El Gobierno sabe que gran parte de las posibilidades de revertir la tendencia política que le atenaza ante el ascenso de la derecha tiene mucho que ver con la capacidad de capear el temporal económico surgido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Lo anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace un par de semanas fue que el día 1 de julio iban a ser prorrogadas la totalidad de medidas puestas en marcha hace tres meses en el plan anticrisis y que, además, iban a serlo justo en los mismos términos en los que entraron en vigor. Pero el batacazo electoral de Andalucía y la hipótesis de que el malestar generado entre la ciudadanía por el alza de los precios esté suponiendo incluso un trasvase de voto progresista a las siglas del PP parecen haber espoleado al Ejecutivo.
Como publicó infoLibre, Pedro Sánchez encargó a su Consejo de Ministros profundizar en las medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra. Una de ellas será la bajada impositiva del recibo de la luz con una rebaja del IVA del 10% al 5%, tal y como confirmó el propio presidente en la sesión de control del Congreso. Antes, el Ejecutivo ya había bajado el IVA del 21% al 10%, el impuesto a la electricidad del 5% al 0,5% y el impuesto a la producción eléctrica, que era del 7%, sigue suspendido.
Según el propio Gobierno, lo que se persigue con estas rebajas es actuar directamente en los precios en la única parcela en la que el Gobierno tiene margen de maniobra directa, que es la parte impositiva. Con esta medida, además, España se sitúa con la tasa más baja de IVA de toda la Unión Europea, algo que incluso Bruselas había visto con recelos.
Pero las novedades que se harán públicas este sábado en el nuevo decreto no se quedarán ahí. Los equipos económicos del PSOE y Unidas Podemos están ultimando un mecanismo para concretar la propuesta trasladada este lunes por la vicepresidenta Yolanda Díaz: bonificar al 50% a todos los usuarios del transporte público que estén en posesión de algún tipo de abono, una medida que el Ejecutivo destaca que no solo beneficiará a las familias más vulnerables sino que tiene un impacto en la clase media en general, al tratarse estos usuarios en su mayoría de estudiantes y trabajadores.
Impuesto a las energéticas
Sánchez anuncia una nueva rebaja fiscal contra la inflación y bajará el IVA de la luz al 5%
También trabaja el Ejecutivo en los detalles de la subida de impuestos a las grandes compañías energéticas. Desde la vicepresidencia segunda se reclama que sea una medida de aplicación inminente y que suponga un incremento de diez puntos en el impuesto de sociedades a las grandes empresas eléctricas y petroleras. En la parte socialista del Ejecutivo, sin embargo, la postura es ir más a medio plazo. En este caso se trataría de un aumento de los impuestos a las grandes compañías energéticas, pero no se aplicaría hasta el 1 de enero de 2023.
Argumentan desde el equipo económico de Moncloa y desde el Ministerio de Hacienda que se trata de “pulir técnicamente” la medida y calcular bien sus consecuencias antes de la entrada en vigor para que realmente sea efectiva, ya que en el Gobierno dan por descontado que las empresas la recurrirán en los tribunales e incluso harán todo lo que legalmente esté en su mano para que no tenga impacto real en su cuenta de beneficios.
Por el momento, las negociaciones siguen en el seno del Ejecutivo de coalición a contrarreloj y también los trabajos a nivel técnico entre ministerios para pulir un decreto de medidas anticrisis que se trabajará hasta el último minuto, por lo que ninguna de las partes que están participando en las negociaciones descarta que aún puedan producirse novedades. El Consejo de Ministros extraordinario que lo sacará adelante se celebrará este próximo sábado.
El Gobierno sabe que gran parte de las posibilidades de revertir la tendencia política que le atenaza ante el ascenso de la derecha tiene mucho que ver con la capacidad de capear el temporal económico surgido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Lo anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace un par de semanas fue que el día 1 de julio iban a ser prorrogadas la totalidad de medidas puestas en marcha hace tres meses en el plan anticrisis y que, además, iban a serlo justo en los mismos términos en los que entraron en vigor. Pero el batacazo electoral de Andalucía y la hipótesis de que el malestar generado entre la ciudadanía por el alza de los precios esté suponiendo incluso un trasvase de voto progresista a las siglas del PP parecen haber espoleado al Ejecutivo.