La cárcel-CIE de Archidona (Málaga), en la que el Ministerio del Interior recluyó a 577 inmigrantes entre el 20 de noviembre y el 10 de enero, empezó a recibir internos sin que estuvieran preparados para su funcionamiento la red de agua potable, la cocina ni el servicio de lavandería, según respuestas por escrito ofrecidas por el Gobierno a preguntas de la senadora Maribel Mora (Unidos Podemos). La reclusión de inmigrantes en situación irregular, entre ellos 11 menores de edad, en un centro penitenciario aún no inaugurado ni habilitado causó la reacción crítica de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Un interno se suicidó en su celda tras un enfrentamiento entre reclusos y policías en el centro.
Al menos cuando llegaron los primeros inmigrantes no había acceso a agua potable, ni cocina, ni lavandería, si bien el Gobierno asegura que fue una situación transitoria. La respuesta oficial a Mora señala que el centro contaba con instalación para ofrecer agua potable desde el principio, aunque "se desaconsejó su uso para consumo humano hasta la realización de las correspondientes labores de mantenimiento de la kilométrica red de tuberías de un centro que no había estado operativo con anterioridad". El Gobierno asegura que "inmediatamente después" de las tareas de mantenimiento, se pudo consumir. No especifica cuánto tiempo transcurrió.
Una situación parecida, según la respuesta oficial, se dio con la cocina. "Debido a los plazos mínimos de adjudicación de este servicio, su puesta en funcionamiento sufrió una pequeña demora", según el Gobierno. "Por ese motivo se instalaron microondas para calentar la comida suministrada en pack alimenticio, si así se deseaba. No obstante, a partir del momento de adjudicación, se distribuyó la comida a los distintos módulos en los carros calientes con los que se equipa una cocina de este tipo", añade.
La lavandería también sufrió, según la respuesta oficial, "un mínimo retraso debido a los plazos legales para la adjudicación del servicio de recogida de ropa, limpieza y posterior distribución".
infoLibre preguntó al Ministerio del Interior por los periodos concretos en que los inmigrantes estuvieron privados de estos servicios, sin respuesta.
El 21 de noviembre, al día siguiente de que empezaran a llegar inmigrantes al CIE, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), afirmó que las personas recluidas en Archidona "están igual que en los CIE" e incidió en que el centro penitenciario estaba dotado con "nuevas tecnologías, calefacción, enfermería, televisión y campos de deportes". El 28 de noviembre afirmó que el centro de Archidona tenía “infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIE”.
La "urgencia" con la que se produjo el internamiento llevó a que la seguridad fuera asumida cuando empezaron a llegar inmigrantes por "funcionarios de las unidades de intervención policial que, debido a su inmediata disponibilidad y movilidad, eran idóneas para garantizar la custodia y vigilancia del centro", según la respuesta oficial del Gobierno. El régimen policial de la cárcel-CIE, donde estaban recluidos inmigrantes sobre los que no pesaba ninguna condena ni eran sospechosos de ningún delito, también fue objeto de numerosas denuncias por parte de asociaciones en defensa de los inmigrantes.
Tres meses después
La cárcel de Archidona ha empezado esta semana a recibir a sus primeros internos. Está previsto que en la primera fase de funcionamiento lleguen de manera escalonada unos 200, según datos del Ayuntamiento. La alcaldesa, la socialista Mercedes Montero, no oculta su satisfacción. Con los nuevos vecinos llegan los funcionarios, que alquilan viviendas y consumen en Archidona. "Es un pueblo cómodo para vivir y con todos los servicios que se pudieran necesitar", ha señalado Montero a Europa Press.
El centro penitenciario, calcula Montero, estará a pleno rendimiento en dos años. Todo parece reunir las características de un acontecimiento feliz para Archidona. Pero no es sencillo olvidar que, a pesar de que en teoría es una cárcel de estreno recién inaugurada, no es la primera vez que sus muros sirven para la reclusión de seres humanos. Y sobre las espaldas de los 577 anteriores no pesaba ningún delito en España.
Este mismo martes en que empezaron a llegar los primeros presos –esta vez presos de verdad, juzgados y condenados– se cumplían tres meses redondos desde que el centro se vació de inmigrantes irregulares. Fue el 10 de enero. El Gobierno se ha empeñado desde entonces en dejar atrás el episodio de la cárcel-CIE. Pero ha tenido que ofrecer algunas respuestas. Atendiendo preguntas por escrito de la senadora Maribel Mora, el Gobierno soltado algunos datos sobre lo ocurrido.
Todos argelinos menos un marroquí
Según las respuestas del Ejecutivo, el número de inmigrantes internados en Archidona ascendió a 577. Salvo uno, de nacionalidad marroquí, todos eran argelinos. Ingresaron en el centro en cuatro tandas: 209 el 20 de noviembre, 288 el 21, 10 el 22 y 70 el 25.
El centro se vació de inmigrantes el 10 de enero. El Gobierno da cuenta de 486 expulsiones entre el 11 de diciembre y el 16 de enero, todas ellas de argelinos. Todas las "devoluciones", según la respuesta oficial, se realizaron por vía marítima desde Almería, en 15 grupos de entre 4 y 40 personas, con destino a Ghazaouet u Orán, en Argelia.
Los restantes 89 inmigrantes fueron puestos en libertad, según explicó Zoido en su comparecencia en el Congreso el 24 de enero. 11 de ellos quedaron libres por ser menores de edad.
Más de 800.000 euros
El coste de los "servicios" durante el internamiento ascendió a 838.211,31 euros. Las mayores partidas fueron en alimentación (380.264,56 euros), limpieza-lavandería (167.113,44 euros) y asistencia sanitaria (98.000 euros). El resto se fue en transporte, traducción, gasóleo, indumentaria y agua. Según el Gobierno, la cantidad era inferior a la prevista en el presupuesto inicial de emergencia, que ascendía 1,45 millones de euros.
El Gobierno niega a Mora información sobre las asistencias médicas prestadas, tanto en el centro de Archidona como en el Hospital de Antequera, por implicar "datos de carácter personal protegidos" por el reglamento que regula los CIE. Interior afirma que no dispone de un registro de los traslados a centros médicos.
Bridas no, "lazos de seguridad"
Las últimas deportaciones cerraron parcialmente un episodio convulso, inédito en el trato de la democracia española a extranjeros sin papeles. Cientos de inmigrantes habían sido trasladados desde Murcia a la cárcel de Archidona, aún sin terminar y lejos de reunir las condiciones idóneas para albergar internos.
La medida había sido adoptada con autorización judicial y en virtud de una resolución administrativa dictada justo el 19 de noviembre, pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos vieron insuficientes las garantías y pusieron el grito en el cielo. La explicación oficial del Gobierno era que no había disponibles suficientes plazas en los CIE, lo cual habría obligado a usar esta prisión a pesar de no estar acondicionada.
La decisión entrañaba problemas legales. La ley establece que los internamientos de extranjeros que no han cometido ningún delito no deben realizarse en centros penitenciarios. Interior alegó que Archidona aún no era una cárcel, aunque el BOE ya la identificaba como centro penitenciario. La medida levantó protestas por la criminalización de los inmigrantes que implica. Pero también por las condiciones en las que estaban allí encerrados. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, censuró cómo vivían los internos, atrapados en el patio bajo vigilancia de antidisturbios, trasladados con bridas...
En respuesta por escrito a la senadora Maribel Mora, Interior señala que los traslados se realizaron con "trato digno y respetuoso", pero "compatible con las incomodidades que toda conducción puede conllevar". Entre los medios utilizados estuvieron las bridas, que el Gobierno llama "lazos de seguridad", homologados por la Dirección General de la Policía.
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De la tensión a la tragedia
El ambiente era tenso, propicio para incidentes. Episodios de máxima tensión y denuncias de trato policial violento o degradante traspasaban los muros del centro. Finalmente se produjo una tragedia con la muerte del interno Mohamed Bouderbala, de 36 años, que fue encontrado ahorcado en su celda el 29 de diciembre. Las investigaciones oficiales concluyeron que se suicidó. La senadora Maribel Mora también pidió que se le mostrara el protocolo antisuicidios del centro. La respuesta es que los CIE "no disponen de protocolos particulares contra los suicidios", materia que se rige por una instrucción policial.
El Gobierno defiende la legalidad del uso del centro de Archidona como CIE. "El ordenamiento jurídico español en esta materia, derivado del derecho de la Unión Europea, contempla la posibilidad de habilitar centros de ingreso temporal o provisional ante situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros existentes", señala una de las respuestas oficiales.
La cárcel-CIE de Archidona (Málaga), en la que el Ministerio del Interior recluyó a 577 inmigrantes entre el 20 de noviembre y el 10 de enero, empezó a recibir internos sin que estuvieran preparados para su funcionamiento la red de agua potable, la cocina ni el servicio de lavandería, según respuestas por escrito ofrecidas por el Gobierno a preguntas de la senadora Maribel Mora (Unidos Podemos). La reclusión de inmigrantes en situación irregular, entre ellos 11 menores de edad, en un centro penitenciario aún no inaugurado ni habilitado causó la reacción crítica de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Un interno se suicidó en su celda tras un enfrentamiento entre reclusos y policías en el centro.