El Gobierno ha fijado la oferta de empleo público de este año para la Administración General del Estado (AGE) en 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), pero sin el apoyo de los sindicatos al considerar dicha oferta "insuficiente" por no cubrir las necesidades estructurales y ser inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la "viabilidad" del Estado, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales.
De esta forma, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha trasladado su propuesta definitiva de oferta de empleo público para 2020 en una reunión con la que se ha cerrado la negociación sin acuerdo con los sindicatos, por lo que convocará en los próximos días la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.
Según los sindicatos, se trata de la última y definitiva propuesta del Gobierno de una OEP de 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que supone una mejora de 3.030 plazas respecto a su última propuesta, que era de 15.236 plazas (8.061 de acceso libre y 7.175 de promoción interna), si bien los sindicatos la han rechazado al seguir siendo inferior a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).
Desde CSIF han denunciado que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos, según han indicado a Europa Press en fuentes del sindicato.
Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está por tanto a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de "colapso" en la AGE, en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF ha planteado un plan plurianual si bien ha caído "en saco roto".
De igual forma, CCOO no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública "vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía".
En este sentido, CC.OO. explica que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, si bien la OEP propuesta es de 9.270 puestos, por lo que "se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas del 6%", y en su lugar exige una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, de un 26% sobre la tasa de reposición.
El Gobierno prevé aprobar este martes una Oferta de Empleo Público de más de 30.000 plazas
Con respecto a la distribución en grupos, critica que la propuesta "descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral", efectivos que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía.
En su lugar, propone evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y en base a estos dos análisis, desarrollar un modelo de Administración y adecuar la OEP a estas necesidades, así como impulsar una OEP extraordinaria reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía -SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación o Instituciones Penitenciarias-.
"La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo, y da por finalizada la negociación", señala CCOO, que entiende que el Gobierno "tiene margen para desarrollar una OEP que refuerce los servicios públicos y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía".
El Gobierno ha fijado la oferta de empleo público de este año para la Administración General del Estado (AGE) en 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), pero sin el apoyo de los sindicatos al considerar dicha oferta "insuficiente" por no cubrir las necesidades estructurales y ser inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la "viabilidad" del Estado, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales.