"Vamos paso a paso. Estamos ante un escenario inédito, pero no estamos parados. Ahora, tras haber activado el frente judicial con los recursos ante el TC, estamos en la parte logística, en impedir que haya urnas, que se impriman papeletas y que se promocione un referéndum que no se va a producir", así lo ponen de manifiesto a infoLibre fuentes de Moncloa, que avanzan que el Gobierno está estudiando nuevas medidas para impedir que la Generalitat reciba o destine fondos con la finalidad de promover el 1-O.
Salvo cambios de última hora, las medidas recibirán luz verde este viernes en el Consejo de Ministros. Y vendrían reforzadas por un hecho de última hora: la negativa del Govern a seguir remitiendo a Hacienda los informes de gasto. El departamento que dirige Cristóbal Montoro estudia que sea el ministerio el que responda directamente a los gastos que reclamen los proveedores con los fondos del sistema de financiación. Las medidas no afectarán al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El Ejecutivo lleva semanas trabajando en un nuevo paquete de medidas, dándoles soporte legal con todos los informes necesarios. Creen que, a casi 15 días de la fecha anunciada para la consulta, con el arranque de campaña, hay que intensificar los controles para que no se destine "ni un euro público" a un referéndum que la Justicia considera inconstitucional. Uno de los focos va a estar en la posibilidad de que se esté recurriendo a financiación privada. Desde hace meses, el Gobierno está advirtiendo de que cualquier empresa que colabore con esta consulta será denunciada.
"Los datos que la intervención de la Generalitat nos ha pasado semanalmente indican que el Presupuesto no está siendo destinado a estos fines. Pero, ¿cómo se mantienen las páginas web en defensa del 1-O? ¿Cómo se desarrollan y se pagan los anuncios en TV3?", se pregunta un dirigente conservador.
Las medidas vendrían a reforzar las ya anunciadas el pasado 21 de julio tras una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos presidida por Mariano Rajoy. En esta se acordó poner condiciones a la Generalitat a la hora de seguir percibiendo la transferencia de efectivo a través del FLA. La principal de las medidas fue la de la obligación por parte de esta comunidad de remitir semanalmente a Hacienda un informe con los gastos realizados. Una vía para comprobar que no se había destinado un solo euro al pago de partidas orientadas a la celebración de la consulta y a la que el Govern ha dado un portazo. También se demandó el listado de los interventores que certifican ese gasto.
Desde la Moncloa justificaron el motivo de estas medidas excepcionales, sólo dirigidas a Cataluña, en que había sido detectado un desvío de 6.150 euros, cantidad que podría estar destinada a la preparación del referéndum.
Evitar que los gastos se consignen tras el 1-O
La primera de las exigencias había de cumplirse cada miércoles y así vino ocurriendo hasta la semana pasada según aseguran en el departamento de Cristóbal Montoro. Este mismo martes, el propio ministro, además de insistir en que no va a destinarse un solo euro de dinero público a la consulta ilegal, aseguró en los pasillos del Senado que el interventor de la Generalitat de Cataluña "no conoce el origen de los recursos" con los que se ha pagado la web ni el anuncio llamando a votar, y que su departamento estudia el asunto porque "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades". Este hecho hizo saltar algunas alarmas en el Ejecutivo.
Según explicó Montoro, el interventor no ha podido acreditar hasta la fecha cómo se ha pagado esa web y ese anuncio. "Es muy preocupante que ocurra esto en un país desarrollado y civilizado, que un poder público esté haciendo un gasto público y que la Intervención no es capaz de informar sobre el origen de los recursos públicos", añadió el ministro advirtiendo de que "de ello se derivarán las consiguiente responsabilidades", una pista del paquete de medidas en el que su departamento venía trabajando.
Recientemente, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, explicó en su perfil de Twitter que la web del referéndum es la misma que la del Estatut: "Los catalanes lo aprovechamos y reciclamos todo", bromeó. En esta línea, fuentes del Govern aseguran a infoLibre que no ha costado un euro.
Los interventores se enfrentan a sanciones si se demuestra que los datos ofrecidos no concuerdan con las cifras reales.
En este sentido, el Gobierno quiere también evitar "trampas" en los datos que la Generalitat se niega a seguir facilitando a Hacienda. Una de las iniciativas que podría salir adelante este viernes sería la de exigir que se detallen las previsiones de ingresos y gastos ya comprometidos. ¿El objetivo?: poner todos los obstáculos posibles para evitar que los gastos destinados al referéndum sean consignados una vez haya transcurrido el 1-O.
La carta de Junqueras
El debate político sobre el 1-O se traslada esta semana al Congreso
Las tensiones Estado-Generalitat subieron de revoluciones este jueves después de que el conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunicara a Montoro que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat, según la carta enviada a la que tuvo acceso Europa Press.
Junqueras avisa de que ya no certificará por escrito un detalle de gastos semanales, si bien la Generalitat mantiene su "compromiso con la estabilidad presupuestaria". A su juicio, las medidas de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".
Además, en la misiva, el vicepresidente manifiesta que la voluntad del Govern es "seguir apostando por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Cataluña y España". Añade que, hasta el momento, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum, "pese a las reiteradas propuestas y peticiones" formuladas por el Govern y el Parlament, y asegura que la propuesta sigue en pie.
"Vamos paso a paso. Estamos ante un escenario inédito, pero no estamos parados. Ahora, tras haber activado el frente judicial con los recursos ante el TC, estamos en la parte logística, en impedir que haya urnas, que se impriman papeletas y que se promocione un referéndum que no se va a producir", así lo ponen de manifiesto a infoLibre fuentes de Moncloa, que avanzan que el Gobierno está estudiando nuevas medidas para impedir que la Generalitat reciba o destine fondos con la finalidad de promover el 1-O.