Los fondos se convierten en la punta de lanza judicial contra las políticas de turismo y vivienda de Colau
Los colores siempre han tenido una potente carga simbólica. Y el verde, por supuesto, no es una excepción. Se ha asociado tradicionalmente con la serenidad y la esperanza. Quizá por eso es la seña de identidad de la lucha por una vivienda digna. Lo saben en el Ayuntamiento de Barcelona. Al fin y al cabo, este color secundario, mezcla de amarillo y azul, siempre ha acompañado a su alcaldesa, Ada Colau. Marcó toda su etapa como activista antideshaucios. Y estuvo bien presente en el momento en el que dio el salto a las instituciones. Durante su primera toma de posesión, los representantes de la PAH ocuparon las primeras filas, mientras que las confesiones religiosas fueron colocadas en los últimos bancos. Otro gesto de potente carga simbólica que marcaba las prioridades.
Siete años después, el perfil político de la alcaldesa ha terminado por imponerse a la imagen de activista. Pero eso no quita que desde el equipo de gobierno que ella capitanea sigan colocando el derecho a una vivienda en el centro de sus políticas. Un asunto que es de suma relevancia en la Ciudad Condal, donde el 66,1% de los vecinos ven complicado encontrar un hogar que se adecue a sus necesidades económicas y donde casi cuatro de cada diez pisos de alquiler habitual están en manos de grandes tenedores. Un problema de acceso que intentan mitigar con normas como la que obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los bloques que levanten a vivienda social, una medida impulsada desde las entidades sociales.
Pero impulsar una política con la vista puesta en atajar la especulación también implica agitar el avispero. Y eso también lo saben en el equipo de gobierno local. A lo largo de estas dos legislaturas, parte de los miembros del consistorio se han visto obligados a hacer frente a querellas interpuestas por inmobiliarias, empresas hoteleras o fondos buitre por todo tipo de decisiones adoptadas en esta materia. De hecho, aún quedan vivas dos a las puertas de los próximos comicios municipales. "Una cosa es que acudan a la vía contencioso-administrativa para defender sus privilegios, pero otra bien distinta es que den el salto a la arena penal", apunta a infoLibre Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y uno de los querellados.
Del Bloc Llavors a la expropiación de Casa Buenos Aires
Uno de los frentes judiciales abiertos contra el consistorio tiene como epicentro el Bloc Llavors, un edificio ubicado en el barrio de Poble Sec y propiedad de Vauras Investments donde seis familias vulnerables ocuparon viviendas. El ayuntamiento impuso al fondo buitre, con la ley catalana de vivienda en la mano, multas por valor de 417.000 euros por no ofrecer un alquiler social a estas familias vulnerables. Vauras, por su parte, se querelló contra Colau, dos concejales –Serra entre ellos– y una funcionaria de vivienda a los que acusaba de "confabulación con grupos okupas", poniendo sobre la mesa un amplísimo abanico de posibles delitos: coacciones, negociaciones prohibidas, cohecho, extorsión o revelación de secretos, entre otros.
Ni la Fiscalía ni la jueza vieron nada relevante. Por eso, la querella se archivó con un auto en el que se resaltaba que decir que existía una "connivencia" entre el consistorio y "grupos okupas" para paralizar los desahucios en el bloque –se fueron retrasando– era "una afirmación carente de sentido". Pero el fondo buitre recurrió el carpetazo. Y consiguió que el pasado mes de abril la Audiencia de Barcelona ordenase reabrir el caso en lo relativo a la prevaricación administrativa o las coacciones: "De ser ciertos los hechos denunciados, sí podría ser delictiva la conducta consistente en compeler ilegítimamente a la querellante para forzarle a ceder, para alquileres sociales, determinados inmuebles de su propiedad". Una reapertura que obliga a Colau y sus colaboradores a declarar en marzo.
El otro frente abierto es el que afecta a la número dos del consistorio y responsable de Urbanismo, Janet Sanz. Y tiene como epicentro la conocida como Casa Buenos Aires, un majestuoso inmueble de finales del siglo XIX ubicado en el barrio de Vallvidrera. A comienzos de 2019, y tras varios intentos por montar en la propiedad un proyecto de covivienda para personas mayores, el edificio fue ocupado por un grupo de vecinos. Decidieron dar el paso después de que trascendiese que los Padres Paúles, entonces propietarios, habían alcanzado un acuerdo de venta con el fondo London Private Company. Entre los planes del inversor se encontraba el derribo de la casa para levantar un hotel de lujo.
El Ayuntamiento de Barcelona decidió entonces modificar el Plan General Metropolitano y expropiar por algo más de 3 millones la Casa Buenos Aires para convertirla, como pedían los vecinos, en alojamientos para gente mayor y jóvenes y en equipamientos para el barrio. La congregación y el fondo, por su parte, interpusieron una querella contra Sanz por prevaricación, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos. Los querellantes, entre otras cosas, acusaban a la teniente de alcalde de favorecer la ocupación y de dilatar la concesión de las licencias. "La instrucción ya está caducada. Nosotros pedimos en junio el archivo, pero seguimos esperando. No se entiende la tardanza", señala Serra.
Un objetivo "político"
No es la primera vez que se lleva a Sanz ante la justicia por frenar el desarrollo de un hotel en la Ciudad Condal. Antes que los Paulinos y London Private, ya se querelló contra ella por un presunto delito de prevaricación por omisión la cadena Praktik. Lo hizo después de que el Ayuntamiento de Barcelona rechazase conceder a la firma la licencia para levantar un hotel en un solar de Drassanes, en el Raval sur, una zona con importante saturación turística. El consistorio se negó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbase el plan de usos de Ciutat Vella de 2013, lo que implicaba regresar a una normativa anterior mucho más restrictiva en lo que a la autorización de nuevas plazas hoteleras se refiere.
Tras varios meses investigada, la justicia decidió dar carpetazo a la causa contra Sanz al considerar que su actuación tenía "un fundamento jurídico técnico aceptable". Un año después, también quedaría libre de polvo y paja la exconcejala de Ciutat Vella Gala Pin. En su caso, la inmobiliaria MK Premium se había querellado contra ella por decir en televisión que la empresa coaccionaba a inquilinos de edificios que compraba para que los abandonasen. Le atribuía un delito de injurias y calumnias. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona consideró que en sus palabras no existía un afán de deshonrar, sino más bien de informar sobre "una problemática social" que afectaba "a los vecinos" de su distrito. Vecinos que, además, habían alertado judicialmente de dicho mobbing.
El objetivo de estos grupos no es tanto, a ojos de Serra, "lograr una resolución concreta". El objetivo, dice, es más bien "político". "Mientras no llegue el archivo, estás manchando la imagen de cualquiera que se haya atrevido a regular sus privilegios. De ahí que se abra el melón penal con querellas de escasa viabilidad. Porque es más vistoso decir que la alcaldesa se encuentra investigada que decir que se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una decisión del ayuntamiento", trata de explicar el concejal al otro lado del teléfono. Y esa mácula que genera una imputación judicial resulta problemática, sobre todo, a las puertas de unas elecciones.
"Lo que se busca –completa Serra– es generar una sombra que ponga en duda la capacidad de gestión del ayuntamiento. Además, estas maniobras acaban metiendo en el mismo saco, en la misma telaraña, a partidos políticos que se han financiado de forma ilegal con aquellos que defienden el interés general, que defienden un turismo regulado, que defienden el derecho a la vivienda. Son situaciones completamente opuestas, sí. Pero los tipos penales que se ponen sobre la mesa en ambos casos son los mismos: prevaricación, malversación...".
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La urbanística es solo una de las patas de la ofensiva judicial que durante la última legislatura ha asediado al consistorio de Barcelona. En plena guerra por la remunicipalización del agua en la Ciudad Condal, la empresa Agbar interpuso dos querellas contra el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, por la elaboración de una auditoría en la que se señalaba que los activos de la firma valían una cuarta parte y por un artículo periodístico. Ambas fueron archivadas. Tampoco prosperó la denuncia interpuesta por la compañía ante el Tribunal de Cuentas por los estudios que el consistorio realizó para municipalizar el agua. El órgano resolvió que el Ayuntamiento tenía "plena legitimidad" para plantear el régimen de gestión directa.
A los tribunales han acudido también en los últimos años la patronal VTC Unauto por el reglamento que fijaba condiciones para la concesión de licencias para vehículos con conductor, una denuncia que también fue archivada. Y ante la Fiscalía se presentó, aunque sin mucho éxito, el colectivo de Abogados Catalanes por la Constitución con una ristra de ayudas otorgadas por el consistorio al Observatorio DESC, la PAH o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Subvenciones a entidades sociales que, no obstante, sí que ha conseguido situar bajo la lupa judicial la Asociación por la Calidad Democrática. Aunque su querella inicial fue archivada en instrucción al no apreciar la jueza "conducta ilícita alguna", la Audiencia de Barcelona ordenó el pasado mes de noviembre reabrir el caso.
También se ha llevado sin éxito ante el Tribunal de Cuentas la contratación menor del consistorio. Y ante la Fiscalía el proyecto de Superilla, la supermanzana del Eixample, una denuncia presentada por Salvem Barcelona a la que el Ministerio Público ha dado carpetazo este mismo viernes al entender que el proyecto bajo la lupa "no revestía elementos bastantes para ser considerado un delito sobre la ordenación del territorio".
