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La línea roja sobre inmigración, terreno donde se suelen partir las aguas entre la derecha liberal-conservadora y la nacionalista, parece estos días nítidamente pintada en el suelo político andaluz. A un lado, Vox criminaliza la inmigración y señala a los menores con dedo acusador. Al otro, el resto de partidos se desmarcan y lo censuran. Y aquí se incluyen PP y Cs, que gobiernan gracias al partido ultra pero estos días no le hacen concesiones migratorias. Ni en acuerdos, ni tampoco en discurso. El presidente, Juan Manuel Moreno (PP), incluso invoca "principios morales" que los separan.
Sí, estos días parece que hay una raya en el suelo. Pero la raya no siempre estuvo ahí.
La legislatura andaluza se ha armado sobre la base de unos acuerdos con cesiones relevantes de PP y Cs a Vox sobre inmigración, que incluyen la preferencia por los extranjeros cristianos –velada tras la expresión "inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental"–, el señalamiento de los centros de menores como foco de inseguridad y la retirada de fondos para la inclusión. Los acuerdos han dado cobertura a Vox para sus agresivos discursos antiinmigratorios durante casi dos años y medio.
Moreno y los "principios"
Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, respondía así este jueves al portavoz de Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento: "Tenemos principios morales y humanitarios, que definen una manera de hacer política". ¿Qué había dicho Gavira? El repertorio habitual: "invasión", "cualquiera que viva en Marruecos, Argelia o el norte de África ya sabe que aquí los estamos esperando", "las mafias se están frotando las manos con el negocio", "hay yihadistas que acceden a España a través de las costas andaluzas"...
La inmigración, concretamente el rechazo a que Andalucía acoja a menores inmigrantes llegados de Ceuta, se ha convertido en la percha de la que Vox cuelga su giro hacia una mayor beligerancia contra el Gobierno regional, al que reclama elecciones anticipadas. El apogeo de la ofensiva tuvo lugar el pasado domingo, cuando Santiago Abascal lideró una manifestación "en defensa de nuestras fronteras" en Sevilla, ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia andaluza.
De modo que Moreno llevaba preparado el guión este jueves para responder a la descarga de Vox sobre su tema estrella. El presidente le recordó a Gavira lo obvio: "Sólo podemos actuar en nuestro ámbito competencial". Y también: "El Gobierno de España tiene competencias exclusivas en inmigración y control de fronteras". Moreno recalcaba que la inmigración debe ser "una política de Estado". Todo eso además de aludir a "principios morales y humanitarios". Ha habido más mensajes del Gobierno en esa línea de firmeza esta semana. Abascal "no va a marcar la agenda" de la Junta, ha afirmado el vicepresidente, Juan Marín (Cs), dando respuesta a la exigencia de Vox de no acoger menores. El propio Moreno, ante la insistencia de Vox, ya había aludido la semana pasada a la fotografía de guardia civil sosteniendo a un bebé: "También es un mena".
Acuerdo de investidura y "cultura occidental"
¿Siempre marcó así el terreno Moreno ante Vox? No. Los papeles muestran significativas cesiones al partido de Abascal desde las elecciones de diciembre de 2018.
Ya en enero de 2019 firmaron un primer pacto el propio Moreno, entonces en busca de votos para convertirse en presidente; Teodoro García Egea, secretario general del PP; Francisco Serrano, durante su etapa como líder andaluz de Vox; y Javier Ortega Smith, secretario general del partido ultra. Era un acuerdo de investidura de 37 puntos, entre los que figuraban estos dos:
–"Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada' y combatir a las mafias [...]".
–"Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [...], garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental [...]".
Ambos compromisos son, desde el punto de vista práctico, de más que dudosa eficacia. La mayoría son obviedades, como que hay que cumplir la ley. Pero políticamente supusieron un éxito de Vox. El partido de Abascal lograba colocar en el acuerdo el "efecto llamada" y colar una alusión a la preferencia por una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", una forma eufemística de anteponer a los latinoamericanos, más comúnmente cristianos, y postergar a los africanos, con frecuencia musulmanes. La apelación a la "cultura" o la "civilización" occidental es una fórmula común de las derechas anti-Islam en Europa. Vox y Abascal usan estos conceptos.
El PP firmó aquel papel, que además se ajustaba a la campaña que Vox tenía en marcha justo entonces para forzar a la Junta a facilitar a la Policía Nacional la documentación recabada por el Servicio Andaluz de Salud de los inmigrantes al hacerse la tarjeta sanitaria. El partido de Abascal defendía que con el uso de esta información se lograría expulsar a 52.000 inmigrantes, cifra sin la menor base fáctica. Eso es lo que había detrás del "apoyar documentalmente a la Policía Nacional", como recordaba Rocío Monasterio.
Acuerdos presupuestarios: "menas"
Aquel primer acuerdo llevaba la firma de PP y Vox, pero no la de Cs. Era aún la etapa en la que el partido entonces de Albert Rivera evitaba sentarse con los de Abascal. Como los triángulos de dos lados son imposibles, aquello no duró. Una vez Moreno fue investido presidente gracias a Vox, nombró vicepresidente a Juan Marín, de Cs. Y el Gobierno de ambos, Cs incluido, comprobó que necesitaba a los por entonces 12 escaños de Vox –luego pasaron a 11, cuando una parlamentaria de Vox se fue a Falange–. Los acuerdos alcanzados en junio y octubre de 2019 para los presupuestos de aquel año y 2020 volvieron a incorporar elementos del marco sobre inmigración de Vox.
En junio PP y Cs se comprometieron con Vox a que la Consejería de Presidencia, que dirige Elías Bendodo, hombre fuerte del Ejecutivo (PP), propusiese al Ministerio del Interior un convenio de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el "apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular". Se trataba de crear "un órgano de coordinación" con tal objetivo.
El acuerdo sirvió a Vox para mantener en agenda el tema migratorio en Andalucía, a pesar de que es un asunto que por competencias está llamado a dirimirse a escala estatal. De hecho, ¿en qué ha quedado este compromiso? ¿Y los del acuerdo de investidura? infoLibre ha preguntado a Presidencia, que explica que la Unidad de Policía Adscrita a Andalucía ayuda a la Policía y la Guardia Civil "en los asuntos que requieren de nuestra ayuda". Además, Presidencia ha solicitado "en diferentes ocasiones" una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para abordar varios asuntos, entre ellos el convenio". "Nos ha derivado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y estamos a la espera de que nos cierren una reunión", explican.
Son las consecuencias de adquirir compromisos que dependen de competencias y decisiones ajenas. Otras veces los acuerdos no valen sólo para la propaganda de Vox, sino que tienen consecuencias contantes y sonantes. El pacto alcanzado en junio de 2019 estableció que el presupuesto debía sacar 600.000 euros del programa "para la promoción e inserción de personas inmigrantes" y asignárselo a construcción de infraestructuras judiciales. Fue una victoria de Vox, que presumía del logro apuntando ya contra los "menas", una de sus grandes dianas.
Todo ello, gracias a la firma de PP y Cs.
Ambos partidos también acordaron con Vox, ya en octubre de 2019, negociar con Interior la "gestión conjunta" de la información de los "archivos" de la Junta para luchar contra la "inmigración irregular", lo cual renovaba la pretensión del partido de que la Administración entregase a la Policía Nacional los datos que fuese recabando de los inmigrantes irregulares para forzar su expulsión.
Aquel acuerdo introdujo además un compromiso rotulado como "Seguridad centros menas". Se trataba de "contener posibles situaciones de conflicto" en dichos centros. El acuerdo se firmó un 23 de octubre. Unos días después, el 4 de noviembre, Rocío Monasterio acudió a Sevilla para denunciar ante un centro de menores inmigrantes en La Macarena la situación de "inseguridad" y los "graves problemas" por dicho centro. "El español tiene derecho a caminar con tranquilidad sin ser atracado por una manada de menas", declaró.
Esa ha sido la dinámica: Vox ha ido colocando en sus acuerdos con PP y Cs temas que luego explotaba con sus campañas de agitación.
El Tribunal de Cuentas guardó en un cajón hace un año una petición de la Fiscalía para investigar las cuentas de Vox
El último acuerdo alcanzado, de nuevo con las firmas de PP, Cs y Vox, es de noviembre de 2020 para el presupuesto de 2021. De nuevo, con peajes. El pacto incluye una medida que implica una vinculación entre inmigración y delincuencia, con un apartado titulado “Seguridad en centros MENAS”. El compromiso de PP y Cs ante Vox es el siguiente: “Se considera necesario establecer condiciones y requisitos en los conciertos y subvenciones de acogimiento al colectivo [de menores inmigrantes no acompañados], que asegure las necesarias condiciones de seguridad”. Vox celebró el acuerdo así: "Incremento de seguridad en los centros de menas. Queremos barrios seguros".
Hay otro compromiso en el acuerdo de presupuestos para 2021 que sirve para dar cobertura al discurso de Vox: el que explicita que habrá una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia de Cooperación Internacional para introducir el dinero como una subvención al Banco de Alimentos. “Primero lo nuestro”, valoraba Vox el acuerdo, un mensaje habitual del nacionalismo con tintes xenófobos.
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