La crisis de la estiba se ha convertido en un puzzle que parece imposible resolver. El Gobierno reivindica la urgencia de aprobar un decreto que liberalice la carga y descarga en los puertos para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014, como reclama Bruselas. La poderosa representación sindical de los estibadores –unos 6.500 en los 46 puertos estatales– advierte de que el texto que el PP llevará al Congreso el jueves atraviesa una línea roja al no garantizar el mantenimiento del empleo mediante la subrogación de los trabajadores. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, afirma que tal petición es inaceptable porque legalmente no se puede obligar a unas empresas a asumir los empleados que salen de otras, al ir en contra de la libertad económica y de las reglas europeas. De la Serna se presenta como un ministro maniatado por Bruselas: tiene que aprobar el decreto sí o sí y es imposible garantizar legalmente el mantenimiento del empleo, precisamente la principal exigencia de los trabajadores.
¿Qué solución queda? A juicio de los estibadores, que el Gobierno retire el decreto y se siente a negociar con los sindicatos y con la patronal de empresas estibadoras. Fomento, en cambio, asegura hay margen para aprobar el decreto y seguir acerando posiciones ya que trabaja en un segundo texto normativo –complementario al que llevará al Congreso el jueves– que establecerá fórmulas para proteger en la medida de lo posible el empleo. El ministro recoge así la imprecisa expresión de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), que encabezó la mediación entre los sindicatos y la patronal del sector (Anesco) en la negociación abierta tras el fracaso de la primera tentantiva fallida del PP de que el Congreso convalidase la reforma de la estiba. Anotaba Peña en su propuesta final: "Mantener el empleo con el instrumento legal que se considere suficiente". La Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato del sector, ya ha advertido de que considerará tal medida insuficiente, al tratarse de una norma sin rango de ley que en la práctica permitirá despidos masivos y precariedad en el sector. Ahí está la clave: los líderes de la estiba creen que, una vez aprobado el jueves por el Congreso el decreto de reforma del sector, quedarán definitivamente debilitados ante las empresas diga lo que diga el segundo texto sin rango de ley.
Fomento explica que su intención es tener concluido este segundo decreto sin rango de ley, con el que confía en atemperar el ánimo de los estibadores, esta misma semana. El problema son los tiempos. El jueves el decreto de reforma irá previsiblemente al Congreso. Si se aprueba, el miércoles que viene comienzan las huelgas, en principio previstas lunes, miércoles y viernes en horas impares, hasta el 9 de junio. Ocho jornadas en total. Y una huelga de estibadores no es cualquier huelga. Los puertos españoles mueven al año mercancías por valor de 200.000 millones de euros, canalizando el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, según los datos de la patronal portuaria. La salud de la economía española depende de los puertos. Los estibadores se consideran con la capacidad de paralizarlos.
"Grave daño a la economía del país"
El ministro De la Serna ya ha empezado a advertir del "grave daño a la economía del país" que provocaría un huelga. En medios portuarios se interpreta que las palabras del ministro indican que el Gobierno está preparado para que comience la huelga y, durante la misma, negociar aspectos del segundo texto legal. De la Serna, que se convirtió en el primer ministro de la democracia en ver un decreto ley de su departamento tumbado por el Congreso, se habría quitado ya de encima ese problema problema político, al conseguir sacarlo adelante a la segunda, si finalmente así ocurre. Desde ese instante –conseguida la luz verde del Congreso– podría atribuir a sindicatos y patronal, así como a partidos contrarios a la reforma, la responsabilidad de trabajar por el acuerdo por el bien de la economía española, según estas interpretaciones. El tiempo podría jugar a su favor. Si la huelga se enquista, habría puertos que la soportarían mejor que otros, lo cual podría provocar división en el hasta ahora monolítico bloque de la estiba.
Es la posición de los sindicatos la que parece más conciliadora, aunque sin levantar el dedo del botón rojo de la huelga. Antolín Goya, líder del sindicato Coordinadora de Trabajadores del Mar, ha admitido incluso que el decreto que llevará el Gobierno al Congreso el jueves supone "un avance" con respecto al primero. En efecto ha habido cambios: se han establecido requisitos de formación que facilitan el acceso al empleo a los actuales estibadores y se ha eliminado el incentivo a los contratos de menos de siete días, una medida que los sindicatos consideraban directamente insultante.
Confianza rota
Pese al reconocimiento de estas mejoras, Antolín Goya no oculta que la confianza en el Gobierno está rota. Recuerda que De la Serna se comprometió a mostrar a los sindicatos y la patronal Anesco el decreto antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, cosa que no ocurrió. Y también subraya que el ministro alude permanentemente a una supuesta segunda multa sobre España que siempre parece al caer pero nunca llega. Los sindicatos creen que De la Serna utiliza la coartada de Bruselas para hacer la reforma que él desea. El papel de Fomento en la negociación entre la patronal y los sindicatos con la mediación del CES ha sido "una farsa" y una "pantomima", opinan distintas fuentes sindicales.
La desconfianza hacia Fomento por parte de los sindicatos abarca incluso sus apelaciones a la supuesta negativa de Bruselas a aceptar un "registro de trabajadores" que contribuyera a mitigar el impacto en el empleo de la liberalización del sector, como al principio de las negociaciones reclamaban los estibadores. "La Comisión Europea lo ha dejado bien claro, nosotros fuimos con un registro a la Comisión y nos contestó incluso por escrito que no admitiría ningún registro, ni ninguna lista contingentada que pudiera suponer una restricción a la libre contratación de una empresa de sus trabajadores", declaró Iñigo de la Serna a finales de febrero. Este medio vio dicha carta de la Comisión, sin firma, de julio de 2016. La misma señala que no se debe crear "un registro nacional". infoLibre preguntó a la Comisión Europea por escrito y ésta contestó que consideraba "incompatible" con la legislación europea el "emplear como trabajadores prioritarios los proporcionados por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep)", los órganos que hasta la fecha han tenido el práctico monopolio del reparto del trabajo y que la reforma va a eliminar gradualmente. Pero añadía: "Esto no significa que se prohíba la existencia de agrupaciones de trabajadores (lo que en inglés llamamos pools) o procedimientos que implican un registro de trabajadores".
Esto choca con lo mantenido por De la Serna. Fomento niega que la visión del ministro y el escrito de la Comisión sean incompatibles, porque a lo que se opone De la Serna es a "registros públicos". Fuentes sindicales consideran esta excusa "un sinsentido", porque las Sagep de hecho no son públicas. Casos como éste han agrandado la desconfianza sindical hacia De la Serna. La Coordinadora de Trabajadores del Mar también ha mostrado su insatisfacción con el resultado final de la medicación del CES, que consideran "errática y desubicada" por no recoger el cogollo del conflicto: la subrogación de los trabajadores que evite que, una vez liberalizado el sector, trabajadores con buenas condiciones sean despedidos por empresas privadas –e indemnizados con dinero público– para su sustitución por nuevos empleados con condiciones mucho peores.
La patronal teme "conflictos laborales"
La patronal Anesco, por su parte, defiende la urgencia del decreto, pero en su seno hay empresas, las menos grandes, que inciden en la necesidad de diálogo para evitar una huelga que quizás no podrían resistir. En su última comunicación, tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, Anesco hizo un "llamamiento al al diálogo a todos los agentes implicados, de forma que se eviten conflictos laborales, que perjudican gravemente y de manera irreparable a las empresas del sector y al conjunto de la economía española".
Aunque las posiciones están así de enconadas, el Gobierno ha dado un paso al frente porque ha conseguido nuevos apoyos políticos. Pretende aprobar en su segundo intento el decreto de liberalización de la estiba con el apoyo de Ciudadanos, PNV y Foro Asturias y la abstención del PDCat, antigua CiU. Las negociaciones clave con PDCat, que votó en contra del anterior decreto, coincidieron con la ausencia del Ministerio de Cultura de la última reunión del Consorcio del Palau de la Música, lo que facilitó la decisión de que esta institución no se personara contra Convergència. Tanto el PP como PDCat negaron vinculación entre ambos hechos.
Mucho en juego
Si finalmente el decreto sale adelante, los estibadores aseguran que irán a la huelga. Hay mucho en juego. España, pobre en materias primas, tiene en cambio un valioso recurso natural en el que pocas veces se repara: una óptima ubicación estratégica. Tomando como referencia el sur, concretamente el puerto de Algeciras, España se convierte en el nodo donde se cruzan las comunicaciones portuarias entre Europa, África, América y Asia. La carga, descarga y manipulación de mercancías en los 46 puertos del Estado está controlada por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores. Las Sagep van cediendo a los estibadores a las empresas que trabajan en los puertos, según la demanda. Dichas empresas, que son las propias accionistas de las Sagep y cuyos clientes son las navieras, no tienen otra forma de contratar a un trabajador. Es decir, si por ejemplo la empresa Noatum Container necesita un estibador para el puerto de Málaga, no puede convocar un proceso de selección, sino que tiene que acudir a las Sagep, que están amparadas por la ley española de puertos.
Los escollos para el acuerdo de la estiba
Este sistema de organización portuaria, aunque legal en España, es heredero de formas tradicionales de reparto del trabajo, basadas en comunidades cerradas de intereses donde el margen de arbitrariedad acaba siendo elevado. La integración europea ha implicado, al menos sobre el papel, la obligatoriedad de que los sectores económicos se abran a la libre competencia y los criterios de transparencia y mérito. El sistema de las Sagep comenzó a venirse abajo en diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE estableció en una sentencia que España estaba incumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la UE, al poner límites a la libertad de establecimiento de las empresas. La anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, dejó dormir el asunto, pero De la Serna irrumpió con fuerza en el asunto asegurando que Bruselas apremiaba.
Dinero público
De la Serna pretende "liberalizar" el sector, de forma que entren en los puertos nuevos operadores que empezarán a trabajar con plantillas peor pagadas, lo que les ofrece una ventaja competitiva sobre las sociedades estibadoras ya instaladas. Para eliminar esta desigualdad, el Gobierno recoge en el decreto que los despidos los paguen las autoridades portuarias, de carácter público, una medida que costará unos 300 millones de euros y que incluso Bruselas ve con recelo. "La administración portuaria asumirá obligatoriamente los pasivos laborales generados con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", recoge el decreto. Esta medida se introduce "con el propósito de igualar la situación competitiva de los operadores privados ya establecidos con los que se incorporen ex novo a la prestación de este servicio", señala el texto. Este punto, el pago de despidos privados con dinero público, no se modifica con respecto al primero decreto. Fomento no ha aclarado cuánto costará en total al Estado la reforma de la estiba en concepto de indemnizaciones y prejubilaciones, entre otras medidas. La cuerda se tensa en los puertos. No es fácil saber por dónde se romperá, pero sí que –pase lo que pase– habrá un fuerte desembolso de dinero público.
La crisis de la estiba se ha convertido en un puzzle que parece imposible resolver. El Gobierno reivindica la urgencia de aprobar un decreto que liberalice la carga y descarga en los puertos para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014, como reclama Bruselas. La poderosa representación sindical de los estibadores –unos 6.500 en los 46 puertos estatales– advierte de que el texto que el PP llevará al Congreso el jueves atraviesa una línea roja al no garantizar el mantenimiento del empleo mediante la subrogación de los trabajadores. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, afirma que tal petición es inaceptable porque legalmente no se puede obligar a unas empresas a asumir los empleados que salen de otras, al ir en contra de la libertad económica y de las reglas europeas. De la Serna se presenta como un ministro maniatado por Bruselas: tiene que aprobar el decreto sí o sí y es imposible garantizar legalmente el mantenimiento del empleo, precisamente la principal exigencia de los trabajadores.