El Gobierno estima que el recorte de más de 1.000 millones de euros que pretende aplicar para actuar sobre el exceso de retribución de la hidráulica y nuclear —los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits)— representa alrededor del 25% de la facturación media anual de las centrales afectadas, según recoge Europa Press.
En la memoria de análisis de impacto del anteproyecto de ley para corregir el denominado dividendo de carbono que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión, con el que se pretende así actuar sobre el elevado precio de la factura eléctrica que se está produciendo derivado de la alta cotización de los derechos de emisión en el mercado comunitario, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifra en unos 4.000 millones de euros los ingresos medios anuales por mercado de la nuclear y la hidráulica entre 2012 y 2020.
En concreto, en el caso de la nuclear, que supone de media un 20%-21% de la energía generada en España y es una energía que produce en base, a plena carga, de manera estable y durante todas las horas del año en que las centrales están disponibles, sus ingresos medios anuales por mercado en los últimos nueve años han sido en promedio de unos 2.600 millones de euros.
En cuanto a la hidráulica, dejando a un lado las centrales de bombeo, que se estima que merecen un análisis separado, se diferencia entre las gestionables (con embalse), las de mayor potencia y que producen principalmente en las horas punta y en los momentos de precios más altos (salvo en circunstancias de exceso de agua, en las que produce en base para evitar el riesgo de tener que verter por motivos de seguridad, desperdiciando el recurso); y no gestionables (fluyentes), que se comportan de manera similar a la nuclear en cuanto a sus ofertas y precios.
Así, el Ejecutivo estima que esta tecnología ha obtenido entre 2012 y 2020 unos ingresos por el mercado de, al menos, unos 1.400 millones de euros anuales.
Con esos datos, y asumiendo una producción media anual de 80 teravatios hora (TWh) sujeta a minoración y con un precio medio de 50 euros por tonelada de CO2, el recorte en los ingresos de las eléctricas serían de esos 1.050 millones de euros al año, en torno al 25% de la facturación media anual de las centrales afectadas.
Hasta 2.100 millones con 100 euros de precio de CO2
Además, el Ministerio calcula que este impacto se incrementará si prosigue la escalada en el precio del CO2. Así para un precio de 60 euros por tonelada la minoración ascenderá hasta los 1.280 millones de euros y podría llegar a los 2.100 millones de euros anuales con un escenario de precio del CO2 de 100 euros por tonelada.
Asimismo, cifra en unas 320 las instalaciones que se verán afectadas por esta minoración, ya que, a pesar de que exiten unas 900 que se pusieron en servicio antes de marzo de 2005 no emisoras y que no tienen régimen retributivo específico, quedarán exentas las menores de 10 megavatios (MW).
Según las estimaciones del gabinete dirigido por Teresa Ribera, el mecanismo permitirá reducir los precios finales de la factura eléctrica -con un precio el mercado de 41 euros por MWh- alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos, de un 4,6% para las pymes, de un 3,9% para la industria y de un 1,5% para la gran industria.
Además, gracias al destino de un 10% de lo recaudado a las Administraciones Públicas para la cofinanciación del suministro eléctrico de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, considera que se podrán beneficiar de esta nueva categoría hasta 367.000 nuevos hogares por cada 100 millones de eruos destinados a este fin.
De esta manera, para estos consumidores el importe íntegro de su factura eléctricas pasará a estar cofinanciado por las empresas comercializadoras y las Administraciones Públicas competentes, además de tener la consideración de suministro esencial, a los efectos de la imposibilidad de corte de suministro.
Se manejaron otras alternativas
Por otra parte, el Gobierno subraya que manejó otras alternativas para dar una respuesta a esta situación, como el establecimiento de una retribución regulada para estas instalaciones, mediante un precio regulado y una liquidación en mercado basado en un mecanismo de Contrato por diferencias, que había sido propuesta desde distintos ámbitos de la sociedad civil y el mundo académico.
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No obstante, esta vía de actuación se descartó "por su difícil encaje en la normativa de mercado interior y por las dificultades operativas para su implementación", ya que exigiría desarrollar una metodología para el establecimiento de la retribución de cada activo basado en sus costes, ingresos y grado de amortización de los activos, que impediría su efectiva aplicación inmediata.
Finalmente, se decantó por esta minoración del sobreingreso provocado por el CO2 no emitido del mercado, ya que se trata de un mecanismo prácticamente idéntico, en lo que se refiere a la minoración del dividendo del CO2 de las estaciones inframarginales no emisoras, al que estuvo en vigor en España entre 2006 y 2009 y que fue validado por los tribunales nacionales y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2013.
En este sentido, defiende que se trata de una propuesta "respetuosa con los principios y marcos normativos del mercado interior de la energía y del mercado de carbono en la UE, y que cumple con el principio de proporcionalidad, "ya que no se está recortando la retribución al que ya tiene poco, sino precisamente, al que se aprovecha de un factor de precio que no tiene en su estructura real de costes".
El Gobierno estima que el recorte de más de 1.000 millones de euros que pretende aplicar para actuar sobre el exceso de retribución de la hidráulica y nuclear —los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits)— representa alrededor del 25% de la facturación media anual de las centrales afectadas, según recoge Europa Press.