Los Gobiernos central y autonómicos decidieron indultar a las macrorresidencias, de forma que en España seguirán abiertos todos los centros con más de 120 plazas que ya están operativos o se encuentran en construcción. Pero, ¿a quién beneficia esta decisión? La respuesta es muy clara: en primer lugar a los grandes grupos multinacionales que dominan el sector, después a la propia Administración pública y por último a entidades de la Iglesia católica.
Como desveló ayer infoLibre en la primera entrega de esta serie sobre las macrorresidencias, a finales de 2020 estaban funcionando en España 856 centros con más de 120 plazas. En el primer borrador sobre el nuevo modelo residencial presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, sí se ponía fin a los centros de grandes dimensiones, que debían remodelarse en un plazo máximo de cinco años para no superar el tope de plazas fijado. Pero en el acuerdo finalmente aprobado en junio en el Consejo Territorial, se indultó a todos los centros operativos o en construcción, que podrán seguir funcionando con independencia del número de plazas que tengan. Solo tendrán que atenerse al límite de 120 plazas aquellos que obtengan la licencia de obra tras la entrada en vigor del acuerdo.
Si a esas 856 residencias se le suman las que han sido abiertas en 2021 y en lo que va de año, además de las que están en construcción, el resultado es que en España funcionarán más de un millar de centros con más de 120 plazas.
Las grandes multinacionales
A finales de 2020, había en España 5.178 residencias operativas, según los datos facilitados por los 16 Gobiernos autonómicos y las tres diputaciones forales vascas competentes en la materia. Es un sector donde conviven desde multinacionales en manos de fondos de inversión a pequeños negocios familiares. Desde centros gigantes a otros con menos de 50 plazas, tamaño con el que contaban 2.370 residencias, lo que equivale al 45,7% del total.
Como es lógico, los intereses de los gestores son muy diferentes, aunque las voces patronales que más se escuchan son las que representan a las grandes empresas. Y para estas tener muchas camas es fundamental, puesto que los beneficios crecen de forma muy significativa según se va incrementando su número. Y a la inversa, claro, cada plaza menos se traduce en menor facturación y beneficios.
En España se pueden identificar ocho gigantes del sector privado empresarial: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. A finales de 2020, esas ocho compañías explotaban en conjunto 485 centros y 64.060 camas. Sus principales dueños son fondos de inversión y multimillonarios franceses y españoles.
Pues bien, esos ocho gigantes gestionaban en aquel momento 274 macrorresidencias, lo que supone un tercio de todas las existentes en España.
DomusVi es el grupo hegemónico en España y el único que tiene centros en todas las comunidades autónomas. Está en manos de fondos ingleses y franceses, con una compleja estructura societaria que pasa por varios países y termina en Jersey. De las 139 residencias que gestionaba a finales de 2020, 84 tenían más de 120 plazas (el 60,4% del total).
Visto desde otra perspectiva, una de cada diez macrorresidencias de España está gestionada por DomusVi. No hay ninguna otra entidad pública o privada, o Administración, que tenga un número tan alto de centros de grandes dimensiones. Por tanto, se puede concluir que la principal beneficiada por el indulto a las macrorresidencias acordado en el Consejo Territorial –integrado por el Gobierno central y los autonómicos– es la multinacional DomusVi.
Otros cuatro gigantes empresariales explotaban una treintena de macrorresidencias cada uno. Se trata de Orpea (36 centros), Ballesol (32), Sanitas (32) y Amavir (31). Por su parte, Vitalia Home tenía 29 y Colisée contaba con 21. El grupo que disponía de menos era Clece, propiedad del empresario Florentino Pérez, situación que se debe esencialmente a que dicha compañía explota muchos centros propiedad de ayuntamientos, que suelen ser instalaciones más pequeñas.
La Administración pública
Tras los grandes grupos multinacionales, la segunda gran beneficiada por la amnistía a las macrorresidencias son las diferentes Administraciones públicas, dueñas en total de 172 residencias con más de 120 plazas, lo que equivale al 20% de las existentes en España.
Hay que destacar que una cosa es que la Administración sea titular del centro y otra que lo gestione. De hecho, en 59 casos se trata de centros privatizados, mientras que los 113 restantes cuentan con gestión pública.
De esas 59 macrorresidencias privatizadas, 22 estaban en manos de alguno de los gigantes empresariales. En concreto, DomusVi tenía trece, Clece explotaba cuatro, Amavir contaba con tres y Vitalia Home disponía de dos.
Si nos fijamos en el tipo de Administración titular del macrocentro, 140 eran propiedad de las comunidades autónomas, las diputaciones forales vascas o los cabildos insulares. En 16 casos pertenecían a ayuntamientos o entidades municipales, en 15 a diputaciones provinciales y en uno al Estado (una residencia en Melilla).
Por comunidades autónomas, Madrid es la que tiene más macrorresidencias de titularidad pública, con un total de 32. A continuación se sitúan Castilla y León (19), Andalucía (16), País Vasco (16), Castilla-La Mancha (15) y Galicia (14).
La Iglesia
La tercera gran beneficiada por el indulto gubernamental es la Iglesia católica. Hay que tener en cuenta que, si la Iglesia funcionase como un solo grupo, sería el principal en España con diferencia. Pero lo cierto es que despliega su actividad a través de múltiples entidades, desde órdenes religiosas hasta fundaciones, Cáritas o incluso los propios obispados. En conjunto, en torno a un 11% del total de camas en residencias están en manos de organizaciones de la Iglesia.
La principal entidad en cuanto a número de centros es la congregación de monjas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con 114 repartidos por España. Si no diferenciamos entre sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro, las Hermanitas serían el segundo grupo de España por número de residencias y de camas, sólo por detrás de DomusVi.
Pues bien, también en cuanto a número de macrorresidencias ocupan esa segunda posición. En concreto, 53 de sus centros cuentan con más de 120 camas.
La Fundación San Rosendo controla cinco macrorresidencias, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl gestiona cuatro y Cáritas se encarga de tres. A ellas hay que sumar otras cuantas decenas de centros en manos de fundaciones o asociaciones individuales. Por ejemplo, la residencia más grande de España es el Hogar Santa Rita, situada en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz. Dispone de 710 plazas autorizadas y está gestionada por una fundación católica.
Otro de los grandes operadores del sector es Mensajeros de la Paz, entidad controlada por el padre Ángel, que explota diez macrorresidencias en España.
infoLibre publicará mañana la tercera y última entrega de esta serie sobre las macrorresidencias, que se centrará en analizar en qué medida influyó el tamaño de los centros en el impacto que tuvo la pandemia en las residencias.
Los Gobiernos central y autonómicos decidieron indultar a las macrorresidencias, de forma que en España seguirán abiertos todos los centros con más de 120 plazas que ya están operativos o se encuentran en construcción. Pero, ¿a quién beneficia esta decisión? La respuesta es muy clara: en primer lugar a los grandes grupos multinacionales que dominan el sector, después a la propia Administración pública y por último a entidades de la Iglesia católica.