El Gobierno de Ayuso adjudicó contratos sanitarios a uno de los fundadores de la empresa de la presidenta regional

14 de septiembre de 2011. Son las 18:34 horas y un correo electrónico entra en la cuenta de un directivo de la entidad semipública Avalmadrid. Es de Isabel Díaz Ayuso. La entonces diputada del PP en la Asamblea le escribe interesándose por una serie de empresas relacionadas con quienes habían sido socios de sus padres en el Grupo MC. Sospecha que estos tres empresarios forman parte de una trama para dejar morir el conglomerado. “¿Podemos saber a quién facturan?”, pregunta la parlamentaria. Por aquel entonces, dos de ellos –Juan Manuel Pitarch Divar y Juan Carlos Herrero Casasola– ya aparecían vinculados a Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa), compañía que ahora, una década después, controla el segundo de los antiguos socios de la familia Ayuso  y que ha recibido por parte del Ejecutivo de Ayuso contratos por al menos 129.739 euros. Todos ellos de forma directa, por la vía de las adjudicaciones menores o el procedimiento de emergencia. Así consta en los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid consultados por infoLibre.

Todos estos contratos se adjudicaron después de que este periódico hubiese desvelado, en el verano de 2019, la relación de Ayuso y su familia con el caso Avalmadrid (puedes consultar aquí el dosier completo). Es decir, el Gobierno de Ayuso adjudicó 129.739 euros a la empresa de una de las personas que más información tiene sobre todo lo ocurrido con el Grupo MC, a pesar de que según la versión oficial de la presidenta madrileña había traicionado a su familia.

El nombre de Herrero Casasola estuvo ligado durante años al de la familia Ayuso. De hecho, él fue uno de los fundadores de Sismédica SL, la empresa que pertenece al 50% a la presidenta regional, que no presenta cuentas desde 2014 y cuyo nombre ocultó a la Asamblea de Madrid al actualizar su declaración de bienes al cierre de la legislatura. En este sentido, la normativa regional obliga expresamente a los diputados a indicar "el nombre de la sociedad o la entidad" con la que mantienen vínculos accionariales si esta no cotiza en Bolsa o en algún otro mercado organizado. Alertada por la información de este periódico, la presidenta envió el pasado jueves por la mañana una nueva declaración de bienes corregida. "Se interpretó que en la declaración de la Asamblea solo se pedía la descripción de la Sociedad (SL), no el nombre", explicaron desde su equipo.

Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa) comenzó sus operaciones el 21 de abril de 1999 con un capital social de catorce millones de pesetas (poco más de 84.000 euros), del cual un 25% se aportó en ese momento y el 75% restante en 2006. En concreto, la firma se dedica a "la comercialización de equipamiento médico de todo tipo, bien sea de fabricación propia, total o parcial, o de fabricación ajena, tanto nacional como internacional". "Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo", recogen sus estatutos.

Desde que la compañía se puso en marcha, la composición de su Consejo de Administración fue cambiando progresivamente, con continuas entradas y salidas. Una de las modificaciones relevantes se produjo el 20 de julio de 2011. Es el primer momento en el que aparecen en la documentación del Registro Mercantil, a la que ha tenido acceso infoLibre, dos de los antiguos socios de Ayuso. Uno de ellos es Juan Manuel Pitarch Divar, al que se nombró presidente del órgano de administración. El otro es Juan Carlos Herrero Casasola, que entró como vocal. Un cargo dentro del Consejo de la compañía que también pasó a ostentar desde ese momento un hijo del primer empresario.

Administrador único desde 2019

La fecha de entrada de ambos en la firma sanitaria se produjo en un momento muy concreto. Cinco días antes, el 15 de julio, Díaz Ayuso se había estrenado como diputada en la Asamblea de Madrid. Un acceso al escaño que se produjo pocas horas después de intercambiar algunos correos electrónicos con un directivo de Avalmadrid, desvelados por infoLibre, en los que facilitaba los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica, firma que era propiedad al 25% de cuatro matrimonios –uno de ellos el de sus padres, Leonardo Díaz e Isabel Ayuso Puente– y con la que la entidad pública formalizó un aval-crédito por importe de 400.000 euros en marzo de ese mismo año.

"La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre”, escribió entonces Ayuso, cuyo interés radicaba en conocer la solvencia económica de las compañías por si un posible impago del préstamo concedido podría afectar al patrimonio familiar. Entre esos socios se encontraban Pitarch Divar y Herrero Casasola. Sin embargo, después del verano, la relación parecía haberse enfriado, a tenor de los correos enviados por la entonces diputada. "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir a la otra...", señalaba la parlamentaria conservadora en las comunicaciones mantenidas con el directivo de Avalmadrid.

Justo un año después, los dos empresarios salieron del órgano de administración de Prhoinsa. En concreto, el 20 de julio de 2012 la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó modificar algunos artículos de los Estatutos Sociales, cesar al entonces Consejo de Administración y nombrar a un administrador único. Una situación de control unipersonal que se mantendría solo unos meses. El 15 de marzo de 2013, en una nueva reunión de la Junta General, la empresa conformó un nuevo órgano de dirección integrado por tres personas. Una de ellas es Alejandra Casasola Fernández, la hija de Herrero Casasola, nombrada secretaria del nuevo Consejo de Administración.

Su entrada en la compañía no resultó extraña. Solo un mes antes, Proyectos Hospitalarios Internacional SA había llevado a cabo una ampliación de capital por 125.010,51 euros. Una operación que asumieron tres personas físicas y una jurídica. Esta última era Xalir Ideas Consulting, una firma constituida en febrero de 2012 con Casasola Fernández como administradora única, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). En concreto, suscribió 582 acciones por su valor nominal de 34.978,90 euros.

En junio de 2015, el apellido Casasola desapareció formalmente del órgano de administración de la compañía. Y fuera se mantuvo, según la documentación en poder de este diario, hasta el 16 de diciembre de 2019. Ese día, en una reunión celebrada en el domicilio social de la firma, ubicado en la calle José Abascal, en Madrid, la Junta General Extraordinaria y Universal de Prhoinsa acordó por unanimidad cesar al entonces Consejo de Administración y nombrar a Juan Carlos Herrero Casasola como administrador único. Desde entonces, quien fuera socio de la familia de la actual presidenta regional en la aventura empresarial del Grupo MC, controla en solitario la compañía de comercialización de productos sanitarios.

48 contratos desde que toma las riendas

Sin embargo, su vieja relación con los Ayuso no ha impedido a la firma recibir licitaciones por parte del actual Ejecutivo madrileño. Entre el momento en el que el exsocio coge las riendas de la compañía y finales de febrero de 2021, Prhoinsa se ha hecho con 48 contratos por un importe total de 129.739 euros, según la información que consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. De ellos, 47 se adjudicaron por parte de la Consejería de Sanidad –ya sea a través de los centros hospitalarios o, en un caso, una fundación de investigación biomédica– y uno por parte de la Consejería de Políticas Sociales a través de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Todos se dieron de forma directa, es decir, sin que mediara concurso público.

La inmensa mayoría, 44, son contratos menores. El desembolso total esas adjudicaciones menores localizadas por este diario asciende a 63.398.5 euros. Los importes varían enormemente. Así, por ejemplo, en la lista figuran media decena de ellos de 72,60 euros para la compra de fundas para manguitos utilizados en la medición de la presión arterial. En el extremo contrario, uno de 15.004 euros y otro por 8.385,30 euros. El primero de ellos fue para la compra de un sistema de fototerapia de la marca Bilicocoon. El segundo, para la adquisición de una “sonda nasogástrica P/descarga gástrica y monitorización en paciente ventilado”.

Las cuatro adjudicaciones restantes se realizaron en plena pandemia por el procedimiento de emergencia. De ellas, la más importante fue la recibida en marzo de 2020 por un importe de 25.410 euros para el suministro de material para la prevención ante la exposición al coronavirus a los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, dependiente de Políticas Sociales. Le sigue de cerca la conseguida por la misma vía de emergencia en junio de ese mismo año: 22.457,60 euros por el servicio de biodescontaminación para el Hospital La Fuenfría. En este caso, en el documento oficial se indica que la resolución data de octubre de 2019. Sin embargo, la firma aparece fechada el 7 de mayo de 2020. Y la electrónica del propio Casasola, en junio de ese mismo año. 

Ocupa la tercera posición otra por 10.012,75 euros, del pasado mes de diciembre, por el servicio de descontaminación con peróxido de hidrógeno mediante el sistema Deconx en el Hospital La Paz. “Descontaminando todas las unidades de cuidados intensivos y de alto riesgo que han sido ocupadas por pacientes covid y posteriormente van a ser destinadas a pacientes no covid”, recogía entonces la resolución del centro sanitario. Y, en último lugar, una adjudicación por 8.461 euros para la compra de determinado material –sensores y silenciadores– para un respirador de la marca SLE.

No son los únicos contratos recibidos por la empresa sanitaria desde que la familia Casasola aparece ligada a Prhoinsa. Siempre según los datos que constan en el Portal de la Contratación Pública, en 2015, con Cristina Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, recibió al menos ocho por una suma total de 4.141,61 euros. En 2016 y 2017 fueron 31 –125.927 euros– y 27 –61.060,34 euros–. Un año más tarde, en 2018, se le adjudicaron 49 por un importe total de 204.432,38 euros. Y entre el inicio de 2019 y la reunión en la que se nombra al exsocio de la familia de la presidenta madrileña administrador único de la empresa, Prhoinsa recibe 44 contratos por importe de 91.145,80 euros: 38.688,39 euros antes de que Ayuso llegase a la Puerta del Sol y 52.457 tras coger las riendas del Ejecutivo regional.

De los dos centenares de licitaciones analizadas a lo largo de estos años, sólo dos de ellas fueron adjudicadas por procedimiento abierto. Una en noviembre de 2016 por 57.596 euros para la compra de cinco monitores fisiológicos y nueve de parámetros básicos y otra en enero de 2018 por 32.546,58 euros por el suministro de un equipo de ventilación mecánica para el Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos.

Este diario se ha puesto en contacto en varias ocasiones tanto con la Consejería de Sanidad como con el propio Herrero Casasola. Ambas partes declinaron responder a las preguntas planteadas por infoLibre, que pueden consultarse al final de esta información. También se trasladó este viernes al equipo de comunicación de la propia Ayuso dos cuestiones similares a las planteadas al departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero. La primera, si la presidenta era conocedora de que se estaban adjudicando contratos a una empresa controlada por uno de los exsocios de la familia. La segunda, si consideraba ético adjudicar esos contratos a dicha firma. A cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta.

Un préstamo que no se devolvió

A principios de 2011, MC Infortécnica SL solicitó un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, una empresa semipública donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% de capital y cuyo objetivo es facilitar y ayudar a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. El préstamo fue formalizado el 15 de marzo de 2011. Unos meses más tarde, el 15 de diciembre, la firma tenía que devolver a la entidad 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses. Pero no lo hizo. Desde entonces, la deuda sigue viva. A 30 de junio de 2019, ascendía a 270.000 euros, una cantidad que se incrementa mes a mes por los intereses de demora.

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MC Infortécnica SL aportó dos tipos de garantías para recibir el préstamo. En primer lugar lo avalaron solidariamente la matriz de la compañía –Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL– y los ocho accionistas de la sociedad: Leonardo Díaz, Isabel Ayuso, Juan Manuel Pitarch, María del Carmen Angulo, Juan Carlos Herrero, María Victoria Fernández, José Luis Santos y María Victoria Suñer. Además, se presentó una garantía hipotecaria: una nave industrial propiedad del padre de Ayuso, situada en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) y tasada en 213.596,40 euros. 

A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadridlocalizó otro piso en Asturias. Sin embargo, los propietarios se deshicieron de la mayoría de estos bienes en cuanto tuvieron constancia después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y que, por tanto, no devolvería el dinero. Y lo hicieron ante la pasividad de la entidad semipública.

Según los documentos registrales analizados en agosto de 2019 por infoLibre, siete de los bienes cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley, mientras que el resto no se transpasaron porque no se podía al estar ya hipotecados. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. La actual presidenta regional se quedó con un piso en el centro de Madrid, mientras que en manos de su hermano Tomás quedó una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada, el municipio en el que se encontraba la nave industrial de la familia, el único inmueble que se hipotecó como garantía del crédito y que un juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.