A 15 días del anunciado referéndum del 1-O en Cataluña, el Gobierno sigue dando pasos para impedir que se celebre esta consulta cuya ley ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional (TC). Con el frente judicial avanzado –el Ejecutivo ha recurrido la reforma del reglamento del Parlament para la desconexión exprés, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, y la Fiscalía ha advertido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los alcaldes partidarios de la consulta– Mariano Rajoy y su equipo han puesto el punto de mira en el Presupuesto de la Generalitat. Así, el Consejo de Ministros de este viernes tiene previsto aprobar nuevas medidas con la finalidad de incrementar el control del gasto del Govern.
La idea que inspira a este paquete de medidas es asegurarse de que los gastos sociales que la Generalitat paga con sus Presupuestos realmente se destinan a esos fines y no a la causa independentista. Además de la posibilidad de que el Gobierno gestione directamente el gasto social de Cataluña, el Consejo de Ministros debatirá que sea directamente Hacienda quien pague la factura de los proveedores catalanes con los fondos del sistema de financiación.
El FLA no se toca
Las medidas no afectarán al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aclaran desde el Gobierno. Si no hay cambios de última hora, se deja para las próximas semanas otro paquete de iniciativas encaminado a exigir responsabilidades a aquellas empresas privadas que contribuyan a los gastos de organización del referéndum. También se estudia poner todos los obstáculos posibles para evitar que los gastos destinados al referéndum sean consignados en los Presupuestos una vez haya transcurrido el 1-O.
Las fuentes consultadas resumen que, en la práctica, con el control a las cuentas públicas catalanas, estamos ante una especie de intervención del Presupuesto autonómico. Y es que si Hacienda llega a gestionar de forma directa el gasto social, administraría un porcentaje importante del Presupuesto autonómico.
La medida, insisten, puede llegar a ser más efectiva que la aplicación del artículo 155. De hecho, en todo este proceso, ha habido un debate interno en el seno del PP con dos sectores enfrentados: los partidarios de aplicar este artículo que contempla la suspensión de la autonomía y los partidarios de medidas como las que estudia este viernes el Consejo de Ministros. Este último grupo defiende que el control exhaustivo de las cuentas tendrá más efectos.
Nuevo órdago del Govern
El ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia del Gobierno llevaban tiempo trabajando en estas medidas en previsión de que la Generalitat endureciera el pulso al Estado. Y así ha sido. Este mismo jueves, el conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunicó a Cristóbal Montoro que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat a los que les obliga el Ejecutivo desde mediados de julio. A su juicio [consulta aquí la carta], estas demandas de información por parte del Gobierno central "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".
Por su parte, el titular de Hacienda respondió por la misma vía a su interlocutor. En su carta, Montoro defiende que el Govern no puede justificar incumplir las obligaciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el TC y, por tanto, no amparan ninguna actuación. En su misiva, Junqueras esgrimía como motivo de dejar de enviar los gastos a Hacienda las últimas leyes aprobadas en el Parlament.
Montoro señala, además, que no hay control político como defendía Junqueras. Se trata, según el ministro, del "control de la legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales", informa Europa Press.
Fue el pasado 21 de julio tras una reunión de la CDGAE presidida por Mariano Rajoy cuando se acordó poner condiciones a la Generalitat a la hora de seguir percibiendo la transferencia de efectivo a través del FLA. La principal de las medidas fue la de la obligación por parte de esta comunidad de remitir semanalmente a Hacienda un informe con los gastos realizados. Una vía para comprobar que no se había destinado un solo euro al pago de partidas orientadas a la celebración de la consulta, y a la que el Govern acaba de dar un portazo.
La principal de las exigencias había de cumplirse cada miércoles y así vino ocurriendo hasta la semana pasada, según aseguran en el departamento de Cristóbal Montoro. Este mismo martes, el propio ministro, además de insistir en que no va a destinarse un solo euro de dinero público a la consulta ilegal, había asegurado en los pasillos del Senado que el interventor de la Generalitat de Cataluña "no conoce el origen de los recursos" con los que se ha pagado la web ni el anuncio llamando a votar, y que su departamento estaba estudiando el asunto porque "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades". Este hecho hizo saltar algunas alarmas en el Ejecutivo, unas alarmas que se dispararon del todo este jueves con la negativa de Junqueras a seguir remitiendo el informe, señal de que la Generalitat asegura, por escrito, al Gobierno que el Presupuesto de Cataluña no ha desviado ninguna cantidad a la causa soberanista.
Según explicó Montoro, el interventor no ha podido acreditar hasta la fecha cómo se ha pagado esa web y ese anuncio. "Es muy preocupante que ocurra esto en un país desarrollado y civilizado, que un poder público esté haciendo un gasto público y que la Intervención no es capaz de informar sobre el origen de los recursos públicos", añadió el ministro advirtiendo de que "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades", una pista del paquete de medidas en el que su departamento venía trabajando.
Recientemente, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, explicó en su perfil de Twitter que la web del referéndum es la misma que la del Estatut: "Los catalanes lo aprovechamos y reciclamos todo", bromeó. En esta línea, fuentes del Govern aseguran a infoLibre que la web "no ha costado un euro".
Los otros incumplimientos
El debate político sobre el 1-O se traslada esta semana al Congreso
El compromiso de la Generalitat con el Estado en lo que a la remisión de los informes de la Intervención se refiere no ha durado ni dos meses. Hay otras obligaciones que ni siquiera llegaron a cumplirse. El pasado 21 de julio, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos también reclamó al Govern que le diera traslado del listado de los interventores que certifican el gasto de la comunidad autónoma.
En su día, Junqueras advirtió que no iba a facilitar este listado. Y así ha sido. El dirigente independentista subrayó que asumía el compromiso de informar de todo lo que hacía referencia "al gasto" de la Generalitat, como le pedía el Gobierno central, pero también advirtió de que el Govern no tenía en mente facilitar la lista de interventores vinculados a 183 entidades de la administración catalana. Iban a ser los consellers, dijo, los encargados de certificar "cualquier petición de información".
Cuando infoLibre informó de este incumplimiento, la Moncloa evitó hablar de posibles sanciones. Ahora, defienden que con las medidas que saldrán adelante este viernes en el Consejo de Ministros se demuestra que Rajoy tiene una respuesta política para los desafíos de los independentistas y que lleva tiempo trabajando con sus colaboradores "contemplando todos los escenarios".
A 15 días del anunciado referéndum del 1-O en Cataluña, el Gobierno sigue dando pasos para impedir que se celebre esta consulta cuya ley ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional (TC). Con el frente judicial avanzado –el Ejecutivo ha recurrido la reforma del reglamento del Parlament para la desconexión exprés, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, y la Fiscalía ha advertido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los alcaldes partidarios de la consulta– Mariano Rajoy y su equipo han puesto el punto de mira en el Presupuesto de la Generalitat. Así, el Consejo de Ministros de este viernes tiene previsto aprobar nuevas medidas con la finalidad de incrementar el control del gasto del Govern.