cirsa es además una de las grandes multinacionales del sector, con una presencia destacada en Italia, Panamá, Colombia, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Marruecos.
Fundada en 1978 por Manuel Lao Hernández y con sede en Terrassa (Barcelona), su facturación en 2019 alcanzó los 1.614 millones de euros (657 de ellos en España), cifra que se redujo en 2020 a causa del coronavirus hasta los 842 millones. La pandemia obligó a clausurar su negocio durante meses en diferentes países. Una parte de su actividad genera un creciente rechazo social, como ocurre en España con los salones de juego y las apuestas deportivas. Diferentes estudios han puesto en evidencia que cada vez hay más jóvenes enganchados, especialmente en barrios con menor poder adquisitivo.
A finales de 2017, Manuel Lao decidió que había llegado el momento de vender Cirsa. Unos meses antes se supo que la multinacional del juego había donado 900.000 euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tras comprar a Sharp por un euro su fábrica en Sant Cugat, una operación que le reportó 30 millones de beneficios, contó con el apoyo de la Generalitat de Artur Mas y con la que también se lucró Oriol Pujol. Más allá de esa polémica, los ingresos de Cirsa mejoraban cada año y parecía un buen momento para hacer caja. Blackstone mostró interés y el acuerdo de compraventa se firmó el 27 de abril de 2018. El fondo estadounidense cifra en sus cuentas en 1.453 millones de euros el “coste de adquisición” de la multinacional del juego, que tenía además en ese momento una deuda de 950 millones.
Blackstone constituyó seis sociedades en Luxemburgo para instrumentar la operación, en un esquema utilizado habitualmente por este tipo de fondos. LHMC Midco Sàrl es la dueña directa de las acciones de la española Cirsa Enterprises SLU, mientras que en la cúspide de la pirámide societaria en el Gran Ducado está LHMC Topco Sàrl, propietaria indirecta y responsable de consolidar las cuentas de todo el grupo. Además hay dos compañías centradas en obtener financiación –LHMC Finco 2 Sàrl y Cirsa Finance International Sàrl– y otras dos destinadas a facilitar la participación de los directivos de la multinacional en el negocio –LHMC Managers GP Sàrl y LHMC Managers SCSp–. En esta última es donde están Joaquim Agut y otros ejecutivos de Cirsa.
Pero la estructura societaria no se detiene en Luxemburgo. Los inversores no entregaron el dinero a Blackstone en ese país de la UE, sino en dos sociedades de las Islas Caimán y una de Delaware. La principal se denomina Blackstone Capital Partners (Cayman) VII LP y controla el 93,85% del capital de Cirsa. La identidad de esos inversores se desconoce. Lo habitual es que pongan dinero en este tipo de fondos lo que se denomina inversores institucionales –entidades financieras, aseguradoras– y también personas con patrimonios muy elevados. Las Caimán y Delaware son precisamente las dos jurisdicciones que utiliza con mayor frecuencia Blackstone para sus negocios, tal y como se refleja en los documentos que presenta ante la SEC (la comisión que controla los mercados en Estados Unidos). Cuando la inversión se produce en un país europeo, es frecuente que la estructura societaria pase por Luxemburgo, como ocurre en el caso de Cirsa. El motivo esencial es tributario puesto que es la mejor forma de que quienes han puesto el dinero y los gestores del fondo terminen por pagar a Hacienda muy poco o nada por los dividendos y plusvalías obtenidos con el negocio.
En algún lugar de la maraña societaria estará también una firma de los ejecutivos de Blackstone que gestionan la operación de Cirsa. Los ejecutivos de los fondos de private equity cobran por la administración del negocio, pero sobre todo se enriquecen con las comisiones de éxito que obtienen con los grandes pelotazos. Para tener una idea de las cifras que se mueven baste decir que Stephen Schwarzman, el presidente de Blackstone, se embolsó 610 millones de dólares en 2020 (unos 515 millones de euros al cambio actual). En la última lista Forbes de personas más ricas del mundo ocupaba el puesto 79.
El accionariado de Cirsa se completa con la sociedad luxemburguesa de los directivos españoles, que controla el 3,03% del capital.
LA EMPRESA DE AGUT EN LUXEMBURGO
infoLibre preguntó a Cirsa las razones por las que Joaquim Agut y otros directivos disponen de la firma LHMC Managers SCSp en el Gran Ducado. La respuesta de su portavoz fue la siguiente: “La estructura societaria la crea Blackstone para la compra de Cirsa, en 2018, y es la habitual en estas operaciones lideradas por fondos que incluyen un esquema retributivo en favor de los directivos. Blackstone no tiene un equipo dirigente propio en Cirsa. Como muestra de compromiso en la continuidad de la gestión, el equipo directivo invierte en la compañía. Y cuando se produzca la venta de Cirsa en el futuro es posible que obtengan un rendimiento. La sociedad LHMC Managers SCSp obedece exclusivamente a este objetivo, canalizar la inversión de los directivos”.
Es cierto que, en este tipo de operaciones, el “esquema retributivo” de los principales directivos se nutre de dos fuentes: el salario anual, que en este caso Agut y compañía reciben en España, y la participación en el capital, que en Cirsa se vehicula a través de la sociedad en Luxemburgo. Aunque la retribución ordinaria sea cuantiosa, donde los directivos confían en dar el gran pelotazo es con el futuro traspaso de la compañía. Los fondos de private equity suelen permanecer en una empresa una media de cinco años antes de revenderla. En el caso de Cirsa, ser dueño del 3,03% del capital puede terminar reportando a sus directivos decenas de millones de euros (un escenario conservador: 60 millones si el precio de venta fuese de 2.000 millones). También es verdad que la pandemia ha retrasado a priori el calendario para dar el pelotazo.
LHMC Managers SCSp invirtió inicialmente 20 millones de euros en la matriz luxemburguesa del grupo Cirsa –LHMC Topco Sàrl–, lo que significa que Joaquim Agut puso ocho millones y los otros ejecutivos no identificados los doce millones restantes. Así se deduce de la documentación depositada en el Registro de Luxemburgo. Pese a las preguntas de infoLibre, la empresa no quiso confirmar ninguna de las cifras que se incluyen en esta información.
La portavoz de Cirsa sí aseguró, en cambio, que los 20 millones de Agut y compañía llegaron a Luxemburgo desde “sus cuentas en España” y que en ningún momento invirtieron a través de las Caimán o Delaware, como el resto de accionistas de la empresa de juego. “Los directivos no participan en ninguna sociedad de Caimán o Delaware”, insistió.
Lo que sí se controla desde las Caimán y Delaware es, en todo caso, la gestión de LHMC Managers SCSp. La mayoría de las sociedades creadas por fondos tienen dos actores: el “general partner”, que es quien las gestiona, y los “limited partners”, que son los inversores. Los directivos de Cirsa son quienes pusieron el dinero en LHMC Managers SCSp, pero esta compañía cuenta con un general partner, que es la también sociedad luxemburguesa LHMC Managers GP Sàrl. Y esta tiene como accionistas a las mismas tres sociedades de Caimán y Delaware que el resto del grupo.
Hay que destacar que buena parte de los 20 millones desembolsados inicialmente por Agut y compañía ya los han recuperado y además con unas plusvalías importantes. En el último trimestre de 2019, Blackstone decidió que los inversores recuperasen casi el 60% del dinero que habían puesto para la compra de Cirsa. Por tanto, Agut y los otros directivos recibieron cerca de 12 millones. Técnicamente, ello se hizo mediante la amortización de tres clases de acciones –denominadas C3, C4 y C5–, que otorgaban el derecho a un dividendo preferente del 11% anual. Ese altísimo dividendo explica en buena medida que, en sus cuentas de 2019, la sociedad LHMC Managers SCSp declarase unos beneficios de 1,5 millones de euros. En definitiva, que al año y medio de invertir los 20 millones en Cirsa, Agut y compañía ya habían recuperado dos tercios del dinero utilizado para hacerse con el 3% de la multinacional del juego (12 millones por la amortización de acciones y 1,5 millones en dividendos).
En 2019, Blackstone devolvió al conjunto de accionistas 392 millones de euros aportados para la compra de Cirsa y les abonó otros 59 millones como dividendo por las acciones amortizadas. ¿De dónde salió el dinero? De la emisión de bonos que dispararon el endeudamiento de la empresa. Una decisión que llevó a la agencia de rating S&P a calificar la emisión de bonos como especulación con alto riesgo.
Y es que el endeudamiento de Cirsa ha crecido de forma notable desde su compra por Blackstone, al pasar en solo tres años de 950 a 2.423 millones de euros. Una parte de ese dinero se destinó a realizar diversas compras, entre ellas el 50% que no era suyo en Sportium, el grupo Giga o Marca Apuestas, la división dedicada al juego en Unidad Editorial (dueña entre otros medios de El Mundo). Pero otra parte muy significativa se fue para el bolsillo de los inversores.
En Cirsa sostienen que la empresa luxemburguesa no reportará ningún beneficio fiscal a Joaquim Agut y compañía y que todo el dinero está declarado perfectamente en España. “El dinero que puso el señor Agut y el resto de directivos en LHMC Managers SCSp proviene de España y la participación en dicha compañía ha sido declarada en el Modelo 720. Y cuando se produjo la desinversión de 2019, y parte de los fondos regresaron a España, también se declaró ante la Hacienda española. Desde el punto de vista de los directivos no hay ninguna ventaja fiscal y toda la operación es completamente transparente ante la Agencia Tributaria”, señaló la portavoz a infoLibre. La desinversión de 2019 se refiere a la mencionada devolución del 60% del capital inicial que habían puesto los accionistas de Cirsa. “Cuando el resto del dinero venga a España, tributará aquí exactamente igual que si las operaciones se hubieran realizado en España”, reiteran en Cirsa.
Estructura societaria de Cirsa.
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Joaquim Agut es dueño de una sicav, Oregon 2000, que en marzo de 2021 tenía un patrimonio de 8,72 millones. Lleva 15 años en Cirsa y en el sector le atribuyen un papel clave tanto en el crecimiento de la compañía como en la negociación para su venta a Blackstone. Antes había sido el primer ejecutivo de General Electric en Europa y presidente de Terra, una filial de Telefónica que a principios del año 2000 llegó a tener una capitalización bursátil superior a la del BBVA, el BSCH, Repsol o las eléctricas, pero que en pocos meses perdió más del 97% de su valor. Muchos pequeños accionistas de Terra culparon de su ruina a Agut, quien finalmente salió de allí por la puerta de atrás con destino a la productora de televisión holandesa Endemol, que entonces también era parte del grupo Telefónica.
Desde su aterrizaje en Cirsa, Agut ha mantenido un perfil público bajo. Sus declaraciones son escasas en general y casi inexistentes las de contenido político. Quizá por eso llamen más la atención las realizadas en enero de 2012, pocas semanas después de que el PP de Mariano Rajoy ganase las elecciones con mayoría absoluta. “En España conservamos unas condiciones laborales muy estrictas y el empresario teme a la contratación”, afirmaba Agut, quien pedía a Rajoy que actuase para lograr “mayor flexibilidad laboral” si empresarios y sindicatos no se ponían de acuerdo. También se declaraba partidario de una amnistía fiscal: “La economía sumergida es un problema que necesitamos solucionar aunque su enderezamiento no sea fácil. Quizá sería conveniente empezar por perdonar a aquellos que han actuado de forma fraudulenta y, a partir de ahí, regular la situación con flexibilidad, entendiendo las posibilidades reales de cada contribuyente”. Dos peticiones extendidas entre algunos empresarios, la reforma laboral y la amnistía fiscal, que Rajoy cumplió de inmediato aquel mismo 2012.
El nombre del presidente de Cirsa también aparece al menos una vez en el BOE –en castellano y con una errata en su segundo apellido–, en mayo de 2013, cuando el Ministerio de Economía le denegó la concesión de un permiso de importación “para un trofeo de caza de leopardo (Panthera pardus) originario de Zambia”. Seguro que a Joaquim Agut Bonsfills le resultará más fácil, si así lo decide, repatriar el dinero que acumule en Luxemburgo gracias a Cirsa.
“Así conquistó una poderosa industria el sistema fiscal”. Ese es el titular de una detallada información de The New York Times, publicada hace tres semanas, donde explica cómo la industria de los fondos de capital privado (private equity en inglés) ha conquistado el sistema impositivo de Estados Unidos. En realidad, ese dominio de los fondos se extiende por todo el mundo, y se aprovecha de cualquier laguna en las normativas fiscales de los países donde operan y de un uso masivo de paraísos fiscales o territorios de baja tributación. El mayor fondo de capital privado del mundo es Blackstone, que también cuenta con importantes intereses en España: es el principal dueño de viviendas de alquiler –a finales de 2020 tenía casi 40.000– y el propietario de Cirsa, una de las principales multinaciones del juego en Europa y Latinoamérica.