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Fraude, denuncias de mafia policial y una cinta cortada: guía para no perderse con los audios de la UCO

Leire Díez, en una imagen de archivo.

Madrid, febrero de 2025. En un céntrico bufete legal, a escasos metros del parque de El Retiro, un grupo de personas se sientan en torno a una gran mesa de madera ovalada. Y se embarcan en una reunión por videoconferencia que ahora, tres meses después, ha provocado un enorme terremoto político que sacude con fuerza al PSOE y, por extensión, al Gobierno. A un lado de la pantalla, una "militante de base" socialista –según la definen en el partido– que ha tenido cargos de responsabilidad en empresas públicas. Al otro, un empresario acorralado por la justicia. Y como telón de fondo, una larga conversación en la que se hacen promesas a cambio de información comprometedora sobre un alto cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De aquella videoconferencia con Dubái solo se conocen los 53 minutos y 10 segundos publicados por El Confidencial. En ellos, se escucha al empresario afirmar que había sido víctima de una trama corrupta anidada en el seno del Instituto Armado. Y también a Díez apuntar hacia Antonio Balas, máximo responsable del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. "Yo soy de abreviar mucho. No necesito a todo el mundo ahora, necesito a Balas", se escucha decir a la mujer, quien ante la insistencia del empresario perseguido judicialmente de saber qué va a obtener a cambio –"yo quiero un papel firmado"– le ofrece: "Yo puedo proponer que te sientes con Fiscalía".

Pero la videoconferencia con el empresario, según aseguran fuentes conocedoras de la misma, fue mucho más larga. En concreto, duró 121 minutos. De hecho, del audio filtrado se desprende que la reunión ya se estaba celebrando cuando apareció la militante socialista. Jacobo Teijelo, abogado y dueño del bufete, ha asegurado en los medios que con carácter previo a toda esta conversación él había mantenido una reunión con el empresario, de nombre Alejandro Hamlyn. Al parecer, quería ser su cliente. Y aunque no ha desvelado el contenido de la misma, de sus palabras se desprende que podía girar en torno a la búsqueda de irregularidades con las que poder tumbar su causa.

El industrial es uno de los acusados de la operación Drake, un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de más de 154 millones de euros. Se trata de una de las muchas investigaciones realizadas, precisamente, por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del que Antonio Balas es máximo responsable y que en la actualidad dirige las pesquisas de casos con tanta potencia mediática como Koldo, Hidrocarburos –en concreto, el que persigue al empresario Víctor de Aldama– o los que afectan a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El auto de procesamiento de aquella causa hablaba de Hamlyn como "jefe de la organización criminal": "Desde su puesto como presidente del grupo Hafesa, diseña, implementa, dirige y ordena tanto la operativa que tiene por finalidad realizar el fraude del IVA como toda la estructura de empresas". Y situaba como su "lugarteniente" a José Norberto Uzal Tresandi, quien fue director general de Hafesa y ocupó cargos societarios en varias empresas de la trama. Sobre él ponía el foco también en televisión el abogado en cuyo despacho se celebró la reunión. Uzal fue director general de Administración Local en el primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP.

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El desarrollo de los acontecimientos evidencia que la capacidad de influencia de Leire Díez, quien fuera teniente de alcalde del PSOE en un pequeño pueblo de Cantabria y a la que el partido solo ha abierto un expediente informativo –sin adoptar medidas cautelares–, era limitada. Ninguna de las promesas que hizo la "militante de base" –fotografiada entrando a Ferraz meses antes de la reunión pero sobre la que la formación socialista niega cualquier tipo de relación contractual– acabó en algo concreto. La Fiscalía pide 53 años de cárcel para Hamlyn en el juicio que debió haberse celebrado esta semana en la Audiencia Nacional pero que tuvo que suspenderse por la inasistencia del empresario, que se encuentra en Dubái.

Teijelo ha asegurado públicamente que el empresario de los hidrocarburos acudió a él a raíz de un escrito de nulidad de actuaciones que el letrado remitió a mediados de octubre al Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional en el marco de otro caso sobre un supuesto fraude del IVA de los hidrocarburos de 136 millones cometido a través de una organización criminal que encabezaba Gaslow Abastecimientos. Un procedimiento que es, a su vez, germen del llamado caso Hidrocarburos, en el que está siendo investigado el empresario Víctor de Aldama, también bajo la lupa judicial en el llamado caso Koldo. De ahí que muchos de los imputados en esta última causa de fraude del IVA aparezcan también en Gaslow.

Aquel escrito de nulidad de actuaciones, al que ha tenido acceso infoLibre, fue interpuesto en representación de uno de los investigados en la causa por haber recibido, supuestamente, más de 130.000 euros en criptomonedas de uno de los empresarios implicados en el fraude. Se trata del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa. En el escrito, se menciona una "constelación de causas paralelas" usadas "al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno e instrumentalizadas a favor de una opción política concreta". Y se habla de guardias civiles "asesorando en técnicas de contravigilancia" a investigados en causas judiciales.

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Parte importante del escrito, que aún debe ser resuelto, se centra en Juan Vicente Bonilla, exmiembro de la Unidad Central Operativa y actual alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso –desde octubre de 2023, titular de la Gerencia de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud–. Le acusa de haber puesto el ojo sobre Koldo antes de que la Fiscalía Anticorrupción hubiera iniciado las pesquisas que terminaron explotando el caso. El origen, una serie de mensajes que intercambiados en la noche del 5 de abril con un empresario que hacía labores de confidente. "¿Sobre qué quieres que hablemos?", escribe el capitán. "Sobre Koldo. ¿Te suena?", responde el empresario.

El 8 de de abril, Bonilla escribe: "Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado porque sería gozoso un achuchón de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo". Sobre estos mensajes ha informado en las últimas horas el diario El Plural, que también ha recogido otras comunicaciones en las que el actual alto cargo del Gobierno de Díaz Ayuso llamaba a "desterrar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, a los que califica de "felón", "inútil", "mamón" o "mentiroso".

Pérez Dolset y el fiscal Anticorrupción

El nombre de este antiguo capitán destinado al Grupo de Fuentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también también fue puesto sobre la mesa en la reunión del pasado mes de febrero por otro de los asistentes a la misma: el empresario Javier Pérez Dolset. "Aquí hay varios sujetos que interesan. No solo Balas. O sea, Balas, Bonilla, el [fiscal Anticorrupción José] Grinda...", lanza. El representante del Ministerio Público es, precisamente, el que ha llevado el caso Zed, por el que se encuentra actualmente imputado Pérez Dolset y varios miembros de su familia. Se le atribuye, fundamentalmente, fraude de subvenciones o insolvencia punible.

El empresario, del mismo modo, aparece en otro de los audios publicados esta semana por El Confidencial. "Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir", se le escucha. Aunque parezcan vinculados a la reunión, lo cierto es que los trece segundos se corresponden con una llamada que se produjo el pasado mes de septiembre, cinco meses antes de aquel encuentro en el despacho de abogados que ha terminado por marcar esta semana la agenda política y mediática nacional.

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Pérez Dolset ha negado en las últimas horas formar parte de una supuesta operación orquestada para desacreditar a la UCO o a fiscales. "Yo no soy fontanero del PSOE, ni del Gobierno", ha dicho tajante al diario El País el empresario, que se presenta como "una víctima de la policía patriótica" que acabó bajo la lupa de la justicia por culpa de un complot. Y ha asegurado que Díez lleva "desde hace seis años" investigando con él las cloacas del Estado. "No tengo vinculación con Ferraz. Es cierto que estoy investigando cuestiones que tienen que ver con el mal funcionamiento en algunos casos de algunas instituciones, pero en ningún caso tiene que ver con un menoscabo de la UCO ni nada parecido", ha asegurado públicamente, por su parte, la militante socialista.

Choclán y la trama de Aldama

Y en plena vorágine, reapareció el empresario Víctor de Aldama, personaje principal del último gran caso de fraude de hidrocarburos. Lo hizo en El Programa de Ana Rosa, en el que aseguró que habían tendido una trampa a Díez y que saldrían más audios. "Hay audios y van a salir en breve más cosas porque no solamente es este empresario que ha salido. Le dimos autorización a Hamlyn para que tirara el cebo y salieran estas cosas", aseveró. El empresario, por su parte, ha asegurado a El Correo que participó en aquella reunión porque le "convocaron" y que, lejos de lo que dice en el vídeo, no tiene "información" de nadie: "Les seguía el rollo, les vacilaba". Tanto Aldama como Hamlyn tienen el mismo abogado: el penalista experto en conformidades José Antonio Choclán.

Un mes después de la reunión filtrada, Díez mantuvo un par de encuentros con Rubén Villalba, comandante investigado en el caso Koldo. Conversaciones de cuyo contenido el guardia civil elaboró unas actas, reveladas en este caso por el diario El Mundo. En ellas, se menciona una "preocupación importante" con Aldama y un interés por que "no siga tirando de la cuerda". Y la búsqueda de información sensible para "limpiar" el Instituto Armado de "elementos subversivos". "Leire y los de arriba en el Gobierno saben lo que está pasando en la Guardia Civil pero necesitan pruebas objetivas para poder atacar. Están recopilando información de mandos de la UCO y otros que no están destinados en la UCO", rezan las actas.

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