Eran contratos extraordinarios, sin apenas trámites, que surgieron para responder a la emergencia letal del covid. No llegaban para quedarse. Pero, pese a la casi completa vuelta a la normalidad, en Andalucía siguen vigentes.
El Gobierno andaluz ha estirado 18 meses la contratación a dedo de clínicas privadas, que tenía que servir sólo para descargar el sistema de la presión añadida que suponía la fase aguda de la pandemia y no continuar cuando hubiera opciones alternativas. Esta contratación sin los habituales requisitos, controles y garantías debía acabar, según la previsión inicial, al terminar 2021. Pero el Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno (PP) la ha ido prolongando hasta final de junio de 2023. El resultado es que ha triplicado sobradamente los fondos dedicados a estos contratos a dedo: de 70 millones a 242,72 millones.
La ampliación se ha llevado a cabo mediante cuatro prórrogas, firmadas entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, en las que ha alegado una "sobrecarga" de la red pública que no siempre parece justificable con los datos de contagios y presión asistencial. O que incluso choca con el discurso oficial y las medidas de la Junta. Todas las prórrogas se producen tras un informe jurídico que señala que la vía covid tiene que ser "residual". El procedimiento suscita dudas legales. El PSOE estudia llevar el caso ante la justicia. Por Andalucía no lo descarta.
Un plan de "emergencia" para once meses en pleno estado de alarma
La primera resolución de la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la que abre la vía covid de contratación exprés de clínicas privadas, es de 20 de enero de 2021 y prevé 70 millones para derivar procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas. Firma Miguel Ángel Guzmán, entonces director gerente del SAS, hoy viceconsejero de Salud (PP). El máximo responsable de la Consejería de Salud cuando se suscribió era Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento (PP). La justificación, contextualizada en el "estado de alarma", es la "sobrecarga" en la red por el covid, que lleva a la contratación de servicios privados con "emergencia" sin seguir los trámites habituales. Es decir, lo que se conoce como "a dedo". La fecha de inicio del expediente era el 1 de febrero; la de finalización, el 31 de diciembre. 70 millones en 11 meses en la fase aguda de la pandemia: ese era el plan. Pero todo llegó mucho más lejos.
En enero del año II de la era covid la medida encajaba. La situación era grave. Aquel 20 de enero de 2021 en que se firmó la primera resolución había en Andalucía 3.109 pacientes covid hospitalizados, ocupando un 17,69% de las camas y un 23,93% de las camas UCI. Eran cifras inferiores a las del conjunto del país (19,95% y 35,02%), pero no era excesivo hablar de "sobrecarga". Es más, la crisis se siguió agravando hasta tocar techo en febrero con casi 5.000 pacientes hospitalizados por el virus.
¿Una "situación crítica"?
Este primer acuerdo ha sido objeto de cuatro prórrogas, según la información publicada en el portal de contratación y la facilitada por la Consejería de Salud a infoLibre. La primera es el 30 de diciembre 2021, con Aguirre como consejero. La dirección del SAS alarga el "acuerdo de emergencia" para contratar a dedo procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022. Nueve meses más. La cuantía del "gasto estimado" sube de 70 millones a 125,75. La justificación del SAS para la prórroga es la "situación crítica de la pandemia" y la "sobrecarga de la red propia".
¿Era la situación "crítica"? El estado de alarma había terminado el 9 de mayo, cerca de ocho meses atrás. En octubre Andalucía había empezado a desmantelar el refuerzo por el covid dejando en la calle a 8.000 sanitarios. Un día antes de la firma de la resolución que ampliaba otros nueve meses la vía covid, el 29 de diciembre, la Junta anunciaba la reducción de la cuarentena en casos confirmados de diez a siete días. Los pacientes covid hospitalizados habían bajado a 1.136, ocupando un 6,38% de las camas y un 10,35% de las camas UCI. Apenas unos días después de la resolución, el 3 de enero de 2022, la Junta anunciaba que no realizaría "seguimiento clínico" de los positivos sin factor de riesgo. El 93% de los mayores de 12 años tenían al menos dos dosis de vacuna.
La pandemia no estaba superada –aún no lo está hoy–, pero quedaban lejos los peores días. "Nuestros hospitales están resistiendo bien la sexta ola. El nivel de ocupación en planta y en UCI se mantiene, de momento, en niveles que son asumibles", afirmaba el presidente Moreno en su discurso de Navidad, precisamente aquel 30 de diciembre. En cambio, la justificación para ampliar los contratos a dedo en la resolución de un día después ofrecía un tono distinto: "emergencia", "sobrecarga", "situación crítica".
Una prórroga en "alerta cero"
La segunda prórroga tuvo lugar el 21 de junio de 2022, de nuevo con Aguirre como consejero, en este caso en funciones. Era sólo dos días después de las elecciones en que Moreno logró mayoría absoluta. Ya habían pasado más de trece meses desde el fin del estado de alarma. La resolución es una corrección de la anterior, tras constatar que el gasto estimado era "insuficiente". La cuantía se eleva de 125,75 a 226,73 millones. El alza, de más de 100 millones, daba cobertura a las adendas que se habían ido añadiendo desde junio de 2021 a decenas de contratos con las empresas elegidas a dedo por el SAS para las actuaciones de emergencia. La justificación de la resolución vuelve a ser la "sobrecarga de la red propia", que obliga a ampliar el "acuerdo de emergencia".
Lo cierto es que para entonces la presión sobre el sistema sanitario era ya relativamente baja. La Junta había dado por terminada la "fase aguda" de la pandemia el 28 de marzo. Desde ese mismo día Salud sólo informaba de los datos covid dos veces a la semana. Sólo un día después del acuerdo, el 22 de junio, la Junta prorrogaba para toda Andalucía el "nivel de alerta cero", que implica sólo "medidas preventivas básicas". Había 547 pacientes covid ingresados, que ocupan el 3,11% de las camas y el 1,66% de las camas UCI.
Esa es la situación en la que la Junta amplía hasta 226,73 millones el fondo para contratos a dedo, alegando "sobrecarga de la red propia".
Hasta junio de 2023
Hay dos prórrogas más, cuyas resoluciones infoLibre no ha localizado ni en el portal de contratación –donde sí están las otras dos– ni mediante su solicitud a la consejería. Son, según asegura Salud, de 30 de septiembre y de 31 de diciembre de 2022. De las dos es responsable la actual consejera, Catalina García (PP), que llegó en julio. Ambas resoluciones prologan el "acuerdo de emergencia" original hasta final de aquel año y hasta el 30 de junio de 2023, respectivamente. La cuantía final alcanza los 242,72 millones, un 246,74% más que los 70 millones iniciales. Estas dos ampliaciones son sólo para "diagnósticos relacionados con procedimientos oncológicos". En ambos casos la justificación es la "sobrecarga", según Salud.
¿Cómo estaba la situación cuando se firman estas dos ampliaciones? El 30 de septiembre de 2022 había 193 pacientes covid hospitalizados, que ocupaban un 1,1% de las camas y un 0,52% de las camas UCI. El 30 de diciembre los datos eran algo peores: 279 pacientes, 1,59% de camas y un 1,21% de camas UCI.
La Junta sostiene en sus resoluciones que había "sobrecarga", según Salud. Pero no era ese el discurso oficial. Aquel 30 de diciembre, un día antes de la hasta ahora última prórroga al contrato, la consejera García afirmaba: “Andalucía está preparada para actuar ante nuevas variantes de la covid-19 o un posible aumento de contagios y hospitalizaciones”. El presidente Moreno, en sus palabras de fin de año, llegó a decir: "La pandemia pasó, pero los profesionales se han quedado en el sistema y ninguna otra comunidad puede decir lo mismo. En sanidad pública andaluza hay más médicos y más enfermeras que nunca". Puertas adentro se alegaba que la red estaba "sobrecargada" para justificar la externalización de servicios sanitarios.
Salud ha firmado además adendas a contratos a dedo y "de emergencia" al menos hasta el mes de diciembre de 2022. infoLibre ha consultado dos de 22 de diciembre de 2022 que amplían sendos contratos. Ambas aluden a la argumentación usada para las anteriores prórrogas, entre ellas la "sobrecarga". Estamos a 22 de diciembre de 2022, cuando había 292 pacientes covid en Andalucía, ocupando el 1,66% de las camas y el 1,49% de las camas UCI.
Una instrucción de la Consejería de Hacienda
La contratación a dedo de clínicas privadas ha suscitado controversia jurídica. La Junta ha destinado fondos a dedo apoyándose al menos en dos normas: la Ley de Contratos del Sector Público, anterior a la pandemia, y el Real Decreto Ley 7/2020 para responder al covid. El problema es que el artículo el 16 del real decreto, que daba cobertura a los contratos excepcionales, está derogado desde el 9 de mayo de 2021. Sólo estuvo vigente para el contrato original. A pesar de esta derogación, la resolución de 31 de diciembre de 2021 –la primera prórroga tras el fin del estado de alarma– lo incluía en su justificación, como publicó eldiario.es. El PSOE estudia llevar el caso a los tribunales y Por Andalucía, que tampoco lo descarta, considera que se trata de un "posible caso de corrupción".
Tanto el PSOE como Por Andalucía ven incriminatoria para el Gobierno andaluz una instrucción de la Consejería de Hacienda de 18 de junio de 2021, algo más de un mes después del fin del estado de alarma, que aclara que el artículo 16 del real decreto está derogado. El departamento que entonces dirigía Juan Bravo, hoy vicesecretario económico de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, añade en este informe que "el volumen de contratos de emergencia que aún a día de hoy siguen siendo elevados al Consejo de Gobierno a efectos de rendición de cuentas no es conciliable con la evolución actual de la pandemia, lo cual revela una situación que no resulta deseable mantener". Todo un toque de atención. Y añade en su parte final: "La contratación de emergencia incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente al covid-19 tendrá carácter excepcional y residual".
Después de esta instrucción ha habido cuatro prórrogas que han subido los fondos para contratar a dedo clínicas privadas de 70 millones a 242,72. En al menos una de las prórrogas, de 31 de diciembre de 2021, se cita el artículo 16 del real decreto, aunque la instrucción es inequívoca: está derogado.
Las razones de la Junta
En respuesta por escrito a preguntas de infoLibre, Salud niega que los contratos perdieran sentido conforme mejoraba la situación: "Hay que diferenciar el concepto de estado de alarma y el de crisis sanitaria, pues la situación ocasionada por la covid-19 aún persiste en el SAS y sostiene medidas de este tipo, amparadas por el artículo 120 de la Ley de Contratos".
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No hay respuesta a las preguntas sobre la derogación del artículo 16 del real decreto, en el que también se apoya la primera prórroga, ni sobre la instrucción de la Consejería de Hacienda, ni sobre los motivos que sostienen la supuesta "sobrecarga" que se menciona en las prórrogas. Lo que sí hace Salud es negar haber actuado al margen de la legalidad: "Todos los contratos y sus adendas y prórrogas [...] están dentro de lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público y cuentan con informe positivo de la asesoría jurídica".
Para apoyar su afirmación, el departamento de Salud facilita a este periódico dos informes de su asesoría jurídica, uno de 28 de diciembre de 2021 y otro del 11 de agosto de 2022. ¿Qué dicen? Aunque la asesoría jurídica señala que el marco legal del estado de alarma “ha perdido su vigencia", avala las prórrogas de los contratos por la situación mundial de pandemia y por el margen de discrecionalidad que permite la Ley de Contratos Públicos en casos excepcionales. El dirigente del PSOE andaluz Rafael Márquez afirma que "no hay ningún informe jurídico que avale" la actuación de la Junta, por mucho que Salud invoque a la asesoría jurídica como aval.
La sanidad sigue siendo el principal flanco para el ataque de la oposición al presidente. El tema ocupa buena parte del rifirrafe político en Andalucía, donde está prevista una manifestación sindical contra la política sanitaria de la Junta este jueves. El motivo principal son los planes de privatización de servicios, que el presidente ha retocado para aplacar el malestar. Este martes el Gobierno andaluz tuvo otro gesto. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco (PP), anunció que a partir de junio, cuando en principio caducarán los contratos a dedo con clínicas privadas, la Junta se dotará de un nuevo modelo de contratación para el SAS para ganar "transparencia".
Eran contratos extraordinarios, sin apenas trámites, que surgieron para responder a la emergencia letal del covid. No llegaban para quedarse. Pero, pese a la casi completa vuelta a la normalidad, en Andalucía siguen vigentes.