El Gobierno incumple el Pacto de Estado contra la Violencia Machista: sus Presupuestos 'escamotean' 120 millones a lo acordado

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, presumió este martes de que los de 2018 son "los presupuestos más sociales de la historia", en parte por el aumento en la partida presupuestaria destinada a la lucha contra la violencia machista. Precisamente en este ámbito, los Prespuestos detallan que se incluye "una batería de medidas destinadas a cumplir el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género" aprobado el pasado mes de noviembre y que, en teoría, iba a comenzar a funcionar el 1 de enero. Sin embargo, la letra pequeña del proyecto de ley refleja que el "compromiso político y social contra la violencia de género y de cualquier violencia ejercida contra las mujeres" del que alardea el Gobierno en realidad no es tal, al menos según critican varias asociaciones feministas consultadas por infoLibre. 

Según detalla el Ejecutivo, el "fruto de este compromiso" es el incremento "en 80 millones de euros las partidas destinadas" a poner en marcha el Pacto. En cambio, esto queda muy lejos de lo acordado en el momento de su aprobación, cuando el Gobierno se comprometió a destinar 200 millones. Entonces, ¿qué ocurre con los 120 millones de euros que faltan? Serán asumidos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con su propia financiación y no a través de una partida específica y directa, tal y como establecía el Pacto de Estado. "Las CCAA y Corporaciones Locales (CCLL) deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente para financiar medidas de este Pacto", detalla el Ejecutivo en el texto hecho público este martes. 

La reacción de las organizaciones feministas ha sido unánime: "Es una decepción". Así lo explica Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, que califica la partida presupuestaria de "escamoteo del compromiso" adoptado. "Nos enfrentamos a lo que más temíamos, a la falta de presupuesto", lamenta. "En ningún caso los PGE pueden decir a las comunidades y ayuntamientos cómo hacer sus presupuestos. Lo que indica el Gobierno es una simple recomendación". Y, como tal, esta puede cumplirse o no. Dependerá de cada autonomía, "y muchas tienen sus presupuestos ya elaborados". 

En la misma línea se pronuncia Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que critica que "supeditar" el grueso de la financiación destinada a la lucha contra la violencia machista es "dejar en el aire" que se cumplan las medidas acordadas en el Pacto. "Es muy decepcionante, no era esto lo que se había acordado", lamenta. 

"Si faltan a lo que han firmado, qué no harán con lo que dicen que van a realizar pero que no firman", se pregunta, por su parte, Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas. Para ella, lo que demuestra este "recorte" es que, en realidad, "este Gobierno no está comprometido con la lucha contra la violencia de género". "Está faltando a su palabra", critica. Y detalla que, inicialmente, las comunidades y ayuntamientos recibirían un porcentaje concreto de los 200 millones acordados para luchar contra esta lacra desde las competencias que han asumido para ello. "Pero no hay palabras para lo que ha pasado", lamenta. 

Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, coincide. "Estos presupuestos generan una sensación de inseguridad enorme. No se sabe cómo ni cuándo van a destinar las partidas presupuestarias las comunidades autónomas y los ayuntamientos", critica. Y, además, esa sensación se amplía para los próximos años. Según lo acordado inicialmente, una de las medidas del Pacto incluía una financiación de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, es decir, aproximadamente 200 millones anuales. "Y ya vamos tarde, no podemos encadenar más retrasos", explica. 

Partida insuficiente desde el inicio

Pero, además, lo peor de todo es que este recorte de 120 millones de euros se produce sobre una partida presupuestaria que, ya de por sí, era insuficiente en un inicio. "Dada la envergadura del Pacto, se necesita un compromiso real, también presupuestario", explica Soleto, que critica duramente que, no obstante, el movimiento feminista ya está acostumbrado a que se destine muy poco dinero a luchar contra la violencia machista. 

"Ocurre lo mismo que ya sucedió con la Ley Integral contra la Violencia de Género", explica Besteiro. "Muchas de las actuaciones y medidas que contemplaba no se pudieron poner en marcha por falta de presupuesto, y entonces se incluyeron en el Pacto", recuerda. Sin embargo, la nueva falta del presupuesto necesario deja en el aire la puesta en marcha de muchas de ellas.  

Y además hay otro problema. Los PGE presentados este martes ni siquiera están aprobados, y que se llegue a hacerlo todavía está es un interrogante. Los planes del Gobierno son que la iniciativa pueda estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de junio, como ocurrió con las cuentas públicas en vigor. Pero esto es, de momento, solo una ambición. Y queda en manos del Partido Nacionalista Vasco (PNV). La formación, que sí dio al Partido Popular sus cinco escaños como apoyo para los Presupuestos de 2017 se niega a sentarse a negociar mientras el artículo 155 de la Constitución siga en vigor en Cataluña. 

Esta incertidumbre sobre cuándo se aprobarían los PGE, no obstante, no iba a frenar la aplicación de las medidas del Pacto. "Se iba a aprobar un crédito extraordinario para no tener que supeditarlo a la aprobación de los presupuestos, pero tampoco se ha hecho", critica Besteiro. Y no parece que se vaya a realizar. 

Además, con retraso

El PSOE propone un presupuesto alternativo que aumenta en 8.000 millones el gasto

Ver más

Además de lejos de lo inicialmente acordado, el cumplimiento de las medidas contenidas en el Pacto ya va con retraso. Ya lo avisaron las organizaciones feministas en el mes de diciembre. En aquel momento, la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas ya denunció que el compromiso adoptado por todos los grupos políticos excepto Unidos Podemos –que criticó entonces que el documento no cumplía con las "garantías" necesarias– se estaba desarrollando "tarde y mal". Por un lado, porque la proposición no de ley que dio luz al Pacto ya debería llevar entonces "un mes puesto en marcha" y, por otro, porque no contaba con la participación del movimiento feminista ni con una hoja de ruta para llevar a cabo la aplicación de las medidas. 

La explicación de este retraso se explica por la falta de obligatoriedad en el cumplimiento de los plazos que estableció el Ejecutivo tras la aprobación del texto. Inicialmente, el Gobierno de Mariano Rajoy contaba con dos meses para comenzar a impulsar las medidas acordadas pero, como era un compromiso únicamente adoptado sobre el papel, su incumplimiento tampoco ha supuesto ningún problema. 

Lo único que ha supuesto, según las expertas consultadas, es la evidencia de la falta total de compromiso con la lucha contra la violencia machista. "El PP está faltando a la protección de los Derechos Humanos de una gran parte de la población española", critica Gonzalo. "Ya no nos podemos fiar ni de lo que está firmado. El Gobierno ha perdido totalmente nuestra confianza", sentencia.