Galicia y Euskadi votan en una semana la gestión de dos mundos casi opuestos en renta y empleo

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Cuando Alberto Núñez Feijóo (PP) llegó a la Presidencia de la Xunta y puso fin a una legislatura de Gobierno progresista, hace ahora algo más de 11 años, la crisis financiera estaba en pleno desarrollo. El lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) no lleva tanto tiempo al frente del País Vasco: llegó en las elecciones de 2012, también para acabar con un presidente socialista, pero la depresión seguía a pleno rendimiento. Fue el año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso por decreto la reforma laboral vigente, la misma cuya reversión, siquiera parcial, sigue sin fecha. Y cuando rescató a la banca.

Galicia es hoy, después de más de una década de gobiernos de Feijóo, una comunidad empobrecida, todavía muy por debajo del PIB por habitante en relación a Europa que tenía cuando el PP derrotó a la coalición PSOE-BNG que presidía Emilio Touriño. Aquel año, Galicia estaba a 17 puntos de la media europea en PIB por habitante y en 2018, el último ejercicio sobre el que ofrece datos la estadística comunitaria, ese diferencial estaba en 25 puntos. Un indicador en el que la comunidad gallega rozó, en lo peor de la crisis financiera, los 30 puntos de diferencia con la media comunitaria.

La economía gallega nunca llegó a recuperar el terreno perdido. Aporta menos PIB al conjunto de España que hace diez años (el 5,2% según cifras de 2018 del Instituto Nacional de Estadística) y también menos trabajadores al conjunto del empleo español (la cuota gallega se ha reducido del 6,1 al 5,5%). En Galicia había todavía a comienzos de año, antes de la pandemia, seis décimas de desempleo más que en 2009 y un desempleo juvenil por encima del 28%.

En gasto sanitario por habitante, una magnitud de especial importancia en una de las comunidades más envejecidas y con más dispersión de la población, las cifras son elocuentes. Cuando Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta Galicia gastaba 1.287 euros por habitante en su sanidad y en 2018, nueve años después, esa cifra sólo había aumentado hasta 1.491 euros, prácticamente lo mismo que la inflación acumulada durante esos nueve años. Y eso que durante el mismo período creció la demanda de servicios sanitarios de la población gallega.

Galicia está entre las comunidades que siguen sin recuperar el gasto social previo a los recortes, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales elaborado con datos que cubren la década entre 2009 y 2018 que cifra el retroceso en un 3,7%, el más abultado entre los territorios peor parados: Andalucía (-0,2%), Canarias (-0,8%), Castilla y León (-0,9%) y Madrid (-1,7%)

El mismo informe destaca que Galicia también está entre las cuatro comunidades —Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Cataluña— que no habían recuperado en 2018 el nivel de gasto en servicios sociales que existía en 2009.

La estadística y la evolución de las cifras en los últimos años revelan una realidad económica y social muy diferente en el País Vasco, aunque también allí algunas magnitudes están todavía lejos de volver a ser lo que fueron antes de que la norteamericana Lehman Brothers y el ladrillo español se combinaran para desatar la devastadora crisis de 2008. Para muestra, una botón: en 2009 el País Vasco podía presumir de un PIB por habitante 29 puntos por encima de la media europea. En 2018, el último año disponible en Eurostat, esa cifra seguía por encima de la media pero se había derrumbado 22 puntos.

Contribución al PIB estatal

Aun así, Euskadi ha sido capaz de mantener en estos años su cuota en el PIB estatal en un 6%, y apenas ha perdido peso en la población española que conserva su empleo (ha pasado de un 4,9% en 2008 a un 4,7% en 2020) antes de que la pandemia lo echase todo a perder. De hecho, en los primeros meses del año el País Vasco aportaba menos parados al conjunto español que en 2009, cuando comenzó la crisis financiera.

La tasa de desempleo vasca era hace once años de un 7,7%. Se disparó al doble (124,8%) en lo peor de la crisis (2015) pero este año había vuelto a estar por debajo del 10%. También el desempleo juvenil se había reducido a comienzos de año en comparación con las cifras de de 2009 hasta situarse en un 23,9%, 3,3 puntos porcentuales más que hace once años.

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Del bienestar económico en el País Vasco dan buena medida casi todos los indicadores. La renta per cápita fue en 2018 de 33.223 euros, sólo superada por la de Madrid (35.041). Esta cifra es un 43% más elevada que la de Galicia en el mismo año (23.183 euros).

Si nos fijamos en el gasto sanitario, la comparación con el resto de Comunidades Autónomas subraya el liderazgo de Euskadi. La sanidad vasca gastaba en 2009 1.580 euros por habitante, cifra que en 2018 había alcanzado los 1.753 euros. Eso son, por ejemplo, 262 euros más por habitante que Galicia, lo que supone un 17,5% más.

Un estudio del BBVA de 2018 situaba al País Vasco y a La Rioja como las comunidades autónomas con mejor calidad de vida. Euskadi es la comunidad autónoma en la que más ha crecido la renta de los hogares, la que tiene menos personas en situación de pobreza y en la que se produce una menor tasa de abandono escolar.

Cuando Alberto Núñez Feijóo (PP) llegó a la Presidencia de la Xunta y puso fin a una legislatura de Gobierno progresista, hace ahora algo más de 11 años, la crisis financiera estaba en pleno desarrollo. El lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) no lleva tanto tiempo al frente del País Vasco: llegó en las elecciones de 2012, también para acabar con un presidente socialista, pero la depresión seguía a pleno rendimiento. Fue el año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso por decreto la reforma laboral vigente, la misma cuya reversión, siquiera parcial, sigue sin fecha. Y cuando rescató a la banca.

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