El fracaso en el funcionamiento del mecanismo ideado por la Comisión Europea para atajar la actual crisis de refugiados ha forzado al brazo ejecutivo de la UE a proponer un nuevo dispositivo que fue aprobado este miércoles por el colegio de comisarios de la UE y que propone sanciones para los asilados y países que no cooperen. Se trata de un mecanismo correctivo que se activaría si algún Estado recibe un 50% más de las demandas que puede asumir.
Las cifras oficiales reflejan que el actual plan está totalmente bloqueado. De hecho, de las más de 188.000 personas que los Veintiocho se han comprometido a acoger, los países europeos han recibido a 7.238. Sin embargo, Bruselas reconoce que la propuesta de reforma del Sistema de Asilo Común presentada este miércoles es solo "una respuesta a medio plazo para futuros retos migratorios". Los tiempos, en cualquier caso, están por determinar porque la iniciativa tiene que ser pactada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
La propuesta, que incluye cambios de calado en el código que regula qué país tiene que tramitar las peticiones de asilo, pivota en dos sentidos. Por un lado, incluye multas de hasta 250.000 euros por cada refugiado que un Estado miembro se niegue a acoger. Ese dinero tendría que ser abonado al país que finalmente acoja a esta persona. Y, por otro, establece sanciones para los solicitantes de asilo que se nieguen a ser registrados en el país al que llegan, así como la pérdida de ciertos derechos de acogida si se desplazan de forma irregular dentro de la UE. De esta forma se intenta evitar que los refugiados se nieguen a hacer su solicitud en el país de llegada y se muevan por el territorio europeo intentando llegar a Alemania y Suecia, los países en principio más favorables a sus intereses.
En cualquier caso, la principal novedad es que los refugiados se enfrentan a sanciones o, directamente, castigos, en el caso de no cumplir lo que marcan los protocolos. Así, la propuesta es que se les obligue a hacer la petición de asilo en el país de entrada a la UE y no en el que ellos prefieran. El texto contempla quitarles los derechos de asistencia en territorios donde no deben permanecer (excepto las urgencias médicas) o examinar sus expedientes de asilo de manera acelerada, lo que podría conducir a un rechazo.
El pago por la no participación en el sistema de reparto ya se había ofrecido como posibilidad en el marco del mecanismo temporal vigente en la actualidad. No obstante, es la primera vez que se establecen cuantías tan altas; que se determina un período límite de 12 meses en el que los países pueden permanecer al margen del sistema; y que se permite no participar sin tener que demostrar ciertas circunstancias como, por ejemplo, un nivel elevado de desempleo en el país.
La propuesta, además, es que los repartos de demandantes se hagan sin tener en cuenta el nivel de desempleo de cada país, como ocurría hasta la fecha. Las variables a tener en cuenta pasarían a ser únicamente PIB, población y esfuerzos previos de acogida. Lo que la Comisión Europea defiende es que este nuevo mecanismo correctivo puede permitir a los países que reciben una mayor carga –como está pasando actualmente en Grecia e Italia–repartir la carga la carga con sus socios comunitarios. De hecho, la propuesta es que este plan se pueda activar cuando algún Estado reciba un 50% más de las demandas que puede asumir.
Incapacidad de la UE
El plan ideado en las cumbres y reuniones de ministros de países europeos celebradas en los últimos meses para dar solución a la crisis de refugiados y que está vigente en la actualidad pivota sobre dos aspectos principales: la reubicación en un plazo de dos años de 106.000 de las personas provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea que han llegado en los últimos meses a las costas de Grecia e Italia y el reasentamiento directamente desde países extracomunitarios –lugares en conflicto y Turquía, principalmente– de 82.000.
Los datos oficiales constatan el fracaso de este proyecto. En el balance oficial de la Comisión Europea [se pueden consultar aquí] figura que, hasta este martes, la comunidad europea sólo había reubicado a 1.441 personas: 565 desde Italia y 876 dese Grecia. Apenas un 1,4%. Los reasentamientos están funcionando un poco mejor, pero tampoco las cifras son demasiado esperanzadoras, pues sólo ha habido 5.797 acogimientos, un 7% de los previstos.
Una fuente comunitaria señala a infoLibre que entre las causas de este retraso está el mal funcionamiento de los llamados hotspots, los centros –ubicados en Grecia e Italia– en los que los migrantes son registrados y donde se declara si tienen o no derecho de asilo. El compromiso inicial es que, tras una entrevista, se decrete su traslado al resto de países de la UE en un plazo de dos meses y en función del el idioma y los lazos familiares, culturales o sociales. En esos puntos, las personas que no se reconocen como refugiados pueden ser devueltas a sus países de origen. Esta misma fuente también alude a cierta responsabilidad de los propios solicitantes de asilo, que declina pedir asilo en Grecia o Italia con la esperanza de que se abran las fronteras y poder trasladarse por sus propios medios a los países en los que desean quedarse.
Acuerdo UE-Turquía
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Además, la Unión Europea suscribió el pasado marzo con Turquía un acuerdo para intentar frenar de golpe la oleada de llegadas a Grecia de los refugiados provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea y de los migrantes económicos que huyen de la guerra, la inseguridad o el hambre. Ese pacto preveía sellar la ruta del mar Egeo mediante la devolución exprés de migrantes y refugiados y que Europa acoja únicamente a tantos sirios como haya expulsado. Por el momento han sido 120 las personas con nacionalidad siria reasentadas a Europa desde Turquía, mientras que las expulsadas a ese país han sido 386.
Sí es cierto que se han reducido las entradas por el Egeo. Desde el 20 de marzo –fecha de entrada en vigor del acuerdo– 8.670 personas han atravesado en pequeños botes los nueve kilómetros que separan la ciudad turca de Ayvalik con el norte de la isla griega de Lesbos. Todas las personas que llegan a Grecia son acogidas en Moria en un campo de refugiados que, según certificó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe reciente, se ha convertido en un "centro de detención" donde estas personas "no tienen libertad ambulatoria ni de movimiento" y están bajo control policial y militar. Allí se las registra, se les identifica con una pulsera con un número de registro y se les entrega un documento por el que se les comunica que están detenidas por haber entrado de forma ilegal en Grecia. Después sí pueden pedir asilo.
En los primeros 19 días de marzo –es decir, antes de la entrada en vigor del acuerdo– las entradas por el Egeo fueron 26.878. En febrero habían sido 56.335 y en enero 61.602. No obstante, las ONG, en general muy críticas con este pacto, siguen reclamando a las instituciones europeas que habiliten vías legales y seguras para que estas personas puedan solicitar asilo sin perder la vida en el intento. Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española, señala que el éxito de la cooperación entre Turquía y la UE debe ser medido "en términos cualitativos", en el sentido de que" los derechos de los migrantes sean respetados y satisfechas sus necesidades humanitarias", y no cuantitativos, es decir, en el descenso del número de personas que cruzan el mar Egeo.
El fracaso en el funcionamiento del mecanismo ideado por la Comisión Europea para atajar la actual crisis de refugiados ha forzado al brazo ejecutivo de la UE a proponer un nuevo dispositivo que fue aprobado este miércoles por el colegio de comisarios de la UE y que propone sanciones para los asilados y países que no cooperen. Se trata de un mecanismo correctivo que se activaría si algún Estado recibe un 50% más de las demandas que puede asumir.