El Gobierno y el PSOE se cruzaron este miércoles reproches en el Pleno del Congreso sobre quién debe acabar con el voto rogado que desde 2011 obliga a los emigrantes a solicitar previamente el voto para poder ejercerlo, un requisito que los dos partidos mayoritarios introdujeron en la reforma electoral de 2010 y que ha provocado el desplome de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
El requisito del voto rogado, ideado para acabar con las constantes denuncias de fraude en el voto de los emigrantes, fue introducido en la reforma electoral de diciembre de 2010 que promovieron el PSOE, el PP y los nacionalistas de CiU y PNV. Aquella reforma electoral, que también prohibió votar en elecciones municipales a los electores censados en el extranjero, fue protestada por IU, UPyD y los nacionalistas de BNG y CC.
El principal efecto del voto rogado es la caída de la participación electoral, que hasta entonces superaba el 30% y que, desde su implantación, ya no va más allá del 5%. En ese contexto, los propios promotores de la reforma electoral de 2011 se fueron desmarcando, especialmente el PSOE, CiU y algunas organizaciones territoriales del PP.
Pero todos los intentos de rectificar se han visto frustrados. En octubre de 2013, el Grupo Popular rechazó en el Congreso una iniciativa del PSOE para revocar el voto rogado alegando que es la fórmula menos dañina para evitar el fraude, pero meses después, en primavera de 2014, accedió a admitir a trámite una reforma electoral que llegó desde Galicia, con el voto del PP de Alberto Núñez Feijóo, para suprimirlo. Eso sí, desde entonces la iniciativa sigue bloqueada en la Cámara, sin que se permita presentar enmiendas.
Queja de IU a la Junta Electoral
Con vistas a las elecciones de mayo, IU elevó un a queja a la Junta Electoral Central, pero el organismo arbitral se 'lavó las manos', mientras y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha acabado por reconocer recientemente que las medidas que viene adoptando para agilizar el voto desde el exterior no han logrado reflotar la participación de los emigrantes.
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En ese contexto, la diputada socialista Carmela Silva preguntó este miércoles al Gobierno cuándo piensa corregir el voto rogado. "Hemos admitido el error de aquella modificación electoral, la casi totalidad de la Cámara está dispuesta a su eliminación, pero depende del Gobierno –dijo–. No valen evasivas, ni subterfugios. No hay disculpas para no hacerlo, es la hora de la verdad".
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó que las reformas electorales se hacen por consenso y no por iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, por lo que ha emplazado a los partidos a presentar la reforma en el Congreso, si realmente hay tanta unanimidad.
Según Carmela Silva, "queda claro que al Gobierno ni le ocupa ni le preocupa" el voto rogado y que "miente" a los emigrantes cuando les asegura que no tiene inconveniente en eliminar ese requisito. "Ustedes no quieren suprimirlo, quieren mantenerlo", zanjó.
El Gobierno y el PSOE se cruzaron este miércoles reproches en el Pleno del Congreso sobre quién debe acabar con el voto rogado que desde 2011 obliga a los emigrantes a solicitar previamente el voto para poder ejercerlo, un requisito que los dos partidos mayoritarios introdujeron en la reforma electoral de 2010 y que ha provocado el desplome de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).