¿Puede España, mediante adaptaciones legislativas, impedir que una empresa como Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos? La mudanza de la constructora española ha abierto un encendido debate sobre la capacidad de los gobiernos de condicionar las decisiones de las empresas privadas en el entorno del mercado único europeo. Sobre todo en el caso de compañías que, como es el caso, han acumulado beneficios durante décadas a partir de contratos públicos y que en fechas tan recientes como la pandemia de 2020 salvaron su futuro gracias al dinero del Estado que recibió para financiar sus ERTE.
El Gobierno está todavía estudiando la situación y los motivos alegados oficialmente por Ferrovial, si bien fuentes de Moncloa sostiene que detrás del traslado de la sede de Países Bajos hay razones tan prosaicas como el interés por tributar menos, especialmente, y de manera muy personal, por parte de su presidente, el multimillonario Rafael del Pino.
Las mismas fuentes no creen que haya margen para impedir el traslado de la sede, pero tampoco temen que el caso de Ferrovial anticipe la huidas de otras multinacionales. “No son como gacelas, que sale una corriendo y las otras van detrás”, explican. El Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital está examinando los argumentos expuestos por Ferrovial para irse. Los de Hacienda y Trabajo, a su vez, estudian las implicaciones fiscales y laborales de las decisión adoptada por Del Pino.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estudia el caso, pero sólo tiene competencias en relación con la transparencia, que haya información a los inversores, y con la aprobación de la decisión por parte de la junta de accionistas. No obstante, fuentes consultadas por infoLibre señalaron que dos de los motivos que más ha destacado Ferrovial para justificar su mudanza o no tienen fundamento o la empresa no los ha explicado adecuadamente.
Si Ferrovial tiene dificultades para cotizar en Estados Unidos, la CNMV desconoce cuáles son. “Di nos las explican veremos y analizaríamos qué ocurre, pero no las conocemos. Es verdad que no hay ninguna empresa española que esté cotizando allí, pero las hay que cotizan con ADR (American Depositary Receipt, un certificado que permite a los inversores norteamericanos negociar en las Bolsas de EE UU acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera del país. Lo mismo sucede con el otro motivo que esgrime Ferrovial: “Hay muchos inversores norteamericanos en el capital de empresas españolas, desconocemos las dificultades de las que ellos hablan”.
Las dificultades
¿Es posible levantar normas que hagan imposible que este caso se repita? El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no tiene dudas. En una entrevista emitida por TVE consideró “fuera de lugar” esa posibilidad porque “España es un país con unas reglas de juego y garantías de competencia de todos aquellos que cumplan los requisitos en cada una de las licitaciones”. Por más que detrás de la decisión de Ferrovial no vea otra cosa que “codicia”.
El economista Daniel Fuentes opina que en este caso hay un error de fondo. “No se puede obligar a nadie a que tenga actividad en un sitio. La economía no funciona así”, recuerda. Igual que Ferrovial anuncia que se va de España, otras multinacionales como Unilever y Shell dejaron Holanda para irse al Reino Unido. Y la petrolera ya sopesa cruzar el Atlántico hacia EEUU buscando un mercado de capitales lo más potente posible. Esas son las reglas que están vigor.
El problema, explica, tiene que ver con el acceso a mercados de capital y con la fragmentación de la imposición sobre sociedades en la Unión Europea, uno de los mayores obstáculos al mercado único. Lamentarse porque una empresa española se quiera ir es, en su opinión, poco compatible con celebrar la llegada de miles de euros de inversión directa que llegan a España procedentes del resto de Europa.
Fuentes es de los que creen que la motivación de Ferrovial no tiene nada que ver con un supuesto maltrato por parte del Gobierno, como está denunciando el PP, aunque admite que la reacción del Ejecutivo parezca confirmarlo. “Si creemos que hacen falta gigantes públicos por motivos estratégicos en determinados sectores, hágase. Entremos en el accionariado o busquemos fórmulas. Pongámosle caro el uso de las cuencas hidrográficas, del paisaje, de las infraestructuras. Nacionalicemos la hidroeléctrica”. Pero lo que tenemos son empresas que privatizamos en los noventa, recuerda. Y que se rigen por sus propias reglas.
Tratar de levantar normas que impidan cambios de sede no le parece viable. “Ferrovial no se va, cambia la sede de país por motivos financieros” y conserva aquí su actividad recuerda, por lo que “va a seguir tributando en España”. Y plantear condiciones para recibir ayudas, como propone Unidas Podemos, es algo que ya se hace habitualmente en los pliegos de condiciones en relación con el empleo u otras variables. Y en materia de impuestos, una empresa tributa donde tiene su residencia fiscal.
Javier Santacruz, economista y analista financiero, tampoco cree que la solución pase por levantar nuevos andamiajes normativos. Él da gran importancia a conservar las sedes corporativas de las empresas. Se trata del “efecto sede”, la contribución que hace el domicilio desde el punto de vista laboral, fiscal, de la actividad económica, de la innovación. “Hay un diferencia enorme entre que esté o no esté” en España, porque “implica que las principales decisiones de inversión, de retirada o entrada de mercados, de retribución, se toman en ella”.
“Diplomacia económica”
¿Y cómo retenerlas? Santacruz defiende la utilidad de lo que llama “diplomacia económica”. Si se hace bien, “aunque les subas el coste fiscal o regulatorio no tendrán el incentivo de marcharse”. Los gobiernos, de todos los colores, subraya, no suelen prestar atención a las grandes compañías cuyo negocio no depende del Boletín Oficial del Estado. Sólo les interesan como “máquinas de generación de recaudación fiscal” y únicamente se preocupan por ellas cuando tienen problemas. Cuando esas mismas empresas tienen las mayor parte de su negocio fuera del país, no tiene incentivos para quedarse, a menos que se exista esa “diplomacia económica”. “Si hubiese existido, Ferrovial probablemente no se hubiera marchado”, aventura.
En opinión de este economista, es muy difícil condicionar estas decisiones mediante los pliegos de condiciones de los contratos o la letra pequeña de las ayudas. Y menos dentro del mercado único europeo.
Del otro lado, quien no parece tener dudas sobre lo que se puede hacer es Unidas Podemos. La organización que lidera la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ya ha presentado una proposición de ley para que las empresas que deslocalicen su producción o su sede, como Ferrovial, tengan que devolver “con intereses” cualquier ayudas pública que hayan recibido.
El presidente de Ferrovial apoyó hace un mes a Feijóo y le prometió trabajar por una “España mejor y más próspera”
El plan del grupo parlamentario morado es que se vean afectadas ayudas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país. “Los españoles salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas”, recordó el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique. “Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas. Estoy seguro que cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento”.
El texto de la iniciativa alerta de que la deslocalización de empresas a países con menores costes laborales, fiscales o sociales es una “amenaza” para el sector industrial del país, sobre todo si han percibido ayudas estatales. El documento detalla que el procedimiento para exigir el reintegro se iniciará de oficio por la administración y el plazo máximo para resolver el proceso será de un año, aunque admite la posibilidad de ampliarse o suspenderse en casos excepcionales pautados.
Unidas Podemos, según las mismas fuentes. respalda la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprovechar la Presidencia de la Unión Europea para liderar los esfuerzos encaminados a homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto de la UE y muy especialmente el impuesto de sociedades para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros.
¿Puede España, mediante adaptaciones legislativas, impedir que una empresa como Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos? La mudanza de la constructora española ha abierto un encendido debate sobre la capacidad de los gobiernos de condicionar las decisiones de las empresas privadas en el entorno del mercado único europeo. Sobre todo en el caso de compañías que, como es el caso, han acumulado beneficios durante décadas a partir de contratos públicos y que en fechas tan recientes como la pandemia de 2020 salvaron su futuro gracias al dinero del Estado que recibió para financiar sus ERTE.