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2024, el año en que los jueces entraron de lleno en la batalla política

García-Castellón abre una investigación por revelación de secretos en relación a la respuesta suiza en el 'caso Tsunami'

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El juez de la Audiencia nacional Manuel García Castellón ha incoado un pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso Tsunami Democratic.

El magistrado acuerda encargar la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial e insta a la unidad investigadora a “eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor”.

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La respuesta de las autoridades suizas, por la que se ha dejado en suspenso la tramitación de la comisión rogatoria cursada por el magistrado instructor en el marco de la causa, fue adelantada por el diario El País antes incluso de que llegase a la Audiencia Nacional, algo que ocurrió durante la mañana del martes, y fuera notificada a las partes personadas en el procedimiento.

Respuesta a Suiza

Esta nueva investigación se conoce al mismo tiempo que el juez ha respondido a Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos en causas donde se investigan delitos de terrorismo.

En un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera "inadmisible" que las autoridades helvéticas soliciten explicaciones sobre la ley de amnistía al tiempo que recuerda que la labor de los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

El juez de la Audiencia nacional Manuel García Castellón ha incoado un pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso Tsunami Democratic.

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