Las entidades convocantes de la manifestación que el próximo domingo, dos meses después de la dana, volverá a recorrer las calles de Valencia para exigir "responsabilidades" al Gobierno autonómico por su gestión en una catástrofe con más de 200 personas muertas, han animado a sumarse a la protesta porque "las calles siguen con fango".
Se trata de la tercera manifestación convocada por entidades sociales, asociaciones cívicas y sindicatos, tras las celebradas el 9 y el 30 de noviembre bajo el lema "Mazón dimisión" y con el objetivo de denunciar la “inacción” del Consell frente a la catástrofe.
La marcha quiere también reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su equipo, a quienes acusan de demostrar que no están capacitados "ni para gobernar ni para llevar a cabo la reconstrucción”, según ha indicado a EFE Ana Oliver, una de las portavoces.
La manifestación modifica su recorrido debido a las fiestas navideñas —saldrá de la Plaza de San Agustín y finalizará en la Plaza América— y, a pesar de las fechas, los organizadores confían en que será “tan multitudinaria como las dos anteriores”.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la sentencia del Tribunal Constitucional que el 20 de noviembre pasado avaló la personalidad jurídica del Mar Menor al rechazar el recurso de Vox contra la ley que se la concede, aprobada por el Congreso de los Diputados.
En su cuenta de X, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo califica de "hito histórico para su protección" y "un paso más en la integración de la ciencia en el ámbito de la gestión de los gobiernos".
Con fecha de este jueves, recoge también la argumentación posterior, del 27 de noviembre, de los votos particulares en contra de los cinco magistrados conservadores que se opusieron a rechazar el recurso frente a los siete progresistas que permiten que se desarrolle a partir de ahora el reglamento que desarrolla la ley nacida de una iniciativa legislativa popular que superó las 600.000 firmas.
Las entidades convocantes de la manifestación que el próximo domingo, dos meses después de la dana, volverá a recorrer las calles de Valencia para exigir "responsabilidades" al Gobierno autonómico por su gestión en una catástrofe con más de 200 personas muertas, han animado a sumarse a la protesta porque "las calles siguen con fango".
Se trata de la tercera manifestación convocada por entidades sociales, asociaciones cívicas y sindicatos, tras las celebradas el 9 y el 30 de noviembre bajo el lema "Mazón dimisión" y con el objetivo de denunciar la “inacción” del Consell frente a la catástrofe.
La marcha quiere también reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su equipo, a quienes acusan de demostrar que no están capacitados "ni para gobernar ni para llevar a cabo la reconstrucción”, según ha indicado a EFE Ana Oliver, una de las portavoces.
La manifestación modifica su recorrido debido a las fiestas navideñas —saldrá de la Plaza de San Agustín y finalizará en la Plaza América— y, a pesar de las fechas, los organizadores confían en que será “tan multitudinaria como las dos anteriores”.
El operativo de búsqueda ha hallado con vida al joven leonés de 23 años que se encontraba desaparecido en Picos de Europa desde el pasado lunes, y que ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en helicóptero debido a que sufre un traumatismo craneoencefálico y varias fracturas.
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han informado de que el equipo de rescate estaba rastreando el sector que discurre entre el Refugio del Urriellu y Horcada de Caín, en el Macizo Oriental, cuando escuchó a alguien pidiendo auxilio.
Las voces procedían de la zona del Jou de los Boches, en el concejo de Cabrales, por lo que se desviaron hacia ese punto al tiempo que informaron al helicóptero medicalizado del SEPA, que estaba participando en la búsqueda aérea.
Una vez en la zona, los rescatadores comprobaron desde el aire que había una persona que se encontraba en pie para ser vista y, tras descender hasta el montañero, comprobaron que se trataba del joven que estaba siendo buscado.
Lo atendieron y estabilizaron antes de subirlo a la aeronave e iniciar su evacuación al HUCA, a donde llegaron en torno a las 15:30 horas.
La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora socialista, Susana Díaz, ha asegurado este viernes, al ser preguntada sobre si una salida de Juan Espadas al frente de los socialistas andaluces evitaría la situación actual de este partido, que "ojalá lo hubiera hecho él", según informa Efe.
En una intervención en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, la que fuera secretaria general del PSOE-A ha asegurado que esperaba incluso ese abandono por parte de Espadas: "Ojalá lo hubiera hecho él, yo esperaba que ojalá lo hubiera hecho; lo que pasa es que a veces no es lo que uno desea lo que se hace", ha sentenciado.
Sobre el papel que puede tener la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en la renovación del liderazgo de los socialistas en Andalucía, ha dicho que "no es justo responsabilizar ahora y ponerle a hombros de nadie" lo que vaya a ser el partido en esta comunidad.
Coincidiendo con el proceso orgánico ya abierto, que culminará los días 22 y 23 de febrero con el 15 Congreso Regional del PSOE-A que se celebrará en Armilla (Granada), Díaz ha asegurado que "quiere mucho" y que le tiene "un cariño enorme" a la que también fue su consejera de Hacienda durante su etapa al frente del Gobierno andaluz.
"El problema que tiene el PSOE andaluz, más allá de quién es la persona que se decida que sea el número uno y que encabece la candidatura, es recuperar la fraternidad, el respeto entre los compañeros y el talento que estos tres años se ha expulsado fuera de la organización", ha confesado la senadora socialista.
La Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso se ha reunido este viernes para iniciar la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para José Luis Ábalos en relación al caso Koldo y ha citado al exministro el 13 de enero por si quiere defenderse ante esa petición. El suplicatorio es un requisito por el que la justicia pide al Congreso o al Senado poder actuar contra algún miembro del Poder Legislativo, y sin su aprobación no pueden ser procesados.
La comisión, según han informado a EFE su presidente, el diputado del PP Manuel Cobo, ha aprobado por unanimidad dar de plazo a Ábalos hasta el lunes 13 de enero, a las 10.00 horas, para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. Pero se ha convocado para las 12.00 horas de ese mismo día una nueva reunión de la comisión por si el exministro desea comparecer ante ella y defenderse verbalmente.
Si Ábalos no comparece y presenta alegaciones se votarán las conclusiones para elevarlas al pleno del Congreso; si comparece, la comisión se volvería a reunir a las 16.00 horas para cerrar esas conclusiones que ya irían a sesión plenaria.
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el suplicatorio será sometido a votación en el primer pleno ordinario que tenga previsto celebrar la cámara, por lo que ese trámite se completaría ya en febrero.
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del pleno que concede o deniega la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá dar traslado del mismo al Tribunal Supremo, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado.
El Grupo Socialista ya ha avanzado que votará a favor del suplicatorio pedido para Ábalos, mientras que la defensa del exministro ha pedido al Tribunal Supremo la nulidad de la causa al considerar que el juez ha vulnerado sus derechos fundamentales porque entiende que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó ilegalmente sus comunicaciones.
Adeslas no se presentará a la segunda licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface entre 2025 y 2027 pese al incremento del 33,5 % de las primas anunciado por el Gobierno, informa EFE.
La entidad, que presta este servicio junto con Asisa y DKV en el convenio actual 2022-2024, ha tomado esta decisión tras calcular que seguir en Muface le supondría unas pérdidas de 250 millones de euros, similares a las sufridas en el periodo actual, que termina el próximo 31 de diciembre.
Así lo ha informado este viernes Adeslas tras la reunión de su consejo de administración, en un comunicado que añade que sí seguirá atendiendo a los funcionarios militares pertenecientes a Isfas y sus familias, unas 560.000 personas, y también a los cerca de 92.000 beneficiarios de la mutua de jueces y fiscales Mugeju.
Adeslas, con una cuota cercana al 50 %, es la aseguradora más elegida por los funcionarios de Muface de las tres que ofrecen esta prestación, junto con Asisa y DKV.
Ninguna de ellas se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar las tres insuficiente la subida de las primas del 17 % propuesta por el Gobierno, que posteriormente la elevó al 33,5 % en una segunda convocatoria.
Las otras dos aseguradoras, Asisa y DKV, aún no han comunicado si acudirán o no al segundo concurso, cuyos pliegos se publicaron el pasado 23 de diciembre y que les da de plazo hasta el 15 de enero de 2025 para presentar sus ofertas.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes que presentará la factura de la comida de trabajo que mantuvo el 29 de octubre –el día de la dana– al Tribunal de Cuentas junto con los gastos del partido y, si se considera necesario, también a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.
"No hay ninguna versión, siempre fue una comida del PP, nunca se dijo lo contrario. Yo no dejo de ser el president de la Generalitat ni del partido. Lo normal es que esa factura siga su curso con absoluta normalidad y transparencia ante el Tribunal de Cuentas, es razonable que se haga así, como se hace anualmente con los gastos del partido", ha subrayado Mazón en una comparecencia ante los periodistas en Castellón.
Mazón ha enmarcado la comida que asegura que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana "en el marco de la ronda de conversaciones previa" a la propuesta de consejeros para la dirección de la radiotelevisión autonómica A Punt.
Preguntado por otros nombres de periodistas con los que se hubiese reunido para abordar este mismo asunto, el president ha respondido: "A veces directamente yo, y otras veces compañeros de partido, nos hemos puesto en contacto con quienes han sido elegidos por el PP. Me permitirá que sea respetuoso con el resto de nombres".
Sobre el motivo por el cual se ha tardado dos meses en informar de los detalles de aquella comida, Mazón ha insistido en que "nunca se ha negado la comida, cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria se ha respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal".
"Siempre fue una comida como presidente, en calidad de presidente del Partido Popular, que también lo soy, además de presidente de la Generalitat. No hay nada nuevo. No veo la noticia por ningún lado", ha agregado.
El Ministerio de Trabajo ha remitido este viernes a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo sendas cartas para que actúen contra el convenio de la Comunidad de Madrid que restringe el derecho a protestar de los trabajadores públicos, según han señalado a infoLibre fuentes gubernamentales.
De esta manera se quiere frenar el acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado 11 de diciembre y publicado en el BOCM el 23 de diciembre.
El artículo 10 y la disposición adicional décima abren la puerta a que en caso de que los sindicatos que suscriben el convenio promuevan "huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo”, la administración pueda acordar la “suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos” del personal a su servicio.
El Ministerio de Trabajo expresa en las cartas remitidas este viernes que "una cláusula de esta naturaleza, que castiga el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación o libertad de expresión, constituye un atentado evidente a los derechos fundamentales y supone una degradación de la participación democrática de las personas trabajadoras todavía más llamativa, si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una Comunidad Autónoma, en este caso la de Madrid".
Trabajo añade que se trata de "una cláusula de paz que desborda lo admisible para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma asombrosa consecuencias negativas para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical".
El Ministerio señala que el convenio y el acuerdo pueden ser impugnados "porque conculcan la legalidad constitucional vigente y lesionan gravemente el interés de terceros".
De esta forma, Trabajo ha procedido a instar a la Fiscalía a que realice los trámites oportunos para la impugnación del convenio colectivo, así como las actuaciones penales que en su caso resultasen procedentes. Trabajo recuerda que ha solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen de oficio ya que son las instituciones competentes ante la inhibición de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid que ha publicado los textos.
La Guardia Civil ha desmantelado en Castro Urdiales (Cantabria) un taller clandestino de fabricación ilegal de mezclas explosivas e incendiarias con la detención de una persona que elaboraba estos compuestos, explicaba paso a paso cómo hacerlo y publicaba todo ese contenido en tutoriales en su canal de YouTube, con más de un millón de suscriptores, informa EFE.
A este detenido se le atribuyen delitos de fabricación ilegal de explosivos, de riesgo provocado por explosivos y otros agentes, de riesgo de incendio en zona forestal y, por último, de desobediencia a agente de la autoridad. En sus vídeos se dedicaba a la fabricación ilegal de mezclas y artefactos explosivos e incendiarios con precursores y otras sustancias químicas, y, al mismo tiempo, grababa vídeos tutoriales "mostrando paso a paso el proceso de su elaboración y los efectos destructivos".
La investigación se inició cuando los especialistas en tráfico de armas y explosivos del Servicio de Información de la Guardia Civil detectaron los contenidos ilícitos que se estaban publicando en ese canal de YouTube. Estos contenidos, según destaca el instituto armado, "suponían un grave riesgo para la seguridad ciudadana por el peligro de que algunas de los millones de personas que habían visualizado sus tutoriales tratasen de fabricar esos mismos explosivos con fines ilícitos".
De hecho, la Guardia Civil señala que en 2022 se detuvo en Pontevedra a un hombre por fabricación ilegal de explosivos, que finalmente fue condenado a un año y seis meses de prisión. El análisis de los dispositivos informáticos que tenía reveló que para fabricar los explosivos que le fueron intervenidos había seguido los vídeos tutoriales publicados por el 'youtuber' ahora detenido.
En total se han realizado dos entradas y registros en estos lugares y se han intervenido más de 20 kilos de sustancias químicas para la fabricación ilegal de explosivos, así como diverso material informático para su estudio. La Guardia Civil apunta que, dada la peligrosidad de los productos químicos intervenidos, tuvieron que actuar los Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDAX), que se hicieron cargo de ellos para su análisis y destrucción.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este viernes con dureza contra el Ejecutivo central en su balance de 2024. "Con este Gobierno el escándalo político se ha convertido en cotidiano", ha apuntado el líder de la oposición, quien ha resaltado que el presidente, Pedro Sánchez, está "absolutamente acorralado". En este sentido, el jefe de los conservadores ha vaticinado que lo que ocurra en 2025 "va a depender de los juzgados y de Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont y Junts, cuyos votos son clave para la estabilidad del Gobierno central.
Feijóo ha calificado como "un bochorno" el año que se deja atrás por la "colección de escándalos sin precedentes" en el "entorno político y personal" del presidente del Gobierno. "España no tiene Gobierno, no tiene un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estad; no tiene un Gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia", ha dicho el jefe de la oposición tras cuestionar tanto los pactos de Sánchez como su "triunfalismo económico".
El presidente del PP ha señalado además que Sánchez no sabe cuánto va a durar a legislatura, por su dependencia de Junts, y no tiene votos para presentar los presupuestos. "No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del Gobierno; a lo largo de 2025 lo que ocurrirá en España no dependerá del Gobierno y su presidente, dependerá de los juzgados y Waterloo", ha recalcado.
Feijóo ha comenzado su intervención recordando a los afectados por la dana, que dejó más de dos centenares de fallecidos. "No les vamos a olvidar", ha señalado el presidente del PP. No obstante, se ha puesto de perfil al ser preguntado por las distintas versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la comida que mantuvo el president, Carlos Mazón, con una periodista el día de las inundaciones. "No me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente", ha señalado horas después de que el Ejecutivo autonómico haya dicho que el barón conservador asistió a la misma en calidad de líder regional del PP.