"La guerra es larga. El Gobierno y el PP han ganado una batalla. Pero ya veremos". Ese "ya veremos" que decía este martes Gaspar Llamazares en el Congreso encierra buena parte del recorrido de lucha contra el fin de la justicia universal dictado sumarísimamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un combate para el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio bastantes ideas: que los magistrados se rebelen contra la ley, como hizo ayer Santiago Pedraz, que se persiga penalmente a los parlamentarios conservadores que votaron a favor de la muerte de la jurisdicción universal en el Congreso y en el Senado, que otros países arremetan contra España, que se acuda al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que se active la movilización ciudadana. Todo con tal de frenar la aplicación de una norma aprobada en tiempo récord, apenas un mes, y sin casi debate.
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, organizaron para este martes en la Cámara baja el seminario monográfico Justicia universal o impunidad, para el que invitaron a Garzón y a Manuel Ollé, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y profesor de Derecho Penal de la Universal Complutense de Madrid. El motivo de la jornada no era sólo despedazar y cargar contra la ley que liquida la justicia universal y que está en vigor desde el pasado sábado, sino también poner en común "qué hacer". La ley orgánica (la 1/2014) establece que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio, torturas o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada, y sólo si la víctima es española. Y siempre que se haya interpuesto querella por el agraviado o por la Fiscalía.
Garzón, que calificó la norma impulsada por el Gobierno –en puridad, por el Grupo Parlamentario Popular, para así agilizar la tramitación y saltarse todos los dictámenes consultivos previos– de "una de las mayores agresiones legales" perpetradas contra las víctimas, sugirió atacar directamente por la vía penal. La razón se encuentra en la disposición transitoria única, que prescribe que todas las causas que estén vivas "quedarán sobreseídas". O sea, que mueren. El exjuez, igual que Ollé y Llamazares, y como habían advertido igualmente el resto de grupos durante la tramitación, advirtió de que con ello se está interfiriendo en el Poder Judicial. "Los jueces, a tomar viento. Se acabó la independencia. Hay una interferencia absoluta. Hay una usurpación que en el Código Penal, en su artículo 506, está castigada con penas de hasta tres años de cárcel y 12 años de inhabilitación y multa para aquellas autoridades que dicten disposiciones generales para privar derechos en ámbitos que no son de su competencia. Los jueces y sólo los jueces, en el ejercicio de su jurisdicción, son los únicos que pueden archivar o sobreseer una causa [...]. ¿Quiénes son los diputados y senadores del PP para invadir el Poder Judicial? Es un motivo de inconstitucionalidad de la ley clarísimo". "Hay que pensar que esto no tiene por qué salir gratis", abundó.
Por eso Garzón apoyó el plante de ayer de Pedraz en la Audiencia Nacional, que decidió mantener vivo el caso Couso, con el argumento de que, en virtud del IV Convenio de Ginebra, España está "obligada" a perseguir "sin limitación alguna" los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado. El exjuez animó a los magistrados a rebelarse. "No es una ley necesaria. Es una ley inconstitucional. Los jueces tienen la obligación, cuando una norma es flagrantemente contraria a la Constitución, de no aplicarla. Por eso Pedraz ha hecho lo correcto, y espero que todos los demás colegas lo hagan". El exjuez, no obstante, entrevió en ese punto el primer obstáculo, pues considera que la Fiscalía, una institución cuyo titular es nombrado por el Gobierno, se opondrá a que la docena de causas que estaban siendo investigadas continúen en pie. "Vamos a ver qué hace el fiscal de la Audiencia Nacional, que convocó una junta de fiscales para criticar la reforma, vamos a ver si recurre o no la decisión de Pedraz. Me atrevo a decir que la va a recurrir. Acordaos de lo que os estoy diciendo", avisó al centenar de presentes en la sala Clara Campoamor del Congreso.
Factura chapucera
Para el exjuez, que abrió las causas contra Adolfo Scilingo y Augusto Pinochet a finales de los noventa, la norma promovida por el PP supone un retroceso de "veinte años", que contraviene todos los tratados internacionales ratificados por España, por lo que puede ser sancionada “sin lugar a dudas”. “Estaría muy bien que así fuera. Todo se andará. Ojo, que las cosas están cambiando”, porque “fuera de España esto es un escándalo”, verbalizó. Garzón reseñó que otros países están siguiendo “la línea contraria”, la de ampliar los límites de la jurisdicción universal, caso de Francia. “Dicen que se apoyan en la comunidad internacional. ¿Qué se entiende por tal? ¿China, Rusia y Estados Unidos? Entonces hay consenso en la impunidad”.
El exmagistrado también advirtió de que la factura tan chapucera de la ley hace que incluso serían difícilmente perseguibles actos de terrorismo. Por ejemplo, no se podría actuar contra la cúpula de Al Qaeda por estar fuera de España, o contra un jefe de ETA que estuviera en Francia. “Si viene, se podría pasear por la Costa del Sol y no se podría hacer nada”, ilustró.
El recurso más inmediato y obvio es ante el Tribunal Constitucional, que con toda seguridad presentará el PSOE (apoyado probablemente por más grupos). De nuevo, el exjuez no mostró mucha confianza, por su composición, con mayoría conservadora. Así que habrá que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y a las instancias de la ONU como el comité de derechos humanos o el de desaparición forzada de personas o el comité contra tortura. Todos aquellos organismos en los que España está y que pueden exigirle “que cambie”. “Creo que nuestra obligación es la defensa de las víctimas, que son las grandes olvidadas y marginadas de esta reforma”.
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"Compraventa legislativa de China a España"
Ollé clamó contra una ley “sangrante”, que deja impunes crímenes gravísimos, por los que todos debemos sentirnos “ofendidos”. El abogado hizo hincapié en los motivos que han guiado al Gobierno a actuar con tanta celeridad para matar la justicia universal: China. Cinco exlíderes comunistas estaban siendo investigados por la represión en el Tíbet. Y Pekín, uno de los mayores tenedores de deuda, presionó. Con éxito. Se trata, a juicio de Ollé, de un caso de “clientelismo, de compraventa legislativa de China a España”. Así, la jurisdicción universal cae por “motivos económicos”. “Se priorizan los negocios sobre el Derecho”, había coincidió Llamazares. “Si se boicotea la persecución de estos crímenes, se está favoreciendo la impunidad –resumió el letrado–. La ley debilita el Estado de derecho, contraviene el Derecho Internacional, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la impunidad. Todos los operadores jurídicos debemos hacer lo que se hizo en su día: no cruzarnos de brazos, pelear desde la dignidad y el derecho internacional”.
Como concluyó Llamazares, de la jornada de este martes salen ideas para “coordinar iniciativas” en la calle y en las instituciones. “No estamos solos”.
"La guerra es larga. El Gobierno y el PP han ganado una batalla. Pero ya veremos". Ese "ya veremos" que decía este martes Gaspar Llamazares en el Congreso encierra buena parte del recorrido de lucha contra el fin de la justicia universal dictado sumarísimamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un combate para el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio bastantes ideas: que los magistrados se rebelen contra la ley, como hizo ayer Santiago Pedraz, que se persiga penalmente a los parlamentarios conservadores que votaron a favor de la muerte de la jurisdicción universal en el Congreso y en el Senado, que otros países arremetan contra España, que se acuda al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que se active la movilización ciudadana. Todo con tal de frenar la aplicación de una norma aprobada en tiempo récord, apenas un mes, y sin casi debate.