El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha admitido que el partido Voxse persone como acusación popular en la pieza número 10 del caso Tándem, conocida como Dina, en la que se investiga el presunto robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la posterior publicación de su contenido en medios de comunicación. El magistrado ha tomado esta decisión sin esperar a que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie.
El juez también admite la personación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y explica que esta acusación popular se ejercerá como "ejercicio de pretensión punitiva autónoma" y no como adhesión a otra acusación ya existente en el procedimiento. Por otro lado, el juez señala en su auto que en el caso de Vox la fianza para poder personarse en la pieza Dina se fija en 15.000 euros, mientras que a la Asociación Pro Lege le exigirá una de 10.000 euros.
El magistrado deja en espera la querella interpuesta por la formación ultraderechista contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa. A los querellados, Vox imputa seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que, según su versión y sin ningún respaldo documental o de terceros, aseguraba haber obtenido del fiscal Stampa. La querella, dice el auto, no puede ser admitida a trámite de momento al constatarse "un defecto procesal subsanable".
¿Por qué? Porque no cumple lo previsto en el artículo 277 7º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) –la firma del querellante–. García Castellón da a Vox 10 días para subsanar este defecto. La querella llegó a la Audiencia Nacional el 26 de agosto. Es decir, hace menos de una semana.
Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran que si Vox subsana el defecto formal del que habla el auto, su denuncia será admitida. Pero, añaden las mismas fuentes, el juez no la admitiría en lo que concierne a Pablo Iglesias, que goza de aforamiento ante el Supremo, ni en lo que concierne al fiscal Ignacio Stampa, que ejerce la acusación pública en todas las piezas del caso Villarejo, incluida la de Dina Bousselham.
A la pregunta de por qué el titular del juzgado central de instrucción número 6 no ha esperado a que se pronuncie la Fiscalía antes de aceptar la personación de Vox como acusación popular, las fuentes consultadas sostienen que no ha habido ninguna razón especial pero no concretaron.
Al admitir la personación de la formación ultraderechista, el magistrado garantiza a Vox su presencia en la declaración que el día 9 prestará como testigo José Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos y cuya denuncia sobre la financiación del partido ha creado nuevos problemas para la formación que dirige Pablo Iglesias. En los últimos meses, el juez ha dado varios pasos que apuntan todos ellos en la misma dirección: la de que está preparando el terreno para que el vicepresidente y líder de Podemos acabe ante el Tribunal Supremo por el robo del móvil a su antigua asesora.
El lunes, el juez se reunió con los expertos policiales que han realizado un informe sobre los daños sufridos por la tarjeta del móvil de Dina Bousselham. En la reunión no participaron ni la Fiscalía ni la representación de Podemos ni la de Bousselham. No fueron informados de su celebración.
El informe concluye que no es posible saber si la tarjeta tenía daños previos a los que muestra en la actualidad. Y, según distintas fuentes consultadas este martes, esa conclusión beneficia a Iglesias.
El caso Dina arrancó en marzo de 2019, después de que la Policía Nacional encontrase en casa de Villarejo documentos de la ex asesora que parecían provenir de una extracción de datos de su teléfono móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015. El asunto dio un giro a finales del pasado mes de mayo, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, retiró la condición de perjudicado del vicepresidente.
El escrito de Vox aduce que hubo una presunta implicación en los hechos del fiscal anticorrupción y una presunta connivencia con la abogada de la formación morada. La querella habla también de las contradicciones de las declaraciones de los implicados ante el juez hasta llegar a lo que consideran "ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos".
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Según Vox, Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre la comunicadora Mariló Montero. "La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros", explica Vox en la querella.
Añaden que el marido de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos.
El partido liderado por Santiago Abascal insiste en su querella en que la exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha admitido que el partido Voxse persone como acusación popular en la pieza número 10 del caso Tándem, conocida como Dina, en la que se investiga el presunto robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la posterior publicación de su contenido en medios de comunicación. El magistrado ha tomado esta decisión sin esperar a que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie.