Con todos los focos puestos sobre el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona, que pondrá a prueba la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña, el Ejecutivo trabaja a marchas forzadas para cerrar el proyecto de Presupuestos que se ha comprometido a remitir al Congreso a mediados de enero con el fin de que pueda ser tramitado en febrero. Y, según fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre, lo hace confiado en que, pese la tensión de las últimas semanas, los grupos independentistas permitirán que la propuesta supere el primer trámite y pueda al menos ser sometida a debate en las dos Cámaras.
Eso fue, precisamente, lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió en el Congreso en el debate sobre la situación en Cataluña que tuvo lugar la semana pasada: que los grupos se den a sí mismos al menos la oportunidad de discutir las cuentas y los proyectos que el Ejecutivo quiere sacar adelante para comenzar, entre otras cosas, a revertir los recortes de siete años de políticas del PP.
El procedimiento para discutir los Presupuestos en el Congreso se inicia siempre con el debate de las enmiendas a la totalidad planteadas por los grupos de la oposición. Si estas enmiendas obtienen apoyo mayoritario, los Presupuestos son devueltos al Gobierno sin mas trámite. La última vez que eso ocurrió fue en el último gobierno de Felipe González y acabó provocando elecciones anticipadas. Pero si las enmiendas a la totalidad son rechazadas, el proyecto de Presupuestos iniciará una tramitación que, en una situación normal, suele prolongarse por espacio de dos meses.
El Gobierno cuenta con que esta vez, a poco que se demore, el debate final en el Congreso no tendría lugar hasta comienzos de abril, muy cerca ya del superdomingo electoral del 26 de mayo, haciendo inviable la convocatoria de las elecciones generales en esa fecha. Ese es el escenario al que quiere llegar Sánchez: si los Presupuestos son rechazados, intentará promover por decreto ley algunos de sus compromisos más importantes y convocará elecciones en otoño; si las cuentas para 2019 salen adelante —una hipótesis hoy por hoy muy improbable, aunque Sánchez sigue creyendo en ella, especialmente si consigue que el Congreso debata el detalle del proyecto— se planteará agotar la legislatura y gobernar hasta la primavera de 2020.
En el primer trámite presupuestario del Congreso, el que someterá a votación el rechazo y devolución del proyecto del Gobierno, Sánchez sabe que tiene en contra al menos 169 votos —PP (134), sus satélites (dos diputados de UPN y uno de Foro Asturias) y Ciudadanos (32)— y que, de momento, cuenta sólo con 151 a favor (los 84 del PSOE y los 67 de Unidos Podemos). Confía en conseguir el respaldo del PNV (cinco votos), de Compromís (cuatro) y del único diputado de Nueva Canarias, lo que sumaría diez votos. De manera que para derribar las enmiendas a la totalidad necesita la ayuda, al menos en parte, de los grupos independentistas, que en la Cámara baja disponen de 17 diputados (nueve de Esquerra y ocho del PDeCAT). El Gobierno espera que, al final, al menos Esquerra contribuya a derribar las enmiendas de devolución que previsiblemente presentarán PP y Ciudadanos y que el PDeCAT se abstenga.
El “espíritu de la moción de censura”
Unidos Podemos apeló la semana pasada al espíritu de la moción de censura para tratar de convencer a los independentistas de que faciliten la tramitación de los presupuestos. El PDeCAT utilizó la misma expresión —el “espíritu de la moción de censura”— para pedir a Sánchez que no renuncie al diálogo con Cataluña y desoiga a quienes, desde la derecha le piden que suspenda indefinidamente la autonomía catalana.
Para facilitar las cosas el Gobierno cuenta también con los buenos oficios del PNVPNV, que conserva excelentes relaciones con el independentismo y que es muy consciente de la necesidad de empujar los Presupuestos con el objetivo de demorar lo más posible la convocaría de elecciones generales. Los nacionalistas vascos se verán obligados también a prorrogar sus Presupuestos en Euskadi después de que, primero el PP y después EH Bildu, hayan decidido negar su apoyo al proyecto de cuentas autonómicas para 2019, que sí tenía el respaldo del PSOE.
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En el Gobierno esperan que Esquerra y el PDeCAT tengan en cuenta no sólo las ventajas para la Generalitat —en la que comparten el control del Govern— que supone tener Presupuestos, sino la posibilidad de un adelanto electoral, un escenario que los independentistas prefieren retrasar a la espera de que una más que probable condena de sus dirigentes encarcelados provoque una gran movilización a su favor en las urnas. El equipo de Sánchez confía también en que los independentistas tengan en cuenta las encuestas que apuntan la posibilidad de un Congreso controlado por PP, Ciudadanos y Vox.
El Gobierno cree firmemente en la viabilidad de que los independentistas faciliten el debate de los Presupuestos. Y Sánchez piensa que, llegados a ese punto, acabarán votándolos a favor en el trámite final, a pesar de las muchas veces que han asegurado que no lo harán a menos que el Ejecutivo acepte convocar un referéndum de autodeterminación.
El debate de Presupuestos es visto por el Ejecutivo como una oportunidad de visibilizar su agenda social y darle el protagonismo que creen que se merece, limitando al mismo tiempo la estrategia de la derecha de PP y Ciudadanos de mantener en primer plano el conflicto catalán.
Con todos los focos puestos sobre el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona, que pondrá a prueba la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña, el Ejecutivo trabaja a marchas forzadas para cerrar el proyecto de Presupuestos que se ha comprometido a remitir al Congreso a mediados de enero con el fin de que pueda ser tramitado en febrero. Y, según fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre, lo hace confiado en que, pese la tensión de las últimas semanas, los grupos independentistas permitirán que la propuesta supere el primer trámite y pueda al menos ser sometida a debate en las dos Cámaras.