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El gasto farmacéutico público roza ya los 20.000 millones en un año, tras una subida de casi un 30% desde 2014, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "Es un problema grave del sistema, que nadie ha controlado" y que puede "ir a más", señala el presidente de la Fadsp, Marciano Sánchez Bayle.
En 2020 el gasto farmacéutico público total alcanzó los 19.549 millones de euros, de los cuales un 59,8% (11.696 millones) corresponde a medicamentos recetados dispensados en las oficinas de farmacia y un 40,2% (7.852 millones) a medicamentos hospitalarios, unos datos que el informe obtiene a través de tablas estadísticas de los ministerios de Sanidad y Hacienda [ver aquí el informe, titulado Política farmacéutica. Situación actual y propuestas].
Los casi 20.000 millones suponen un incremento de 808 millones con respecto a 2019, un 4,3%. Desde 2014 a 2020 la cuantía dedicada a gasto farmacéutico ha subido de 15.111 a 19.549 millones de euros, lo que supone 4.438 millones, un 29,3%.
Con esos más de 4.400 millones, señala el informe, "se podrían haber contratado" 88.760 profesionales a 50.000 euros brutos al año. El gasto farmacéutico crece a mayor ritmo que el gasto sanitario público: 24% frente a 21% entre 2014 y 2019, según el informe.
Un "problema" que va "a más"
El dinero destinado a gasto farmacéutico en 2020 constituye la mayor cantidad bruta desde que empezó la serie, en 2014, coincidiendo con el comienzo de los desgloses del Ministerio de Hacienda, aclara a infoLibre Marciano Sánchez Bayle, presidente de la federación de asociaciones que pone la firma al estudio. "El gasto farmacéutico se va comiendo cada vez una parte mayor del gasto sanitario público, repercutiendo sobre todos los elementos del sistema", explica Sánchez Bayle. Se trata de "un problema grave del sistema, que nadie ha controlado y que va a ir a más si no se adoptan medidas", pronostica.
El presidente de la Fadsp señala que los datos de 2020 se dan, además, sin contar las vacunas, soportadas con fondos europeos, aunque sí medicamentos relacionados con el covid-19 como el Remdesivir. "En el futuro, el reparto de los costes de las vacunas puede ir cambiando, y agrandar aún más esta partida. Además, tengamos en cuenta que los gastos de la UE son gasto público, que pagamos todos también", recalca.
Más de un cuarto del total
El gasto farmacéutico global en España alcanza un 25,1% del total del gasto sanitario público, un dato de 2019. Este 25,1% se reparte entre un 15,4% de receta de farmacia y un 9,7% de medicina hospitalaria. Se trata de la segunda partida más elevada del gasto público, sólo por detrás de la remuneración del personal (43,9%). La Fadsp destaca el contraste de la partida farmaceútica con el 1,1% dedicado a políticas de salud pública y el 2% de renovación de infraestructuras y equipamientos. "El gasto farmacéutico público debería tender a situarse en un máximo del 15% del gasto sanitario público total, reduciéndolo desde el 25% actual", señala el informe. Si al gasto farmacéutico se le suman los productos sanitarios, el bocado del porcentaje total del gasto sanitario público sube al 31,6%.
El foco en los precios
El informe atribuye el grueso del incremento a la farmacia hospitalaria, que desde 2014 creció un 52%: de 5.151 a 7.852 millones. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que crecerá un 31% adicional entre 2019 y 2024, como recalca el informe. "El gasto farmacéutico hospitalario es muy poco visibilizado. Los medicamentos [...] se emplean para el tratamiento de los pacientes ingresados pero también para pacientes ambulantes y externos en procesos oncológicos, infecciosos, enfermedades neurológicas, autoinmunes, oftalmológicas, pacientes renales, enfermedades raras, fibrosis quística... Muchos de estos tratamientos tienen precios muy altos [hasta 400.000 euros], que son asumidos por el sistema de salud y gratis para el paciente (copago 0)", añade el informe.
La federación de asociaciones pone el foco en los precios. "El vigente sistema de patentes y derechos de la propiedad intelectual favorece que se autoricen altísimos precios [...], por la posición de monopolio de las compañías farmacéuticas" y no por los costes de producción e investigación ni por su "efectividad", agrega el estudio, que pone como ejemplos de precios "abusivos" medicamentos para pacientes con hepatitis C, cáncer, atrofia muscular y ceguera, entre otros. El informe propone un mayor control público de los precios, con criterios de costes de producción y resultados.
Ello evitaría casos como uno que cita el informe, Remdesivir, usado contra el covid-19, con un coste de producción para un tratamiento de 9 euros, que en cambio tienen un precio de venta de 2.083 euros, siempre según el informe. Los autores consideran que un "beneficio prudente" sería del 10%.
Medidas para un cambio de modelo
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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública recalca que la industria el medicamento es "uno de los sectores del mercado de mayor peso en la economía, con intereses comerciales y financieros de primer orden y gran capacidad de influencia en las decisiones de [...] los gobiernos". Dicho sector, añade, ejerce "una profunda influencia en las áreas de responsabilidad institucional de la administración, en las asociaciones científicas y profesionales, en las asociaciones de pacientes y por supuesto en los profesionales sanitarios". Todo ello, sumado a su influencia en los medios, acaba favoreciendo un "sobreconsumo" de medicamentos.
El informe propone políticas farmacéuticas que se dirigen de lleno contra los intereses de la industria. Se trata de buscar "alternativas a las patentes para la financiación de la I+D en salud". "Es necesario conciliar adecuadamente el interés público con los beneficios de las empresas. Al otorgar las patentes, los gobiernos conceden a las empresas un periodo de tiempo de exclusividad en el mercado como forma de mantener y mejorar la innovación. Durante esos años, el propietario de la patente puede fijar un precio del fármaco muy por encima de los costes, puede recuperar los costos de su inversión en I+D y obtener un beneficio supuestamente adecuado al riesgo que soporta. Pero en la práctica el sistema de patentes permite que los laboratorios impongan precios abusivos", indica el informe.
¿Qué se propone? "Licencias abiertas, compartidas y no exclusivas, donde la propiedad intelectual no suponga una barrera en el acceso a los tratamientos", reformas legales para "afrontar casos de crisis sanitarias, en que las patentes no entorpezcan la necesaria respuesta" y plataformas públicas para investigación clínica", entre otras medidas. La Fadsp propone cambiar el proceso de fijación de precios de los medicamentos, situando como base el coste de fabricación e investigación, y hacer valer el peso de la aportación pública a la investigación. El informe también reclama mayor centralización de las compras, un sistema de licitaciones, legislación más estricta para evitar conflictos de intereses del personal médico y mayor educación sanitaria contra la cultural del "sobreconsumo".
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