La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al próximo Gobierno que revoque totalmente la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y que modifique de la Ley de Costas que el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional, de modo que parte de su contenido queda anulado.
La ONG ha celebrado que la sentencia "tumbe la desprotección" del litoral y evite que las salinas y los pocos lugares sin urbanizar del Mediterráneo, como la isla de Formentera, acaben privatizados. "Greenpeace celebra la noticia" de que el Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE. A su juicio, la ley actual es "una sentencia de muerte para valiosos ecosistemas y paisajes costeros y reclama al próximo Gobierno su revocación total.
Para el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, este es "un día para celebrar que el rodillo demoledor del Partido Popular sobre el medio ambiente en esta legislatura ha sufrido un fuerte varapalo". Rodríguez destaca que la sentencia se refiere "expresamente" a la desproporcionada medida de dibujar un nuevo deslinde para la isla de Formentera. De este modo, el fallo señala que la ley "sacrifica así arbitrariamente los valores vinculados al artículo 45 de la Constitución, toda vez que el principio de protección y mejora del medio ambiente adecuado al que sirve el dominio público del litoral pierde todo su vigor en aquellas zonas excluidas por la exclusiva voluntad del legislador".
El 70% de los dos primeros kilómetros de la costa española es urbano
Rodríguez subraya que esta consideración del tribunal refuerza la denuncia de Greenpeace de que la arbitrariedad de la nueva Ley de Costas que respondía a intereses a la carta. De hecho, pa organización denunció que, entre otros, el grupo acuícola del exministro del PP Abel Matutes, era propietario de 25 salinas que serían favorecidas por la privatización que proporcionaba la nueva ley. El TC considera que la desprotección de estos ecosistemas únicos, excluyendo porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta "constitucionalmente inadmisible".
Asimismo, la responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha dicho a Europa Press que en todo caso, el Tribunal no resuelve respecto a la extensión de concesiones de ocupación del dominio público hasta los 75 años, para evitar, por ejemplo, casos como el de la papelera ENCE.
"El doble rasero que apunta el Constitucional debería ser suficiente motivo para iniciar un proceso real de defensa del litoral con una nueva Ley de Costas que proteja más y mejor el medio ambiente", ha concluido Marcos, que recuerda que la nueva ley favorecía la privatización y la especulación sobre terrenos naturales y públicos.
La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al próximo Gobierno que revoque totalmente la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y que modifique de la Ley de Costas que el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional, de modo que parte de su contenido queda anulado.