Estar imputado en un caso de corrupción no parece ser motivo para abandonar un alto cargo de una empresa participada por el Estado. Y es que el Gobierno permite que Javier De Andrés, consejero delegado de la multinacional tecnológica Indra, se mantenga en su puesto a pesar de que se encuentra imputado en el sumario de la trama Púnica por, supuestamente, haber participado en el encubrimiento de pagos irregulares a la sociedad usada por la trama para prestar a políticos servicios de mejora de su reputación en internet.
El pasado día 22 de julio, el juez Eloy Velasco levantó parcialmente el secreto del sumario de la investigación del caso Púnica, la red de corrupción encabezada hasta el pasado año por el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. De Andrés se encontraba en la extensa lista de imputados, pero no obstante el Estado –que, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el máximo accionista de Indra con un 20% de las acciones– no ha tomado ninguna acción contra él, ni tampoco lo ha hecho la propia empresa.
A preguntas de infoLibre, una portavoz de la SEPI –que depende del Ministerio de Hacienda– sostuvo que los dos consejeros que tiene el organismo dentro del consejo de administración de Indra (Juan Carlos Aparicio y Adolfo Menéndez) tienen pensado pedir "información debidamente cumplida sobre los hechos" para analizarla y, a partir de ahí, "tomar decisiones". No obstante, esta petición no se producirá hasta la próxima reunión del consejo de administración, que se celebrará en septiembre.
Indra y la SEPI conocían la imputación
El portavoz de la SEPI, sin embargo, admite que los integrantes del consejo de administración de Indra conocen la imputación de De Andrés desde antes de que el juez Velasco decidiese levantar el secreto de una parte del sumario de la Púnica. Y es que el consejero delegado se vio obligado a informar de su implicación por el Reglamento del Consejo de Administración y de sus Comisiones de Indra, un código que establece que los altos cargos deben "informar a la sociedad de cualquier hecho o situación que pueda perjudicar a la reputación de esta, y en particular, de las causas penales en las que aparezca como imputado".
En este sentido, una fuente oficial de la propia Indra aseguró a este periódico que De Andrés "informó de forma preceptiva al consejo de administración de su situación como imputado en el momento en el que la conoció", si bien se niega a especificar una fecha concreta y tampoco explica a través de qué vía y en qué términos lo hizo. La única acción que ha inciado al respecto la empresa, explica el portavoz, es la elaboración de un informe sobre el tema por parte de la "unidad de cumplimiento" de Indra, dependiente de la comisión de auditoría de la compañía.
"Se están llevando a cabo los trámites pertintentes, pero los detalles no son públicos, es un informe interno", señala este portavoz oficial al respecto. Además, resalta que la unidad de cumplimiento "no depende ni formal ni funcionalmente de ningún directivo ni del presidente, sino únicamente de la comisión de auditoría" de la compañía. No obstante, la comisión que dirige el trabajo de la unidad que elabora el informe está formada por cinco directivos –cuatro vocales y el presidente– y los cinco pertenecen al consejo de administración de Indra.
La compañía también declina hacer comentarios sobre si De Andrés ha pensado en dimitir motu proprio, y es igualmente reacia a contestar sobre los hechos que, a juicio del consejero delegado, serían motivo para presentar su renuncia.
El auto en el que el juez Velasco anuncia su imputación, en cualquier caso, certifica que tanto De Andrés como el director general de Operaciones, Santiago Roura, participaron en la supuesta ocultación de los pagos irregulares a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), con la que los también imputados Alejandro de Pedro –el conseguidor de la Púnica– y José Antonio Alonso Conesa ofrecían a políticos de administraciones como la Comunidad de Madrid servicios para mejorar su imagen en internet.
De Andrés, interlocutor de Salvador Victoria
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"Se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro De Pedro por parte de altos funcionarios de dicha Comunidad [la Comunidad de Madrid], no abonados ni justificados de manera contable, y la articulación de formas de pago encubiertas utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura Lama y Javier De Andrés González, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa, respectivamente", detalla el auto.
Según afirmó De Pedro en su declaración ante la Guardia Civil, tras ser detenido el 28 de octubre de 2014, el Gobierno madrileño le pagó a través de Indra 10.000 de los 140.000 euros que le debía por el trabajo realizado para mejorar el posicionamiento en internet de los miembros del Ejecutivo regional. "Me dijo [José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, también imputado] que me pagaría a través de la empresa Indra [...] que es todo muy reglado", señaló De Pedro ante la Guardia Civil.
El propio Martínez Nicolás confesó por escrito que el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, le encargó que pidiese a Indra que pagara esos 10.000 euros a De Pedro. Martínez Nicolás aseguró que dio esa indicación a Santiago Roura, pero en vista de que no se realizaba el pago, el propio Victoria llamó por teléfono al consejero delegado Javier De Andrés para decirle que "si ayudan, bien; pero que si no, lo digan y no pasa nada". "No habla del pago ni de nada en concreto, sino que la conversación transcurre en un contexto general", detalla el imputado.
Estar imputado en un caso de corrupción no parece ser motivo para abandonar un alto cargo de una empresa participada por el Estado. Y es que el Gobierno permite que Javier De Andrés, consejero delegado de la multinacional tecnológica Indra, se mantenga en su puesto a pesar de que se encuentra imputado en el sumario de la trama Púnica por, supuestamente, haber participado en el encubrimiento de pagos irregulares a la sociedad usada por la trama para prestar a políticos servicios de mejora de su reputación en internet.