El Ejecutivo pone en marcha el procedimiento para quitar medallas a torturadores franquistas. A las puertas del nuevo año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil que inicien los procedimientos de oficio para "revisar y retirar" las condecoraciones y recompensas que en el pasado hubieran podido recibir agentes de los dos cuerpos que hubieran formado parte del aparato represor de la dictadura o hubieran realizado actos "incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos". El paso dado afecta a nombres como el del exagente de la Brigada Político Social (BPS) Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, fallecido durante la pandemia. Y también podría implicar la perdida de reconocimientos a algunos otros también denunciados en el marco de la llamada Querella Argentina.
El movimiento es consecuencia directa de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que en su artículo 42 establece que "las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad" a la entrada en vigor de la norma "podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión". En este grupo, además de Billy el Niño, suenan nombres como los de Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres, Pascual Honrado de la Fuente, Félix Criado Sanz, José Sainz González o Benjamín Solsona.
El rastro imborrable de Billy el Niño, torturador 'olímpico'
Aquella norma también incluye en su disposición adicional tercera que las resoluciones de concesión también podrán ser retiradas cuando "dejen de concurrir en la persona o entidad las circunstancias personales o profesionales que en su momento fueron determinantes de la concesión de la recompensa" o cuando quede acreditada la realización de actos "manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia" en las órdenes del mérito de Policía y Guardia Civil. Algo que, en este caso, puede afectar a algunos de los agentes que formaron parte de las cloacas y de la brigada política a la que recurrió el Ejecutivo de Mariano Rajoy: desde el excomisario José Manuel Villarejo hasta el ex director adjunto operativo Eugenio Pino.
La orden dada por el ministro no solo se circunscribe a estos dos cuerpos, sino que se extiende del mismo modo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al resto de direcciones generales del ministerio, en cuyos máximos responsables delega Marlaska "la responsabilidad de incoar los procedimientos de revisión de oficio y de revocación" de las condecoraciones y recompensas. Todos estos expedientes serán tramitados según lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que obliga a notificar el comienzo del expediente a los afectados para recabar sus alegaciones de defensa antes de dictar la resolución pertinente del caso.
Asimismo, Marlaska ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos que competen a su departamento. Este órgano será el encargado de preparar una reforma de la Ley de Asociaciones para incluir como causa de disolución la realización pública de apología del franquismo, al tiempo que revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos franquistas en todos aquellos edificios dependientes de Interior.
El Ejecutivo pone en marcha el procedimiento para quitar medallas a torturadores franquistas. A las puertas del nuevo año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil que inicien los procedimientos de oficio para "revisar y retirar" las condecoraciones y recompensas que en el pasado hubieran podido recibir agentes de los dos cuerpos que hubieran formado parte del aparato represor de la dictadura o hubieran realizado actos "incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos". El paso dado afecta a nombres como el del exagente de la Brigada Político Social (BPS) Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, fallecido durante la pandemia. Y también podría implicar la perdida de reconocimientos a algunos otros también denunciados en el marco de la llamada Querella Argentina.