El Gobierno titubea con su política migratoria tras asumir el rescate del 'Aquarius' hace dos meses como “obligación legal ineludible”

El Gobierno ha respondido con una negativa al llamamiento de las ONG Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée para que socorra de nuevo al Aquarius. “España no es el puerto más seguro para el barco porque no es el más cercano, según exige el Derecho Internacional del Mar”, han asegurado fuentes de Moncloa. El Aquarius transporta a 141 migrantes procedentes de Bangladesh, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Somalia, Eritrea, Senegal, Marruecos y Egipto. La mitad de ellos menores y de éstos 67 viajan solos. A primera hora de la mañana de lunes, la nave se encontraba detenida a 32 millas náuticas de la costa italiana, según Médicos sin Fronteras, después de que tanto Italia como Malta le denegaran permiso para atracar en sus puertos.

A diferencia de lo ocurrido el pasado mes de junio, España no va a aceptar ahora a los migrantes del Aquarius. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez asumió el desembarco de las 629 personas que el barco había rescatado en aguas internacionales frente a Libia como una “obligación legal” que “puede ni quiere eludir”. “Es una obligación y una perfecta imagen de lo que un país tiene que hacer”, explicó la vicepresidenta, Carmen Calvo en una entrevista concedida a la Cadena Cope. “No podíamos permanecer impasibles”, abundó. “España es un país que quiere trasladar el honor de su nombre”, presumió, “esto no tiene nada que ver con llegada de refugiados ni efectos de ningún tipo que no sea el cumplimiento estricto de la legalidad, como es ofrecer un puerto seguro ante una crisis”.

Repitiendo el episodio de hace dos meses, tanto Italia como Malta han negado el permiso al Aquarius para desembarcar a los 141 migrantes rescatados. Pero en este caso, el Gobierno español aduce que no se da la misma situación de crisis humanitaria que entonces, cuando el barco transportaba un número mucho mayor de personas y éstos tuvieron que ser repartidos en otras tres naves antes de llegar a puerto. Pese a que la nave dispone de víveres para cinco o siete días, el presidente de Médicos sin Fronteras, David Noguera, ha indicado a Onda Cero que la situación es ahora “peor” que la que sufrió hace dos meses. En junio el Ejecutivo aseguró que estaba dando solución a un caso “excepcional” y de “emergencia”, pero que el tratamiento especial recibido por esos 629 migrantes –permiso para 45 días de estancia– no se iba a conceder a quienes llegaran a España en patera o en otros barcos de rescate. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las 87 personas desembarcadas del Open Arms el pasado juevesOpen Arms en el puerto de Algeciras (Cádiz). Todos ellos –nueve son menores no acompañados– han solicitado asilo.

“El Gobierno ha dado un giro de 180 grados”, critica el presidente de Algeciras Acoge, Jesús Mancilla, pero no sólo por el cambio respecto al Aquarius, sino también por su decisión de presentar alegaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en defensa de las devoluciones en caliente llevadas a cabo por el Ejecutivo del PP. En octubre de 2017 el tribunal de Estrasburgo sentenció que las expulsiones inmediatas de dos subsaharianos en 2014 vulneraron el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El Ejecutivo del PP recurrió la condena y el del PSOE envió el pasado 20 de junio una carta al tribunal donde le comunicaba su intención de revisar el recurso, en principio para acabar con las devoluciones en caliente. Sin embargo, según publica El País, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido seguir adelante con el recurso, utilizando los mismos argumentos que defendió el de Mariano Rajoy. Mancilla cree que el actual Ejecutivo está desperdiciando la oportunidad de hacer “una política migratoria ejemplar”, optando en cambio por otra cada vez más semejante a la que ejecutaba el PP.

“No se puede poner un muro cada vez más alto”

“No se puede cambiar de criterio, porque se produce una discriminación sin razones para ello”, protesta Javier de Lucas, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. “Hace una semana España es un país seguro y ahora deja de serlo”, añade. Aunque De Lucas, más que un “bandazo” del Gobierno, advierte que éste se encuentra atrapado en tres frentes. Primero, el “sálvese quien pueda de la UE”, con Francia “poniéndose de perfil” y la Comisión Europea renunciando a las cuotas de reparto de los migrantes y “limitándose a controlar la inmigración ilegal”. Después el frente interno de Ciudadanos y el PP con sus amenazas sobre el “efecto llamada” y el mensaje fácil reproducido por algunos medios de comunicación. Y el tercero, el que han formado las comunidades autónomas, que se han negado a repartirse los menores. “El Ministerio de Trabajo fue ingenuo al acudir a la reunión con las comunidades sin una propuesta solidaria con cuotas obligatorias”, explica Javier de Lucas.

Mancilla y De Lucas coinciden con José Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge, y con Esteban Beltrán, presidente de la sección española de Amnistía Internacional, en la necesidad de una respuesta coordinada de la Unión Europea a un fenómeno que consideran “imparable”. “No se puede poner un muro cada vez más alto o pagar a países del norte de África, como Marruecos, para retener a los migrantes y que hagan el trabajo sucio a fin de evitar que lleguen a nuestras costas”, protesta Rodríguez Candela. “Es una crisis de Europa”, subraya. Y considera “razonable” que no todos los barcos lleguen a España. Pero lo primero, recalca, es cumplir el Derecho Internacional Marítimo, que obliga a rescatar a los náufragos. “El Aquarius no es un barco de pasajeros, lleva a 141 personas a bordo que necesitan agua y víveres, y esperemos que no haya avisos de temporal”, advierte, “por lo que tiene que haber una solución inmediata”.

Obligar a Italia y Malta incluso con sanciones

Esteban Beltrán destaca que Italia y Malta están incumpliendo su obligación de rescatar a esas personas en el mar, y que Bruselas debería obligarles a acatarla y a ofrecer puertos seguros a los barcos. Pero, además, reclama una “solución estructural” al problema porque, de lo contrario, se repetirán episodios como el del Aquarius o el Open Arms cada pocos días. A su juicio, hace falta un sistema regional de salvamento marítimo, en el que varios países se repartan la tarea, lo más cerca posible de Libia. También un sistema de desembarco en los puertos más cercanos y el consiguiente reparto de los migrantes entre los diferentes países europeos. Finalmente, pide un cambio en la colaboración con los guardacostas libios. “No es posible que se les esté pagando para que detengan a los migrantes en lugares donde incluso son torturados”, acusa.

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Así que, para empezar, el responsable español de Amnistía Internacional reclama unas “declaraciones contundentes” del Gobierno español, con el francés y el alemán, para obligar a Italia y Malta a cumplir con sus obligaciones legales. Si no acceden, pide sanciones para ambos países. En la misma dirección apunta Javier de Lucas cuando se refiere a que ambos países están obligados a rescatar a los menores. Y después, una política migratoria de largo plazo que ahora mismo Beltrán echa en falta.

“No puede haber una solución parche”, dice Javier de Lucas”. Sus propuestas repiten las de Jesús Mancilla: primero hay que actuar en los países de origen de los migrantes, “invirtiendo en ellos para revertir el efecto salida”, sostiene el presidente de Algeciras Acoge. Después, establecer “vías legales y seguras” para entrar en la Unión Europea. “Comprar a Túnez o Marruecos” no es una solución, insiste. “A corto plazo debe haber un plan de ayuda a los tres países que están en primera línea, España, Italia y Grecia”. De Lucas recuerda que Bruselas dejó “abandonada a Italia a partir de 2014”, después de haberle pagado 110 millones de euros para salvar a migrantes en el canal mediterráneo central. 

Mientras el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, proponía este lunes al Aquarius que se dirija a Libia por tener “los puertos más cercanos”, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado pedía al Gobierno que “recapacite” y ofrezca un puerto seguro al barco.