El exconseller de Interior Joaquim Forn fue el segundo de los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia que se puso frente al micrófono este jueves en la tercera jornada del juicio por el procés, que se celebra desde el pasado lunes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Corbata gris, camisa blanca e insignia de la Generalitat en la solapa de la americana del traje, el dirigente independentista, que aceptó responder a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado –no así de la acusación popular, representada por Vox–, afirmó a lo largo de su intervención que los Mossos d´Esquadra “nunca recibieron órdenes políticas ni por parte de la Consellería ni por parte del president” y aseguró que mientras el cuerpo policial estuvo bajo su competencia, “cumplieron con el mandato judicial”. Además, al ser cuestionado por alguna de las movilizaciones sociales, aseveró que el Ministerio Público “construye unos relatos un poco peliculeros”.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide para el exconseller de Interior 16 años de cárcel por un delito de rebelión y malversación, mientras que la Abogacía del Estado solicita once años y seis meses de prisión por sedición y malversación de fondos públicos. A pesar de la divergencia en las penas, el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado coinciden en gran parte del relato de los hechos. Así, ambas acusaciones sitúan a Forn, como exmiembro del Govern de Carles Puigdemont, en el movimiento ejecutivo destinado a “la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal” y la “creación y desarrollo” de estructuras de Estado paralelas para “sustituir a los órganos estatales legalmente constituidos”. Además, en referencia a las movilizaciones que se produjeron durante los días previos a la celebración del 1-O, Fiscalía y Abogacía apuntan que tales actos de protesta fueron “conocidos, consentidos y queridos” tanto por Forn como por el resto de acusados.
El exconseller respondió a las preguntas de Ministerio Público, servicios jurídicos del Estado y su propia defensa. En castellano, aunque lamentando la negativa del tribunal de permitir la traducción simultánea, Forn tomó asiento con una pila importante de documentos bajo el brazo. Su intervención, que fue mucho más técnica que política –al contrario que la de Junqueras–, se inició con las preguntas del fiscal Javier Cadena, que arrancó recordando todas las resoluciones del Constitucional que declaraban ilegales las leyes de desconexión y de referéndum. Preguntado por si las conocía, respondió afirmativamente. Sin embargo, aclaró que su “compromiso político siempre ha sido de apoyo al referéndum”, algo que “diferenciaba muy claramente” de sus competencias como conseller. “De la misma forma que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de los mandatos judiciales”, apostilló Forn, que aseguró que “ningún acto” del cuerpo policial “fue contrario a la Constitución”.
En este sentido, el líder independentista dejó claro que cuando fue nombrado como conseller en junio de 2017 trasladó al expresident Puigdemont que si ante la organización de la consulta la Fiscalía emitía “algún requerimiento” para impedir su celebración, los Mossos “tendrían que cumplir”. Fiscalía y Abogacía insistieron mucho en la cuestión del uso político del cuerpo policial. Sin embargo, Forn repitió por activa y por activa que “las funciones” de los Mossos “se cumplieron en todo momento” y que nunca se dieron instrucciones “pidiéndoles que incumpliesen sus funciones para adherirse a una decisión política”. Es más, recordó durante la tarde, en respuesta a las cuestiones planteadas por la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que “todos los comisarios” han afirmado “rotundamente” que “nunca” les había llegado ninguna directriz para que “incumpliesen con sus funciones” de cara a la consulta.
“Relatos un poco peliculeros”
El segundo hecho en el que más se detuvieron las acusaciones durante el interrogatorio fue en la protesta del 20 de septiembre de 2017 ante la Consellería de Economía, piedra angular en torno a la acusación contra el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Así, el representante del Ministerio Público, que ha defendido hasta el final la existencia de actos violentos para justificar el delito de rebelión, recordó mediante las cuestiones que fue planteando que durante la concentración se destrozaron siete vehículos policiales y que la comitiva judicial que se encontraba en la sede durante los registros efectuados tuvo que salir del edificio “subiendo por los tejados”. Ante esta afirmación, Forn fue contundente: “La Fiscalía construye unos relatos un poco peliculeros. Subiendo por los tejados no, saltando un muro”. “Fue la secretaria judicial la que dijo que no quería salir de aquella manera y que se buscaran alternativas. Los Mossos buscaron entonces una salida alternativa”, completó.
Sobre la protesta del 20-S, Forn también deslizó que “el derecho a la protesta contra decisiones de los jueces no es inconstitucional” y, a preguntas del fiscal, señaló que las “tres o cuatro llamadas” –el fiscal aseguró que fueron 18– que ese día intercambió con Sànchez se produjeron porque consideró que el líder social podía desempeñar un papel importante en “tareas de mediación” en la protesta. No obstante, el dirigente independentista apostilló, en respuesta a los servicios jurídicos del Estado, que el registro se pudo practicar sin que se produjera “ningún inconveniente”. “No había manifestantes dentro del edificio”, recordó Forn, que aseveró que los incidentes que sucedieron aquel día se produjeron porque la Guardia Civil no avisó a los Mossos d´Esquadra de la operación que iba a llevar a cabo. “Nos habríamos ahorrado algún problema”, expuso ante la atenta mirada de un tribunal que se vio obligado a interrumpir en una ocasión el interrogatorio tras escucharse risas en la Sala.
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“Preocupación” por “actos puntuales”
Con estos aspectos solventados, el interrogatorio llegó al día D: el 1 de octubre de 2017. En este punto, el primer tema que salió a colación fue la reunión mantenida el 28 de septiembre con los responsables de los Mossos d´Esquadra, un encuentro en el que, según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, el cuerpo policial advirtió, a tenor de lo que había sucedido una semana antes frente a la Consellería de Economía, que era “altamente probable que se produjera una escalada de violencia” si se mantenía la consulta, por lo que recomendó suspenderla. En este sentido, el exconseller de Interior afirmó que “en ningún momento” los Mossos les plantearon “que hubiera un escenario de violencia generalizado”, sino que les manifestaron una “preocupación” por “actos puntuales”. Sin embargo, continuó, sí que les expusieron que la policía autonómica tenía que “cumplir con las órdenes dadas por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. “Algo que aceptamos porque era su obligación”, reiteró Forn.
El Govern decidió mantener la consulta. Y si hubo “violencia en algunos puntos” durante la celebración del referéndum, dijo Forn, fue por “actuaciones erróneas de las Fuerzas de Seguridad del Estado”. Durante casi cuatro horas, el exconseller también fue cuestionado por el famoso documento Enfocats, la supuesta hoja de ruta incautada durante el registro del entonces secretario general de Vicepresidencia y Economía. “Lo conocí cuando estaba en prisión, a través de mi abogado”, señaló el dirigente independentista, en línea con lo que declaró horas antes Junqueras. De igual modo, insistió en que la consulta no supuso “ningún tipo de gasto para ningún departamento”. La declaración de Forn se cerró con las preguntas de su abogado, que desplegó un importante arsenal documental para desmontar, entre otras cosas, la existencia de una percepción de riesgo el 1-O. El juicio se reanudará el próximo martes, una vez despejada la incógnita sobre la posible convocatoria de elecciones. Un adelanto electoral que, sin embargo, parece que no afectará al desarrollo previsto de la vista oral.
El exconseller de Interior Joaquim Forn fue el segundo de los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia que se puso frente al micrófono este jueves en la tercera jornada del juicio por el procés, que se celebra desde el pasado lunes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Corbata gris, camisa blanca e insignia de la Generalitat en la solapa de la americana del traje, el dirigente independentista, que aceptó responder a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado –no así de la acusación popular, representada por Vox–, afirmó a lo largo de su intervención que los Mossos d´Esquadra “nunca recibieron órdenes políticas ni por parte de la Consellería ni por parte del president” y aseguró que mientras el cuerpo policial estuvo bajo su competencia, “cumplieron con el mandato judicial”. Además, al ser cuestionado por alguna de las movilizaciones sociales, aseveró que el Ministerio Público “construye unos relatos un poco peliculeros”.